Por una Europa democrática y con derechos

La reconstrucción democrática de Europa sigue siendo una tarea urgente hoy. Toda persona viviendo en la UE tiene que tener derecho a participar en la construcción
de la misma y en a definición de su futuro, haya o no nacido en ella. La UE debe abrirse a la participación democrática de toda la sociedad puesto que si no, no hay futuro para ella.

• Queremos fortalecer de las libertades individuales y los derechos y las políticas sociales y derechos para todos los que viven en la UE. La Carta de Derechos Fundamentales debe ser en marco legal obligatorio aparte de desarrollarse y mejorar más aún. La UE debe adherirse a la Carta Europea de Derechos Humanos.
• Izquierda Unida y los partidos de la Izquierda Europea está a favor de garantizar plenos derechos para las mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida. Luchamos por una regulación europea que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a la libre concepción y el aborto libre dentro del sistema público de salud. Promovemos regulaciones europeas que criminalicen toda violencia de género y recursos materiales y humanos para atender a todas las víctimas de violencia de género.
• La UE ha de promover y proteger los derechos de las personas ahora discriminadas por razón de raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología, discapacidad y edad. Exigimos respeto a los derechos de las minorías y una acción persistente
  contra el racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el chauvinismo, fascismo, anticomunismo, homofobia y cualquier otra forma de discriminación.
• Estamos a favor de una Europa secular en el sentido de que todas las políticas del estado han de ser seculares.
• Solicitamos una declaración formal y expresa de la laicidad en todos los países de la UE
• Defendemos la supresión de la financiación religiosa, directa o indirecta, con fondos europeos a cualquier institución religiosa. Consideramos imprescindible la retirada de símbolos religiosos en todos los edificios públicos o privados en el ejercicio de prestación de servicios públicos (ejército, hospitales, escuelas, etc).
• Reivindicamos la laicidad en la escuela pública, y reivindicamos el fortalecimiento de una Europa Laica cuyos valores sean la libertad de conciencia, la igualdad entre los ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas. Y así mismo, la autonomía de juicio, cultivada gracias a una educación pública y laica, depositaria de la cultura universal. La práctica religiosa debe ser libre, pero circunscrita al estricto ámbito de lo privado.
• La Europa que queremos necesita una democratización en la economía. Las coaliciones, los derechos de huelga, la codeterminación se deben aplicar atravesando las fronteras. Rechazamos la subordinación de los componentes sociales y los sindicatos a los estándares del mercado tal como lo sostiene el Tribunal Superior Europeo de Justicia. Al contrario, los derechos y las oportunidades de los trabajadores para participar en la toma de decisiones, n cuanto a inversiones o regulaciones en las producciones e debe ampliar y fijar por ley.
• IU se posiciona a favor del reconocimiento del derecho una muerte digna.

En materia de inmigración, las políticas de la UE aparecen lenas de contradicciones. Por un lado, la realidad de su volución demográfica, con un fuerte envejecimiento de la oblación y la caída de la natalidad, hace imprescindible inyecciones masivas de mano de obra inmigrante para el
desarrollo de sus sistemas productivos y el crecimiento económico, como reconocen repetidos informes de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, las instituciones europeas reiteran su voluntad de integración de quienes contribuyen a cubrir estas necesidades y de incrementar la cooperación al desarrollo de los países de origen de los inmigrantes, como contrapartida.

Sin embargo, la inmensa mayoría de medidas desarrolladas hasta el momento van en dirección contraria. Aparte la apelación retórica al respeto de los Derechos Humanos, a un Espacio Europeo de Justicia e Igualdad, etc., las políticas emanadas de sus instituciones van enfocadas, casi en exclusiva, al cada vez más estricto control de sus fronteras externas y a un durísimo sistema sancionador que sitúa la expulsión y la privación de libertad de los “irregulares” en primer plano, en el marco de lo que llaman “lucha contra la inmigración ilegal”. Buena prueba de ello son los instrumentos de que se ha ido dotando, como son, entre otros, la Decisión 2004/573/CE, relativa a la organización de vuelos conjuntos por dos o más Estados para la expulsión o la creación del FRONTEX, ese mismo año, para la gestión integrada del control de fronteras exteriores, hasta culminar en la Directiva de Retorno o Directiva de la Vergüenza, recién aprobada, que se empezó a gestar en 2005. Nada o muy poco se ha avanzado, a nivel comunitario. En materia de derechos de la población inmigrante, que alcanza ya la cifra de 15 millones de personas en la UE.

