COMUNICACIÓN Y CULTURA
Desde IU defendemos una política cultural basada en el diálogo intercultural y en la educación y nos oponemos a la liberalización de los servicios culturales. Queremos que el diálogo entre culturas se convierta en una política de paz en cada sitio y en el ámbito europeo, por ello:
Apoyamos la Convención de la UNESCO a favor de la promoción y protección de las expresiones de diversidad cultural, en la que la preservación y promoción de la diversidad de las culturas regionales se convierta en aplicable por leyes internacionales.
IU reclama la defensa de la identidad multicultural europea, favorable a la paz y la solidaridad. Para salvaguardar el patrimonio audiovisual europeo, desde IU seguimos apoyando la Declaración de Delfos (1991), en la que se reconoce que “Todo individuo tiene derechos a acceder a toda la información a toda obra. Los poderes públicos nacionales y europeos preservarán el libre acceso a todos los medios de comunicación y cuidarán que todos los medios de comunicación respeten en su programación el pluralismo social y cultural, actuarán contra la uniformidad y el embrutecimiento espiritual y colaborarán para que se desarrolle la libre elección y para que se formen espíritus críticos”. Para que estos e cumpla, proponemos:
- El acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio cultural público de los países que integran la UE.
- Libre acceso a todas las mediatecas públicas y privadas y préstamo gratuito de todo tipo de libros y soportes mediáticos.
- Libre franquicia e IVA mínimo para libros, periódicos, discos, DVDs, etc.
- Libre acceso a la emisión digital y a la televisión de alta definición.
- Libre acceso a las autopistas de la información.
- Libre acceso al estudio de los diferentes idiomas, con ayudas públicas en la difusión de materiales en distintas lenguas.
Nuestra alternativa pasa por el fomento con dinero público (1% del PIB) de todo tipo de propuestas tendentes a poner al servicio de todos lo que es patrimonio común de la humanidad.
También exigimos una política de medios de comunicación transparente. Las fuentes del poder económico, su productividad, de la hegemonía cultural así como del poder militar dependen cada vez más de la producción, almacenamiento y conversión de la información y el conocimiento.
Por ello el acceso de la sociedad a la comunicación e información y su adquisición son cuestiones esenciales de participación democrática en el ámbito nacional y europeo. Más aún la democratización de la producción, el tratamiento y la apropiación de la información y el conocimiento es un reto inevitable del capitalismo digital.
Desde IU, la Libertad de Comunicación es entendida y defendida como un derecho actualizado y pleno de la irrenunciable Libertad de Expresión. Libertad entendida no sólo como posibilidad de recibir pasivamente los mensajes, sino que los receptores puedan también ser emisores activos y debatir y decidir democráticamente sobre la propiedad o concesión de los canales, el uso de los medios y el contenido difundido por los mismos.
En este ámbito, la Comunicación y la Cultura deben ser consideradas en toda Europa como un servicio público esencial. Ello permitiría el fomento, con dinero de la UE, de todo tipo de actividades culturales que hagan posible una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas.
La concentración de poder informativo y de las telecomunicaciones en grupos privados transnacionales pueden hacer peligrar el concepto de “servicio público” y la Libertad de Comunicación. De ahí que, desde el Parlamento Europeo se deba alentar la construcción de un espacio audio-visual europeo que estimule la coordinación y la expansión de sectores públicos de los países miembros y una política de fomento de la calidad en las producciones de los productos culturales. Para ello proponemos:
- Repartir el espacio radio-eléctrico europeo y cósmico con criterios democráticos que hagan compatible la libertad de emisión con la defensa de la soberanía nacional.
- Multiplicar la cooperación entre entidades públicas de radio y televisión de todos los Estados y regiones de Europa.
- Que las noticias de las televisiones institucionales europeas deban tener un mayor equilibrio e intercambio de noticias entre Este y Oeste, Centro y Sur-Norte.
Estamos por estructuras democráticas de medios de comunicación públicos, con acceso fácil y barato a nuevos medios como internet, códigos libres y programas, sin el uso alegal de las redes sociales y los datos personales.
POR UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN JUSTA Y SOLIDARIA
Izquierda Unida trabajará para que nuestro país esté a la vanguardia en los campos de la universalización del uso de la Informática y de Internet, así como en la democratización del acceso a la información y al conocimiento, es decir, por una Sociedad de la Información justa y solidaria en la que los territorios y capas sociales más desfavorecidos reciban atención prioritaria.
Para Izquierda Unida la Informática y las Telecomunicaciones (las llamadas TIC o Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) no son un fin en sí mismas, sino solamente una herramienta, si bien de gran importancia, para avanzar hacia un nivel cada vez alto de democracia política, social y económica.
Esta visión alternativa y transformadora es la referencia básica de nuestro programa para el avance de la Sociedad de la Información cara a las próximas elecciones legislativas.
