Izquierda Unida Colmenarejo

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso ha asegurado que su formación “defenderá con uñas y dientes” la celebración de un referéndum sobre la reforma de la Constitución para introducir un techo de gasto, después de advertir que no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo del planteamiento que están haciendo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, dado el acuerdo explícito entre la derecha y los socialistas para abordar este asunto.
Llamazares, en una rueda de prensa en Oviedo acompañado por el diputado autonómico Aurelio Martín, tildó de “fraudulenta y sumarísima” la tramitación parlamentaria que se va a llevar a cabo y anunció que IU presentará recursos ante la Mesa de la Cámara e intentará lograr los apoyos necesarios para hacerlo también ante el Tribunal Constitucional al considerar que el trámite de lectura única no se corresponde con una reforma que supone “cargarse el Estado de bienestar y que profundizará en la crisis económica”.

Opinó que la consolidación del déficit cero en la Constitución supondrá consolidar políticas de ajustes y recorte de derechos sociales ante cualquier crisis. “Es un ‘golpe de mercado’ contra la autonomía de la política y contra el Estado de bienestar europeo”, explicó, al tiempo que recordó que una modificación constitucional de este calado sólo se ha llevado a cabo en Alemania y que esta cuestión fue la que hizo fracasar en su día la aprobación de la Constitución Europea.

Gaspar Llamazares adelantó que IU promoverá la “movilización ciudadana”, ya que “es impresdincible en esta cuestión”. También buscará la “movilización de los diputados”, principalmente de los del Grupo Socialista, a los que apeló a su “voto individualizado y en conciencia” para que cada uno “se retrate” al margen de la disciplina de voto que marque su partido. Sólo así se podrá frenar “el nuevo ‘golpe de los mercados’ aceptado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el PSOE y el PP”.

Mostró su convencimiento de que si todos los diputados votasen en conciencia, la reforma constitucional no se llevaría a cabo.

El parlamentario estatal de Izquierda Unida considera que la mejor forma de expresión de los ciudadanos es que los partidos incorporen la propuesta de la reforma constitucional en su campaña electoral y “que los ciudadanos decidan libremente en un referéndum”.

Llamazares se dirigió al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien trasladó que la manera de llevar a cabo esta reforma “no es negociable” para IU y aclaró que esta formación política no permitirá que se “disuelva la responsabilidad” de lo que está ocurriendo.

Llamazares también pidió al Gobierno que dé a conocer ya la “carta bomba” que el Banco Central Europeo (BCE) envió al presidente del Gobierno y “que es donde se le imponen algunas medidas, lo que debe ser conocido por los ciudadanos”.

En su opinión, Rodríguez Zapatero se ha convertido en el “alumno más aventajado de las políticas neoliberales en Europa” y ha sucumbido a las presiones del BCE y del eje franco-alemán.

{{Gaspar Llamazares valora que el pacto entre el PSOE y el PP pretende poner la Constitución «al servicio de los mercados»
}}
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha valorado en Oviedo el acuerdo alcanzado entre el PSOE y la derecha esta misma madrugada para reformar la Constitución e incluir límites al gasto público en detrimento de las políticas sociales, y que socialistas y populares se han apresurado a registrar en el Congreso en la mañana de hoy viernes. Para el dirigente de IU, “PP y PSOE han decidido sustituir lo que hasta ahora era una Constitución social por otra conservadora, que viene impuesta por los mercados internacionales y las instituciones financieras que no responden a las necesidades de los ciudadanos”.

En un contacto con los periodistas en la capital asturiana, Llamazares indicó que el pacto al que han llegado Rajoy y Rodríguez Zapatero -con la aceptación del candidato Pérez Rubalcaba, a pesar de que no le han dejado participar en la ‘cocina’ de su redacción- se ha hecho “con nocturnidad y de manera sumarísima, al margen de la ciudadanía, del Parlamento y de las autonomías, todo ello para ponerse rápido al servicio de los mercados”.

Aseguró que los ciudadanos “han quedado marginados y sin poder participar” en este acuerdo y ha advertido de que “se corre el peligro” de que pase igual con el Parlamento, donde no habrá oportunidad de que haya una verdadero debate sobre una reforma de la Constitución hasta ahora vetada.

Sobre este punto indicó que esta “mala reforma constitucional” supone también un “profundo menosprecio y desconfianza” por parte de quienes la han promovido hacia el “resto  de los políticos, de los parlamentos y de las comunidades autónomas, al haberse sustituido la democracia por la plutocracia, es decir, por el poder de la economía”.

Avisó de que para el futuro, en la práctica, “con esta nueva Constitución si hay una crisis económica la prioridad serán las cuentas públicas y el ajuste, y no el empleo ni la política social. Irán antes los mercados que la ciudadanía”.

Aunque el pacto entre el PSOE y la derecha aboga por evitar las cifras concretas en la redacción del nuevo artículo 135 de la Constitución, Llamazares opinó que “la cuestión no estaba en las cifras, sino en priorizar el ajuste a través de la Constitución frente a las políticas sociales”. Recordó que han sido las “duras críticas en el propio seno del PSOE las que han diluido la primera intención de cuantificar un límite del déficit”.

