Por un nuevo modelo económico

LA OFENSIVA NEOLIBERAL EN EUROPA

Los tratados de la UE fijan la preeminencia del libre mercado sobre cualquier otro tema. Este principio se aplica a la libertad de bienes, capitales, servicios y trabajo. Por ello, cualquier Estado Miembro lo tiene muy difícil para mantener leyes que puedan ser consideradas como un obstáculo para el libre movimiento de bienes y servicios. Un ejemplo de la importancia que se da a la llamada “libertad de mercado” se encuentra en el art. 297, según el cual el principio de libre mercado debe prevalecer incluso en estado de guerra en algún país miembro. La UE aboga por una política de desregulación y privatización, lo que significa que la UE amenaza los servicios públicos y pide la desregulación de sectores como el postal, los puertos, ferrocarriles y las telecomunicaciones. De hecho, es la libre competencia la que inspira la política europea y este hecho se plasma en la aprobación de múltiples directivas en este sentido. Como si la libre competencia fuera una solución y no el mecanismo para conseguir que las grandes empresas expulsen a las pequeñas del terreno de juego que es el mercado y favorecer así la acumulación de capital en pocas manos.

Las reglas de la política económica y de la moneda única tienen un objetivo preeminente: la estabilidad de precios. Esto significa que otros objetivos como la creación de empleo o la mejora de los servicios y las prestaciones sociales, siempre están en segundo plano.

Todo lo que supone esta orientación política de la UE ha sido contestada en numerosas ocasiones en la calle. El mismo día que se reunían los Jefes de Estado en Lisboa octubre de 2007 para aprobar estos principios, tenía lugar la manifestación más grande en los últimos 20 años en Portugal. 200.000 personas manifestándose en la calle contra estos principios sobre los que se está cimentando Europa.

Algunos ejemplos:

• Directiva de Servicios Postales: que abre los servicios postales de los Estados miembros a la libre competencia a partir de 2011. Se pretende adoptar esta directiva a pesar de las malas experiencias de liberalización total como en suecia (cierres de oficinas postales, explosión del precio del sello…) y las consecuencias sobre el empleo: desaparición de más de 100.000 puestos de trabajo estables, convertidos en trabajo precario y a tiempo parcial.
• Directiva de Servicios Ferroviarios: en la que se recoge la liberalización de las líneas de grandes distancias a partir e 2010.
• Derechos laborales: Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento e las personas trabajadoras: los casos Vaxholm y Viking.
  
  Mientras no entre en vigor la Directiva de Servicios “Bolkestein”, se aplica para los trabajadores desplazados dentro de la UE la Directiva 96/71CE de desplazamiento de trabajadores. Ésta establece que a los trabajadores desplazados se les aplicará la protección social mínima del país de destino regulado bien por ley o bien por los convenios colectivos generales (salario mínimo, vacaciones, salud laboral). Esta situación presenta ciertos coladeros para países como Suecia o Reino Unido, donde no existen estos mínimos legales, como ha ocurrido en los casos Vaxholm o Viking, en los que el Tribunal Superior de Justicia Europeo autorizó “exportar” trabajadores con salarios más bajos que los del país de destino y menor protección social.
• Directiva Bolkestein:
  Estos dos casos se convertirán en la normalidad una vez entre en vigor este año la Directiva de Servicios, también conocida como Directiva Bolkestein. La Directiva trata de alcanzar su objetivo de desregulación eliminando gradualmente las restricciones nacionales y socavando sistemáticamente las leyes nacionales por medio del así llamado principio del “país de origen”, que si bien fue eliminado de la letra del texto, su espíritu se ha mantenido. El objetivo de esta Directiva es el de eliminar los obstáculos al comercio de servicios.
  
  El ámbito de la Directiva Bolkestein abarca todos los servicios considerados “actividades económicas”: van desde los legales hasta profesiones como fontanería y carpintería, construcción, distribución, turismo, transporte, sanidad, cobertura sanitaria, medio ambiente, arquitectura, cultura.
  
