Una medida de esta relevancia se pretende adoptar con premeditación y alevosía. En apenas unas horas se pretende realizar una reforma de la Constitución. La primera en nuestra historia democrática (tan sólo se reformó para incluir el derecho al voto pasivo de las personas de la UE residentes en España). Lo que no se ha hecho en 33 años se pretende hacer en menos de 30 días.
Y todo ello sin permitir que la sociedad española se pronuncie. Una muestra más de la apuesta por la participación y la democracia tanto del PSOE y del PP. Pactan en los despachos hipotecar el futuro de las próximas generaciones.
Es una medida que afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las Comunidades Autónomas.
Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea.
Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Se pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española.
Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