En el ámbito de la cooperación al desarrollo de los países de origen de las migraciones, los acuerdos que llaman “de 2ª generación”, como los de la etapa anterior, van claramente ligados, más que a mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, para evitar que tengan que emigrar- a la represión de quienes quieren emigrar, a la readmisión obligada y a intereses comerciales y económicos propios.

En resumidas cuentas, la ausencia de una verdadera política de inmigración europea ha sido suplida por medidas represivas y por la cooperación oficial con los países de origen en la contención de la inmigración. Es decir, la UE ha optado por fortificarse, practicando la política del avestruz sobre sus propias necesidades demográficas y de desarrollo económico, al coste de un altísimo precio en vidas y sufrimiento humanos, de la desigualdad social, cuando no la quiebra de valores inherentes a las sociedades democráticas -de las que pretendemos ser modelo-, sobre las que hoy se extiende la sombra del racismo y la xenofobia.

Ninguno de estos rasgos de la Unión Europea que se está construyendo, con graves déficits democráticos y de participación de sus pueblos, recuerda a aquella Europa que reivindicó el derecho a la libre circulación de las personas (bien es cierto que cuando era tierra de emigración), que impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o cuyos Estados miembro son parte del
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

En base a lo anterior y en materia de políticas de Inmigración, nos proponemos, para la próxima legislatura que se abre en el Parlamento Europeo:

• El rechazo activo de todas las políticas e instrumentos que no tengan en cuenta y desarrollen la aplicación efectiva de los derechos de las personas migrantes consagrados en Declaraciones, Convenios y Tratados Internacionales. En especial, instaremos a la ratificación y aplicación, por todos los Estados miembro, de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias, de 1990.
• Conseguir, en coordinación con todas las organizaciones que trabajan en ese sentido, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, tanto dentro como fuera -pero potenciados por ésta- de la UE, sobre la base de no criminalización ni privación de libertad de las personas migrantes, por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular.
• Hacer efectiva la garantía de defensa y el control judicial pleno de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las expulsiones colectivas.
• Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar, para que haga realmente efectivo el ejercicio de este derecho, en vez de obstaculizarlo.
• Unas normas para el tratamiento de los Menores Extranjeros no acompañados que respeten escrupulosamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
• Medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas.
• Extender los derechos de Ciudadanía a los residentes no comunitarios y especialmente el derecho de sufragio activo y pasivo, en igualdad con los comunitarios, como elemento fundamental de participación e integración en el país de residencia.
• Proponemos la abolición de la deuda externa y que los planes de cooperación y ayudas al desarrollo, sean comunitarios o bilaterales, no estén ligados a acuerdos de readmisión obligatorios ni a intereses comerciales y/o económicos de los países cooperantes.
• Apostamos por la instauración de la ciudadanía de residencia europea.
• Defendemos el derecho a voto de los inmigrantes, al menos en las elecciones municipales y en las europeas.
• Defendemos la búsqueda de una política de inmigración común e integradora.
• Abogamos por el derecho al trabajo y a los derechos sociales de los inmigrantes que residen en la UE

En definitiva, queremos trabajar por una Europa cosmopolita y abierta a la inmigración, necesaria hoy y más aún en el futuro. Estamos contra la Europa fortaleza, que a la vez que impone sus intereses a los países menos desarrollados rechaza a las víctimas de su expolio. Estamos, asimismo, por una política común de Asilo que respete y desarrolle la Convención de Ginebra, de manera que Europa sea tierra de acogida para la gente que huye de las persecuciones políticas, ideológicas, religiosas o en razón de su opciónsexual (como en su día lo fueron otros países para quienes huían de la Europa del nazismo y el fascismo), con especial atención a las niñas y niños que demandan protección.

TRABAJADORES EUROPEOS DESPLAZADOS A OTRO ESTADO MIEMBRO

Hay un millón de españoles viviendo en Europa como consecuencia de procesos migratorios internos de la UE. Una situación compartida por otros Estados Miembros como Italia, Grecia o Portugal con sus respectivas emigraciones en la segunda mitad del siglo veinte. La emigración, desde los años noventa, de trabajadores de países del Este de Europa hacia el resto de la UE completa este cuadro y hacen de este fenómeno una cuestión que debe ser considerada con políticas específicas.