Gaspar Llamazares incidió con vehemencia en que IU realizará “todas las acciones necesarias” para tratar de frenar esta reforma, al tiempo que buscará que sean los ciudadanos los que decidan sobre ella a través de un referéndum. Reiteró que ya ha enviado cartas a todos los miembros del Congreso para que apoyen la convocatoria de esta consulta, para la que se precisaría, al menos, el voto de 35 parlamentarios, el 10 por ciento de la Cámara.
“Promoveremos que 35 diputados dignos rechacen la imposición de los mercados, independientemente de su adscripción política, y remitan esta reforma a quien tiene capacidad para decidir, que es la ciudadanía española”, subrayó.Recordó que Izquierda Unida presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley registrado conjuntamente por PSOE y PP “por razones de forma y fondo”, al tiempo que recurrirá a la Mesa de la Cámara por la fórmula rápida de ‘lectura única’ utilizada y tratará de lograr los apoyos necesarios para lograr también el amparo del Tribunal Constitucional.

El recorrido acordado partirá y terminará en la Plaza de Tirso de Molina, tras pasar por las calles Doctor Cortezo, Plaza de Jacinto Benavente, Carretas, Puerta del Sol, Alcalá, Sevilla, Canalejas y Calle de la Cruz.

Manifiesto:

A pocos meses de las visitas a Santiago y Barcelona, el Sr. Ratzinger -Benedicto XVI para los católicos-, porfiando en su idea de “reconquistar” un país que ve alejarse de sus propuestas morales y religiosas, vuelve ahora a Madrid.

Desde el punto de vista del laicismo y de la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores. Es evidente que, a pesar de la ambigüedad calculada de la convocatoria, la “Jornada mundial de la juventud” del próximo mes de agosto en Madrid pretende congregar a miles de jóvenes católicos en torno a las enseñanzas del papa. Un acto que, cualquiera que sea su dimensión, no deja de tener carácter privado, como privadas son las creencias y sus manifestaciones.

Lo que sí es contrario a un Estado democrático que se declara aconfesional es mezclar los asuntos del estado y asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas convicciones religiosas.

Por eso, resulta escandaloso que el Gobierno contribuya con 25 millones de euros -es decir, con dinero de los impuestos de todos- a la visita del papa y a la celebración de un acto confesional, a la vez que concede exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones. A ello hay que añadir otros muchos más que están dispuestos a aportar tanto Gobierno central como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sufragando otros gastos con la cesión gratuita de numerosos servicios públicos (personal funcionario, visados, transportes, fuerzas de seguridad, utilización de espacios públicos como polideportivos, colegios e institutos, etc.).

Esa desviación de recursos públicos para fines privados tiene especial gravedad en un momento en que tanta generosidad para con la jerarquía católica (que ya recibe por distintas vías en torno a los 10.000 millones de euros anuales) entra en contradicción con las duras restricciones en el gasto público y prestaciones sociales que todos estamos sufriendo bajo pretexto de la crisis económica. Del mismo modo, es inaceptable que en ese acontecimiento de carácter privado se impliquen y participen autoridades y cargos oficiales, que estarían en su derecho de hacerlo a título personal, pero nunca en representación de las funciones públicas que desempeñan en nombre del conjunto de los ciudadanos.

En este caso no vale el subterfugio de que son gastos y honores debidos a un jefe de Estado. El papa Benedicto XVI no viene en representación de los escasos habitantes del Vaticano que, por otra parte, nada tiene que ver ni por su origen ni por su configuración con un verdadero Estado democrático y de derecho. Si viene a reunirse con sus adeptos en función del liderazgo espiritual que ellos en exclusiva le reconocen, en modo alguno procede el trato oficial y de privilegio dispensado por las Administraciones Públicas. Un trato que, evidentemente, no conceden a convocatorias promovidas por ciudadanos de otras creencias o convicciones ideológicas.

Tampoco se le permitiría a ningún jefe de Estado la injerencia, incesantemente repetida por el Papa y la jerarquía católica, en asuntos políticos internos como son las propias leyes que un país se da de forma democrática (educación pública, laica, derecho a la propia sexualidad y control de la reproducción, modelos de matrimonio y familia, derecho a una muerte digna, etc.). Pues no se limitan a dar consejos morales a sus fieles, cosa legítima, sino que pretenden convertir sus particulares visiones de la moral y de la sociedad en normas obligatorias para todos.

Por eso, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional.

Llamamos a todos los ciudadanos que, con independencia de sus convicciones personales, reivindican un marco de convivencia en igualdad de derechos, a organizar actos en defensa de la democracia y laicidad del Estado y dirigirse a las distintas Administraciones Públicas para exigirles que obren en consecuencia y dejen de otorgar privilegios propios de épocas pasadas y herencias antidemocráticas.

*NO A LA VISITA DEL PAPA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS.
*SEPARACIÓN DEL PODER CIVIL Y DEL RELIGIOSO.
*DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, FRENTE A LA INJERENCIA CONFESIONAL.

