¿Es excesivo el Gasto social en España?
En España se gasta mucho menos en su sector público de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico.
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El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15
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El gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.
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El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del Bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.
¿Por qué no se reparten los sacrificios frente a la crisis?
La crisis tuvo como catalizador la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria como resultado de una economía de casino basada en el fraude y estafa masivos. El colapso del sistema financiero se evitó gracias al rescate de bancos impulsado (y financiado) por los Estados. Han pasado ya varios años y los responsables de esta crisis siguen gozando de una inmunidad que resulta grosera para millones de trabajadores, pensionistas y jóvenes que han comprobado cómo la crisis se traducía en más desempleo, menos salarios, recorte de derechos sociales y laborales, privatizaciones, etc.
Afortunadamente hay excepciones, como Islandia.
El discurso del PSOE y del PP es que hay que hacer reformas y sacrificios para afrontar la crisis.
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Aprobaron la reforma laboral (más temporalidad y más precariedad) porque el problema del desempleo era el “rígido” mercado laboral español. Sin embargo, con la reforma vigente desde hace meses, el paro sigue creciendo.
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PSOE y PP impulsaron la reforma del sistema de pensiones para retrasar la edad de la jubilación para garantizar el futuro de las pensiones públicas. Olvidaron que el problema de nuestro sistema de pensiones no es el número de pensionistas sino el número de cotizantes. En un país con 5 millones de personas sin empleo y con un mercado laboral dominado (en el mejor de los casos) por mileuristas, los ingresos al sistema de pensiones son bajos. Tampoco adoptaron ninguna medida para garantizar mayores ingresos vía impuestos para consolidar un sistema que goza de superávit.
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El Gobierno del PSOE con el apoyo del PP impulsó nuevas privatizaciones, en este caso de los aeropuertos y Loterías. El Estado sigue vendiendo las joyas de la corona para reforzar su liquidez. ¿Qué venderemos cuando ya no tengamos nada? ¿Cómo conseguiremos liquidez si hemos vaciado la despensa del Estado?
Sin embargo, no se adoptó ni una sola medida que supusiera un mayor sacrificio o esfuerzo para las rentas de capital o las grandes fortunas de este país. El Gobierno es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El peso de la crisis sólo se carga a las espaldas de los trabajadores, pensionistas o jóvenes. Los únicos impuestos que suben son los que pagamos todos, al margen de nuestros ingresos (los indirectos).
No se adoptó ni una sola medida para impulsar un impuesto específico a los bancos y las grandes empresas, se mantiene un paraíso fiscal “made in Spain” a través de las SICAV en las que las grandes fortunas pagan menos impuestos, y un largo etcétera.
Los ingresos del Estado, lo que no dicen PSOE y PP
Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.
El crecimiento económico sirvió para bajar los impuestos a los ricos
Los Gobiernos del PSOE y del PP aprovecharon la bonanza económica para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Basta recordar la célebre frase de Zapatero: “bajar los impuestos es de izquierdas”.
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Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades.
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Iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.