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y la libre circulación de trabajadores, estos trabajadores desplazados pasaron de tener la consideración de emigrantes a ser considerados como un caso más de movilidad profesional; pasaron de ser «emigrantes» a ser «trabajadores intracomunitarios »

En IU entendemos que la cuestión de la emigración intraeuropea requiere por parte de las Instituciones Europeas debates, políticas y un marco financiero centrado en la resolución de los problemas que experimentan estos trabajadores en materia cultural, social y política.

En materia cultural es necesario avanzar para que los Estados faciliten a los emigrantes intracomunitarios y a sus descendientes la opción de escolarizar a sus hijos con formulas que integren el aprendizaje del idioma y cultura de origen. Hay que reforzar la oferta de aprendizaje del idioma del país de acogida para adultos y reconocer este tiempo de formación como tiempo laboral a todos los efectos.

En materia social hay que hacer real que los derechos adquiridos por los trabajadores en los países donde trabajan computen a efectos de subsidios de desempleo o de jubilaciones. Además, la situación de alejamiento familiar requiere acciones concretas para facilitar el reencuentro periódico entre familiares.

En materia de derechos políticos, la equiparación de derechos entre ciudadanos de un Estado Miembro y emigrantes intraeuropeos sigue siendo una asignatura pendiente. Son mayoría las situaciones en las cuales los trabajadores emigrantes o sus descendientes siguen siendo discriminados a la hora de votar o poder ser elegidos en comicios ya sean de ámbito local, regional o estatal en los Estados Miembros; Estados donde se han instalado, o han nacido, en ocasiones, hace décadas. Esta situación política conlleva asimismo situaciones sui generis en el tratamiento
administrativo de estos trabajadores emigrantes intraeuropeos con relación a documentos de identidad; situaciones que deben ser normalizadas.

En primer lugar, abogamos por un verdadero proceso Constituyente. La redacción de cualquier proyecto de nueva Constitución debe emanar de una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal directo de los ciudadanos de todos los estados miembros y con mandato para ello. Es este nuevo Parlamento constituyente el encargado de escoger un gobierno, y de su
control democrático. Se promoverá una Asamblea Constituyente, con los parlamentarios elegidos en cada país, que será la encargada de redactar una nueva Constitución, la cual será sometida a referéndum en todos los países en fecha fija.

Con el fin de exigir un espacio político para todo el mundo que vive en Europa el Parlamento Europeo ha de tener capacidad de iniciativa legislativa. La participación directa en el proceso de decisión europeo incluyendo los referenda en la UE y en los países debe ser posible. Las instituciones de la UE (Consejo, Comisión y Parlamento) deben abrirse a la participación de la sociedad civil, que debería tener capacidad para controlar las decisiones. Se promoverá la regulación de un mecanismo para la posible presentación de ILP (Iniciativas Legislativas Populares) por parte de los ciudadanos europeos en temas de especial importancia para la UE.

Deben abandonarse aquellas medidas antiterroristas de la UE han servido por sus aspectos autoritarios o de control social de la ciudadanía, para limitar los derechos y libertades de los ciudadanos de la UE. Queremos la abolición de la lista de “Organizaciones terroristas”, que limitan nuestra libertad.

Rechazamos la red Echelon y la autorización del Parlamento Europeo para el control e intercepción de las comunicaciones que se autorizó tras el 11 S. Nada justifica hoy esa intromisión en el derecho a la libre expresión, intimidad y comunicación.

Queremos una Europa cosmopolita abierta al derecho de asilo. Contra la Europa fortaleza que repele a los seres humanos que tienen necesidades. Debe haber una política común migratoria y de asilo de acuerdo con la Convención de Ginebra. La gente que huye de las persecuciones (políticas, ideológicas, religiosas o sexuales) debe encontrar refugio en Europa. Pedimos el reconocimiento
del derecho a la protección y asilo cuando se da discriminación sexual, así como cuando la persecución es por organizaciones no-gubernamentales y hacemos un llamamiento específico a la protección de los niños refugiados.

Las prisiones de detención deben acabarse. Rechazamos absolutamente los Centros de Detención de Inmigrantes. Deben cerrarse los centros de detención extracomunitarios
porque su funcionamiento se encuentra fuera de las legislaciones europeas e internacionales de derechos humanos

Nos oponemos a la “represión preventiva” y a los “archivos preventivos de datos personales” (Tratado Prim.), que crean sospechosos y otorgan a las fuerzas policiales y judiciales, a las empresas de seguridad privadas e incluso a los servicios secretos, el derecho a usar datos personales a través de la más grande base de datos creada, bajo el pretexto de la defensa de la seguridad pública.