El día 18 de agosto de 2011 tiene prevista su llegada a Madrid el Papa Benedicto XVI, para asistir a una denominada “Jornada Mundial de la Juventud” (católica). Para dicha visita se han movilizado ocho Ministerios, el Estado central ha presupuestado: 25 millones de euros; empresas privadas han anunciado donaciones por valor de varias decenas de millones de euros, con las consiguientes desgravaciones fiscales, al ser el evento declarado como acontecimiento de excepcional interés y las instituciones de Madrid: gobierno regional y el Ayuntamiento, tienen previsto gastarse varias decenas de millones en alojamientos, seguridad, sanidad, publicidad, actividades lúdicas, limpieza, sonido y diversa parafernalia. Hay cálculos que sitúan el gasto final en cerca de los 100 (cien) millones de euros y una parte importante saldrá de las arcas públicas, entre gastos directos y exenciones fiscales.

IU-LV en Colmenarejo manifiesta su desacuerdo con que sea recibido con honores de Estado y con los protocolos de un mandatario internacional, ya que viene, exclusivamente, en misión pastoral) y con el gasto de dinero público para actividades que no sean las que genera cualquier movilización ciudadana: seguridad y limpieza.

Por otra parte el Ayuntamiento de Colmenarejo ha utilizado las Fiestas Patronales para la difusión comercial de esta visita al permitir la venta de merchandising en un acto público municipal celebrado en un recinto municipal cerrado y que presuntamente tiene previsto ceder recintos municipales, educativos y/o deportivos, que mantienen todos los vecinos de Colmenarejo con sus impuestos para el uso de los asistentes a esa celebración religiosa.

En esta época de crisis, no parece razonable hacer estos alardes de gasto que son innecesarios y solo conciernen a una parte de la ciudadanía.

Por estas razones iu-lv en Colmenarejo recomieda a las instituciones territoriales de Madrid que no deriven, ni detraiga dinero público para el evento Jornada Mundial de la Juventud (católica), ni para la visita de Benedicto VI a Madrid.

Solicitamos al ayuntamiento que exija al Gobierno y a las máximas instituciones de España que el Papa no sea recibido con protocolos institucionales de Estado, ya que viene, exclusivamente, en misión pastoral privada.

Lamentamos que se hayan mezclado durante las fiestas patronales de Colmenarejo actos institucionales de carácter municipal con la venta de artículos promocionando la visita de Benedicto XVI con motivo de la mencionada Jornada Mundial de la Juventud (católica) en las propias instalaciones municipales del Ayuntamiento de Colmenarejo ya que ello vulnera los valores recogidos en la Constitución española sobre la laicidad y la aconfesionalidad de las instituciones públicas. (Artículos 9.1 / 9.2 / 10.1 / 14 / 16.1 / 16.2 / 16.3 y 27.)

Asimismo, instamos al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo a no utilizar fondos públicos procedentes de los impuestos de los vecinos y vecinas de Colmenarejo en la promoción, organización y difusión del mencionado .

IU Colmenarejo propone al pleno del ayuntamiento instar al gobierno de la nación a modificar la ley hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.

“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”

Artículo 47 de la Constitución Española

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, mas los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

En base a la propuesta de IU Colmenarejo el pleno del Ayuntamiento ha adoptado los siguientes acuerdos:

Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago.

Instar al Gobierno central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

Estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática.

{{Presentación de la Convocatoria Social}}

{{Sábado 23 de julio, 11:30 horas

Ateneo de Madrid (calle del Prado, 21)
}}

5 millones de parados y paradas, miles de desahucios, recortes
sociales y laborales demuestran que la crisis generada por un sistema
económico injusto la estamos pagando la mayoría social trabajadora de
este país; un país en el que las salidas propuestas desde los grupos
económicos dominantes, el BCE y el FMI y defendidas por el Gobierno y
el PP, nos puede llevar a una situación de pérdida de poder económico
y democrático de la mayoría de la población.

Esta situación tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente. Por
ello, la Convocatoria Social propone unir esfuerzos entorno a 6
revoluciones que signifiquen cambios cualitativos y rápidos, para que
la soberanía popular se ejerza desde el pueblo y no desde quien
pretende empobrecer a millones para salvar a unos pocos.

Proponemos debatir entorno a una revolución económica, una revolución
democrática, una revolución ambiental, una revolución por la igualdad,
una revolución por los servicios públicos y una revolución por la
cultura.

Queremos hacer un encuentro para debatir y proponer entorno a estas
revoluciones, porque tenemos ideas y tenemos las manos para llevarlas
a cabo. Pero tenemos que hacerlo juntas, entorno a dos preguntas
clave: ¿qué cambios son los más necesarios hoy? y ¿cómo vamos a
implementar esos cambios?

Para oír a muchos y muchas sobre estos temas os invitamos a venir a
este acto-presentación en el que contaremos con voces del mundo
sindical, juvenil, mujeres, defensores de los servicios públicos y de
otra cultura.