  La consecuencia principal de la implementación de esta Directiva será la dificultad de los poderes públicos estatales de ejercer un control sobre las empresas para comprobar que éstas cumplen con la legislación social, laboral y medioambiental, ya que la Bolkestein imposibilita a estos poderes el establecer los límites mínimos.
• Flexiseguridad:
  Oficialmente la flexiseguridad quiere combinar la flexibilidad y la seguridad para las personas trabajadoras. Los últimos años ya han estado marcados por un retroceso de las medidas de protección de la clase trabajadora en favor de las empresas. A causa de estas medidas, un 60% de las personas trabajan en condiciones que son las de un contrato clásico. Las otras trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales, en prácticas, en interinidades o como becarias sin derechos laborales o son trabajadoras autónomas. Por lo tanto las personas trabajadoras ya sufren suficiente flexibilidad. Bajo el pretexto de la competitividad, las empresas piden todavía más ventajas en función de sus intereses.
  
  En el Libro Verde del Trabajo (2006) y ahora con el concepto nuevo de flexiseguridad (2007) la UE se adecua a las voluntades de las empresas y promueve la penetración del concepto de flexibilización en el derecho laboral.
  
  Consecuencias prácticas: condiciones de finalización de los contratos menos rígidas, favorecer los mecanismos que permitan hacer más competitivos tanto a las personas trabajadoras activas como a las paradas, y abrir así la posibilidad de que tengan que acogerse a trabajos más precarios. Los costes de este aumento de flexibilidad se pagarán entre la persona trabajadora y los poderes públicos.
• Deslocalizaciones: el caso Nokia en Bochum y Delphi en Puerto Real.
  El fabricante finlandés de teléfonos móviles anunció el cierre de su planta de Bochum, en el land alemán de Renania del Norte – Westfalia, a pesar de no ser deficitaria, para trasladar la producción a Hungría y a Cluj, una ciudad de la región rumana de Transilvania. Como consecuencia de ello, de aquí a mediados de año, 2.300 personas de la plantilla de Bochum se quedarán sin trabajo. Y no sólo ellas: también otras 2.200 con trabajo de carácter temporal y de empresas de auxiliares. El problema es que Nokia recibió 88 millones de euros del estado alemán para mantener su planta de Bochum.
  
  Similar fue el caso de Delphi, en Puerto Real, donde la multinacional General Motors contaba con una planta que daba trabajo a 1.600 personas de forma directa y 2.500 indirecta. La empresa cerró, deslocalizando la producción a Polonia y Chequia. Al igual que Nokia, Delphi había recibido subvenciones de las administraciones públicas con el compromiso, recogido en un plan industrial, de seguir operando en el municipio de la Bahía de Cádiz hasta 2010.

AVANZAR HACIA LA EUROPA SOCIAL: PROPUESTAS ECONÓMICAS, LABORALES Y FISCALES

La crisis demanda una respuesta coordinada a nivel europeo. Por eso estas elecciones europeas requieren una participación masiva de todos los ciudadanos.

Es necesario refundar la Unión Europea sobre nuevos parámetros, capaces de centrarse en las personas y en sus derechos antes que en los beneficios privados.

Ponemos el énfasis en que las personas trabajadoras, el mundo del trabajo, no deben pagar la crisis mientras los bancos y las finanzas se salvan. La lógica de los planes del G7 y del G20 respecto a la Unión Europea privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. De todas formas, incluso con la actual legislación son posibles planes de inversión capaces de crear empleo sostenible y apoyar la reestructuración ecológica de la economía.

La Izquierda Europea defiende una política basada en el desarrollo humano social y ecológicamente sostenible, con el objetivo de lograr cohesión social y económica. Al contrario que la estrategia del Tratado de Lisboa, la izquierda apuesta por los valores de solidaridad y cooperación, pleno empleo y relación racional con la naturaleza. Ello es posible sólo si cambiamos las normas presentes en el sistema financiero y económico internacional.

Para superar la crisis, el beneficio privado debe ceder ante el interés colectivo y el bienestar de la mayoría.

Medidas frente a la crisis: Propuestas económicas

Una de las principales consecuencias de la crisis es el aumento acelerado del desempleo. En el conjunto de la Unión Europea, la economía española se enfrenta a tasas de paro excepcionalmente altas. En el momento de celebración de las Elecciones Europeas, la cifra de los 4 millones de personas sin trabajo es, prácticamente, una realidad.

Mientras el Gobierno valora la evolución del desempleo con un aumento hasta el 15,6% a finales de 2009, hastael 15,7% en 2010 y con un retroceso al 14,9% en 2011, la Comisión Europea lo eleva al 16,1% en 2009 y hasta el 18,7% para 2010, sin adelantar su pronóstico para 2011. El motivo de esta disparidad es que la Comisión Europea estima que la crisis será más profunda en España de lo que plantea el Gobierno y, sobre todo, que España tardará más en comenzar su recuperación.

