Izquierda Unida Colmenarejo

RESOLUCIÓN EN APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA Y CONTRA LOS RECORTES SOCIALES.

Comisión Ejecutiva de IU-CM

Los trabajadores y trabajadoras, pensionistas y jóvenes estamos sufriendo las consecuencias del continuo chantaje al que nos somete la banca y el bipartidismo: recortar derechos sociales para controlar el déficit, contentar a los mercados y así evitar el “rescate” de la economía española.

Sobre este falso argumento se pretende justificar una política sistemática de recortes del gasto social, que tiene en la reducción del gasto educativo su primera manifestación. Recortes en educación pública que se iniciaron con la disminución del 8% del gasto educativo en los pasados PGE y la reducción de la oferta pública de empleo en el sector a un 10% impuesto por el Gobierno del PSOE el año pasado.

En la Comunidad de Madrid, la educación pública va a sufrir este curso el tercer presupuesto negativo de su historia. En la anterior legislatura la inversión en la educación pública en Madrid descendió en 42%, mientras que los recursos públicos dirigidos a la educación privada aumentaron el 11%. Datos que muestran una política deliberada de agresión a la educación pública por parte del Gobierno regional.

Recortes educativos que llegan a su máxima expresión con el inicio del presente curso escolar. El pasado 4 de julio de 2011, la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid dicto una circular a los Institutos públicos de ESO, Bachillerato, Formación profesional y otros, que contemplaba un fuerte recorte de la plantilla, que se calcula en un 15%, 3.000 profesores en total, al que se suma la reducción de plantilla ya efectuada el curso anterior cuando alcanzó a otros 2.000 docentes. Recortes, sin embargo, del que escapan la educación concertada y privada.

El motivo que se esgrime para justificar los recortes es la necesidad de ahorro por la crisis. Los recortes planteados para este curso alcanzan, según datos de la Consejería, los 80 millones de euros, mientras los privilegios fiscales a quienes estudian en centros privados cuestan 90 millones de euros. Cifras que muestran como los recortes en la Educación pública NO suponen ningún ahorro.

Recortes de plantilla que supondrán un aumento de la ratio de estudiantes por profesor, la supresión de las tutorías, la eliminación de ciclos formativos, la reducción de la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje, el recorte en medios materiales, y en definitiva, el empeoramiento de la calidad de nuestra educación. Recortes que afectan a un servicio público fundamental para la igualdad social y que presenta el mayor nivel de retorno de la inversión realizada, características que permiten afirmar que financiar la educación pública no supone un gasto sino una inversión de futuro.

Por todo ello, la Comisión Ejecutiva Regional de IU-CM manifiesta su rechazo a los recortes en la Educación pública llevados a cabo por el Gobierno regional y declara :

Primero. Apoyo a todas las movilizaciones convocadas por los trabajadores de la educación pública y la comunidad educativa. En especial declaramos nuestro apoyo activo a las movilizaciones convocadas para los días 14, 20, 21 y la marcha estatal por la educación pública del 22 de este mes en Madrid, al igual que a todas las que se puedan plantear en próximos días.

Segundo. Exigir la retirada de las instrucciones dictadas por parte de la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid y los recortes de plantillas planteados.

Tercero. IU-CM impulsará una campaña de apoyo a la educación pública regional y la convocatoria de un encuentro de nuestra organización con toda la comunidad educativa, con el objetivo de apoyar e impulsar movilizaciones de largo alcance y sustentada en el tiempo, hasta lograr la retirada de las medidas planteadas por la Consejería de educación.

Una medida de esta relevancia se pretende adoptar con premeditación y alevosía. En apenas unas horas se pretende realizar una reforma de la Constitución. La primera en nuestra historia democrática (tan sólo se reformó para incluir el derecho al voto pasivo de las personas de la UE residentes en España). Lo que no se ha hecho en 33 años se pretende hacer en menos de 30 días.

Y todo ello sin permitir que la sociedad española se pronuncie. Una muestra más de la apuesta por la participación y la democracia tanto del PSOE y del PP. Pactan en los despachos hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

Es una medida que afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las Comunidades Autónomas.

Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea.

Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Se pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española.

Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

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Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica

Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. No pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.

Y en economías como la española, que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo (necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado) no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.

Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios públicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.

¿Cómo se puede pagar el déficit?

Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo).

Por lo tanto, lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. La paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.

En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.

Lo que no contemplan estos economistas es la posibilidad de intervenir también por el lado de los ingresos, es decir, afrontando reformas en las políticas fiscales para exigir más sacrificios a las rentas altas y grandes fortunas.

Las políticas de austeridad no funcionan

El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.

La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).

Se necesita más gasto público y debe ser más eficiente

Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva).

Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos.

Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les dé a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.

Lo que se requiere es que el Estado empuje la economía a través del gasto público. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas.

Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.

{{IU pedirá la comparecencia del Consejero de Sanidad para que dé cuentas sobre el modelo de gestión de los siete hospitales de gestión mixta público-privada}}

Rubén Bejarano, portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, ha exigido al Gobierno de Esperanza Aguirre que “modifique su modelo de gestión de la Sanidad Pública, que deje de conceder a empresas constructoras la gestión de centros sanitarios y que de una vez, ese dinero público que conceden a otras entidades, lo inviertan en garantizar la calidad de la sanidad pública que reclaman los ciudadanos”.