Dentro de un plan global que se detalla en el programa, nuestras propuestas más destacadas son:
- Definir Internet como Servicio Universal Gratuito para el conjunto de los ciudadanos pues el desarrollo de las redes y su importancia para el avance de la Sociedad de la Información impone que el actual servicio universal sea ampliado para incluir el acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 Megabit, ampliable a medida de la mejora tecnológica.
- La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la Sociedad de Información que consistirá, además de en el citado acceso gratuito a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales el mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.
- Fomento del Software Libre, estableciendo el uso preferente de programas de código fuente abierto en las Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.
- Oposición a la implantación de las patentes de software, por favorecer a las grandes multinacionales del ramo y a los grandes bufetes multinacionales, causando además un perjuicio al movimiento del software libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas que producen este tipo de programas.
- Modificación del sistema de defensa de la propiedad intelectual que actualmente se realiza a través de la implantación del llamado canon digital, buscando alternativas más justas en beneficio del interés general, compatible con el respeto de los derechos de los creadores, los de la industria tecnológica y los de los consumidores.
- Cambio profundo del modelo vigente propiedad intelectual, priorizando los aspectos sociales y colectivos de toda obra, pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional.
- No penalización del libre intercambio de archivos siempre que no tenga un fin lucrativo, de acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia privada.
- Digitalización de los fondos culturales e históricos propios de la Administración General del Estado y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web, permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias libres que aseguren una difusión de los mismos sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad intelectual.
LIBERTAD SEXUAL
Izquierda Unida apuesta por un cambio del actual modelo de relaciones afectivas y sexuales entre las personas, que está basado en la familia tradicional, con exclusión de opciones sexuales distintas a la heterosexual, en un plano de auténtica igualdad.
Hasta hace poco tiempo se perseguían o discriminaban as relaciones homosexuales, se discriminaba a las adres solteras y se marginaba a las parejas de hecho. Ahora se toleran estas y otras formas de quererse y relacionarse, pero se sigue negando la plena equiparaciónlegal y social a las opciones afectivo-sexuales distintas a la heterosexual, y a las formas de vivir y expresar la afectividad y la sexualidad distintas a la familiar-matrimonialmonógama, con algunas excepciones dentro de la UE en el terreno legal.
La situación actual en el seno de la UE es muy desigual, conviviendo Estados con una legislación no discriminatoria e igualitaria en materia de uniones de hecho, de matrimonio y de transexualidad, con otros en los que persiste la discriminación tanto legal como social hacia gays, lesbianas y transexuales.
Creemos que todo hombre y toda mujer pueden constituir una comunidad de vida que dé lugar a la creación de una familia o a cualquier modelo de convivencia digno de la misma protección jurídica y social. Por eso IU reivindica las siguientes medidas:
- Directivas comunitarias sobre la igualdad de derechos de los homosexuales que obliguen a los Estados miembros al cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994.
- Que todos los Estados miembros regulen las uniones de hecho como relaciones afectivo-sexuales distintas al matrimonio en igualdad de derechos, reconociendo los mismos beneficios económico-patrimoniales (fiscalidad, herencia, seguridad social, alimentos, etc.) y otros, como el derecho de adopción, beneficios laborales, adopción de la nacionalidad de la compañera/o extranjeros, etc.
- El derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio en todos los Estados miembros.
- Aprobación de convenios colectivos que garanticen a las parejas de hecho, del mismo o distinto sexo, todos los beneficios concedidos a los matrimonios.
- Campañas de información que denuncien los comportamientos lesbo y homofóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad
- Supresión de requisitos, contenidos y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual. Eliminar el término “grupo de riesgo” en alusión al colectivo de gays, lesbianas y transexuales.
- Revisión de los contenidos sobre sexualidad en la enseñanza, de forma que no se trasmita un modelo preferente que excluya opciones afectivo-sexuales diferentes a la heterosexual y formas de convivencia distintas a la familiar-matrimonial.
- Eliminación de la discriminación por motivos de orientación sexual en los Códigos Penales de los Estados miembros, donde deberá tener la consideración de delito y será perseguida de oficio.
- Retirada o denegación de ayudas/subvenciones a entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de homo, lesbo o transfobia.
- Gratuidad de los procesos completos de cambio de sexo y su inclusión en la Sanidad Pública de todos los países de la UE, así como el derecho de los y las transexuales a modificar su nombre y género en los registros civiles y en los documentos de identidad de cada país.
- La normalización de la transexualidad, con programas y medidas para favorecer su integración social y laboral y combatir el rechazo y la discriminación.
- Exigir a los países que se beneficien de las políticas de cooperación, la garantía de no discriminación y respeto a los gays, lesbianas y transexuales en sus territorios.
- Concesión de asilo para las personas huidas de sus países por discriminación y marginación por su condición de gay, lesbiana o transexual.
- Poner en marcha iniciativas hacia las personas prostituidas, como programas de reducción de riesgo sanitario y de reinserción social y laboral, y todas aquellas medidas que permitan la superación de las situaciones de exclusión social.
- La inclusión de la persecución sufrida por las personas homosexuales en los conflictos armados que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XX en las leyes de memoria histórica de los distintos países miembros de la UE.