Para IU, también en el nivel de decisión de las instituciones europeas, las políticas que favorezcan la creación de empleo son el objetivo fundamental. En consecuencia, defendemos:

1. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ser reemplazado por un nuevo Pacto de Solidaridad que se centre en el desarrollo humano, en el pleno empleo y en la protección social y ambiental. Igualmente, es necesario ustituir la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia
   Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible» entrada en una serie de nuevas políticas económicas, ociales y ambientales que fomenten la inversión:
   • en infraestructuras básicas imprescindibles y el apoyo la industria limpia,
   • en los servicios públicos,
   • en una sólida política de cohesión, con el fin de promover a cohesión social, territorial y conómica,
   • en la economía social, como generadora de empleo de ayor calidad, más estable y democrático,
   • en la protección del medio ambiente y en las tecnologías impias,
   • en la mejora de las normas laborales, sociales, ambientales de seguridad, a fin de conseguir una armonización europea en el nivel más exigente,
   • en la protección social, con el fin de erradicar la pobreza luchar contra la exclusión social,
   • en la implantación de la renta básica que garantice a todas las personas una existencia digna,
   • en la instauración de un sistema de protección a las personas dependientes,
   • en la investigación y la innovación (públicas), con el fin de garantizar que estas actividades beneficien a todas as personas,
   • en la promoción de la cultura y la participación civil;
2. La aplicación inmediata de la resolución del parlamento Europeo de octubre de 2008 por la que se propone que el salario mínimo sea al menos el 60% del salario medio neto de cada estado.
3. La adopción de las Directivas pertinentes orientadas a mejorar la estabilidad y la calidad del trabajo en todos sus aspectos (salarios, estabilidad, condiciones laborales y formación) y en la mejora de las cualificaciones,
4. En los temas financieros, la crisis hace evidente lo determinante que son los créditos. Estos deben convertirse en un servicio público y dirigirse hacia los sectores productivos de la economía y hacia lo colectivo, hacia las prioridades sociales y ambientales de empleo. Hay que reorganizar el ciclo completo de prioridades y partir desde lo más próximo a la ciudadanía: los pueblos, las ciudades, las comarcas y las Comunidades Autónomas, para luego llegar hasta el Banco Central Europeo. Para hacer posible esta reorientación de los créditos y el dinero, defendemos el control público y social del sistema bancario y financiero. Defendemos los derechos de las personas trabajadoras y de sus organizaciones, así como de los representantes municipales y locales a ejercer el control sobre los créditos y los subsidios.

Otras propuestas económicas:

Criticamos los objetivos del Banco Central Europeo (BCE) y, por tanto, sus actuales políticas, su absoluta “independencia” de cualquier forma de control político democrático y la falta de transparencia en sus decisiones y actuaciones. Es urgente modificar los estatutos del BCE para que su política se oriente al desarrollo sostenible y a la creación de empleo digno con contención de la inflación sin tomar la estabilidad de precios como un objetivo fetiche al que se atribuyen poderes mágicos.

Proponemos el control democrático sobre el Banco Central Europeo. Debe crearse un procedimiento para que el BCE rinda cuentas ante la ciudadanía. Es inaceptable que una institución tan poderosa no pueda ser cuestionada por los representantes de la ciudadanía. A su vez, la Constitución Europea debe recoger que el BCE tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo sostenible, la inversión y el empleo y no la estabilidad y, así, apoyar el objetivo del pleno empleo.

En correspondencia con una política monetaria común es imprescindible la amortización fiscal entre los Estados Miembros primando la imposición directa y progresiva sobre la imposición indirecta, evitando la guerra fiscal entre Estados.

Por lo tanto, el papel del Banco Central Europeo debe cambiar, en línea con los criterios de desarrollo social y del empleo así como de desarrollo ambiental, a través de un descenso selectivo de los intereses.

Necesitamos tasar las transacciones financieras y abolir los paraísos fiscales. También es necesario introducir impuestos en el capital especulativo, con el objetivo de acumular recursos económicos para la creación de un Fondo Europeo. Los movimientos de capital, en particular los beneficios que no están directamente relacionados con la inversión y el comercio, deben ser sujetos a control e impuestos.