Para Bejarano, “es insostenible este modelo privatizador de la Sanidad que está imponiendo el Partido Popular en nuestra Comunidad. No se puede sustituir el modelo universal, público y gratuito, por un modelo mixto público-privado en la gestión de la Sanidad”. “Al calor de la grave crisis económica que estamos padeciendo, pretenden convertir el derecho a la salud de todos en el negocio de unos pocos, convirtiendo a la Sanidad con resultados de calidad peores y su gestión más cara para todos los ciudadanos y ciudadanas”.

“La calidad de los centros sanitarios no puede depender de las empresas constructoras, que entenderán mucho de edificación, pero nos tememos que poco de prestar un servicio público tan importante. La Sanidad no puede estar al servicio del Mercado que sólo busca beneficios en sus balances de cuentas”.

Por ello, el diputado de IU ha reclamado que “paren de decirnos que si se privatizan servicios públicos es más barato para los ciudadanos. No es cierto. Al contrario, todos pagamos más por estos contratos a las concesionarias, que si fueran de gestionados públicamente”.

Además, ha denunciado que “desde que se construyeron los nuevos hospitales, es difícil de controlar a sus empresas concesionarias, ya que están entidades pueden negarse a comparecer y en consecuencia, centenares de millones, en derivaciones de recursos públicos, quedan fuera del control parlamentario”.

“Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la deuda sanitaria madrileña sigue siendo desconocida para el Parlamento Autonómico. Por ello, pediremos la comparecencia del Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, para que nos detalle el modelo de gestión de los siete hospitales públicos de gestión mixta público-privada son Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Sureste (Arganda) y Tajo (Aranjuez)”, ha concluido.

{{Cayo Lara exige que la reforma constitucional «para cambiar de raíz el modelo ecónomico con la complicidad de la derecha» se vote en referéndum}}

El coordinador federal de IU afirma que esta reforma radical “atenta contra la soberanía nacional” y demuestra “la definitiva unión de valores y objetivos de PSOE y PP para aceptar la imposición de intereses extraños a nuestro país y renunciar a una salida social de la crisis, ya sea la actual o cualquier otra futura”.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, rechaza “con rotundidad” la propuesta de reforma de la Constitución para fijar un techo del gasto público realizada hoy por José Luis Rodríguez Zapatero ante el Pleno del Congreso y que ha sido aceptada de inmediato por el líder de la derecha, Mariano Rajoy.  “Reformar la Constitución para establecer un techo de déficit implica cambiar de raíz el actual modelo económico sólo para favorecer aún más los intereses del capital financiero. Este cambio supone la definitiva unión de valores y objetivos de PSOE y PP para aceptar la imposición de intereses extraños a nuestro país y renunciar a una salida social de la crisis, ya sea la actual o cualquier otra futura”, asegura.

Lara exige que la puesta en marcha o no de esta trascendental reforma de la Carta Magna “sea sometida a referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan sobre ella directamente con su voto”.

El máximo responsable de IU conmina al presidente del Gobierno a que “aclare si ha recibido también una emplazamiento reservado y firme de la Comisión Europea o de alguna de las potencias de la UE exigiéndole la aplicación inmediata de esta medida”.

“Rodríguez Zapatero –valora el coordinador federal de IU-, no está en condiciones ni legitimado en este tiempo de descuento que él mismo y Pérez Rubalcaba han decidido que le queda como presidente para hipotecar aún más al país frente a los grandes intereses económicos y los especuladores. Aunque sólo sea por respeto a los ciudadanos debería dejar el teatro y las cortinas de humo, y dar explicaciones por su sometimiento a medidas que no ofrecen ninguna salida a la crisis y sí al capital financiero nacional y extranjero”.

Tras el control del déficit, la experiencia demuestra que la receta para el futuro, la vaya a aplicar el PP o el PSOE, se basa en el recorte y el deterioro de los servicios sociales, la liquidación de lo público y el ataque a las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos y el conjunto de trabajadores”, añade Lara.

El coordinador federal de IU apostilla que “resulta casi obsceno ver cómo apenas minutos después de que Rodríguez Zapatero hiciera pública su propuesta, desde la derecha se jaleó que él asumiera esta decisión prácticamente como epitafio político y cómo José Bono salió de inmediato a confirmar que aún queda tiempo antes del 20-N para reformar la Constitución siempre que sea para esto”.

A su juicio, “mientras llevamos décadas de alianza de hierro entre PSOE y PP para negarse a cambiar la Constitución, en especial para facilitar la reforma de la Ley Electoral y hacerla más justa y proporcional, es patético ver cómo los socialistas y la derecha aúnan fuerzas de inmediato si se trata de defender los intereses de quienes realmente sustentan el poder económico”.

Cayo Lara detalla con claridad que “el déficit siempre ha sido y debe ser un instrumento de política económica. No hay ninguna experiencia que demuestre que en una situación de estancamiento de la economía y fuerte paro la estabilidad financiera sea la única solución. Por el contrario, el uso razonable del déficit permite estimular la economía y crear empleo, objetivo prioritario para España. Nuestro problema no es el incremento del gasto, sino la falta de recaudación, como consecuencia de una fiscalidad injusta y de la amplitud de la economía sumergida y el fraude fiscal. No tenemos una deuda pública elevada, sino una grave deuda externa privada”.