La Tasa Tobin puede ser una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible y tener como objetivo aumentar el número de puestos de trabajo. Este Fondo europeo tendría que someterse a la guía y los programas del Parlamento europeo.

Es necesario mejorar los mecanismos de convergencia. La Izquierda Europea propone generar mecanismos para hacer más equitativo el sistema productivo europeo. Es necesario reequilibrar la actual división entre estados exportadores, como Alemania, Francia o Italia, y estados importadores como España. Estos últimos se ven obligados a un endeudamiento excesivo y a presentar una balanza comercial muy deficitaria.

Los bienes comunes y los sectores económicos estratégicos, incluyendo el sistema de créditos y el sistema financiero, deben socializarse mediante mecanismos de propiedad y gestión públicas y sometimiento en su actividad a políticas democráticamente aprobadas (nacionalizarse), puesto que
existe la necesidad de recuperar y profundizar un nuevo sistema general de Bienestar a escala europea. La privatización de servicios públicos debe invertirse. Necesitamos elevar los salarios de las personas trabajadoras.

Propuestas laborales:

Debido a que las normas presentes en el Tribunal Superior Europeo de Justicia constituyen un ataque frontal a la negociación colectiva y a las regulaciones laborales:

• Exigimos la necesidad de reforzar la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, con reconocimiento del derecho de huelga en el conjunto de la UE.
• Rechazamos la directiva europea de la jornada laboral que permite la flexibilidad total y la individualización del trabajo.
• Estamos por la jornada de 35 horas semanales en todo el ámbito europeo. Aceptamos un máximo de 5 horas extraordinarias que, junto a las citadas 35 horas, sumarían una jornada máxima de 40 horas semanales. Todas las normas europeas y estatales sobre la jornada laboral deben adecuarse a este principio. Defendemos además las regulaciones estatales que mejoran esa jornada laboral.
• Apoyamos el reparto del trabajo con fórmulas como la anticipación de la edad de jubilación a los 60 años o los contratos de sustitución.
• Se debe controlar mejor la siniestralidad laboral con normas sobre la prevención de riesgos laborales en la UE e incremento de la inspección.
• Exigimos un salario mínimo europeo que represente (al menos) el 60% del salario medio nacional y que no ponga en riesgo la negociación colectiva nacional.
• Hay que garantizar una vida digna para todo el mundo, para ello el ingreso mínimo para las personas desempleadas y la pensión mínima han de estar ligados al salario mínimo y ser ajustados automáticamente con la subida del IPC. Deben garantizarse jubilaciones flexibles según
  la edad tomando en consideración las normas de los distintos estados.
• Exigimos reforzar el derecho de las personas inmigrantes a trabajar allá donde vivan dentro de la UE. Una ley de inmigración debería centrarse en desarrollar y garantizar los derechos de las personas inmigrantes y no en los intereses de las empresas que buscan mano de obra barata y que fuerzan a millones de personas inmigrantes a trabajar en el mercado negro. Rechazamos toda regulación o directiva en la UE y en sus países miembros que imponga la expulsión como alternativa prioritaria a la situación de irregularidad administrativa. Lo que necesitamos es una regulación y un permiso de trabajo que les permita buscar empleo.
• Rechazamos el concepto, incluido en la estrategia de Lisboa, de la “flexiseguridad”. Nuestras prioridades suponen avances en la lucha contra la pobreza, la marginación social, la precariedad, la conquista del pleno empleo con puestos de trabajo estables, incrementos salariales, pensiones y prestaciones sociales. Los impuestos han de aumentarse tanto sobre las ganancias como sobre el capital permitiendo una redistribución desde la cúspide a la base.

Propuestas Fiscales:

Izquierda Unida y asume y defiende las propuestas de ATTAC y promueve junto a los Partidos de la Izquierda Europea una reforma fiscal europea, que ponga nuevos cimientos a la financiación pública y:

• que acentúe la progresividad de las cargas fiscales y se consiga que recaigan especialmente sobre los más ricos, las grandes empresas y las corporaciones transnacionales, es decir, sobre los que más tienen y no sobre los más pobres. Con armonización del IVA de forma que se reduzca el tipo mínimo en los servicios básicos dentro de los ámbitos del agua, energía, transporte y comunicaciones.
• que promueva una armonización justa de los sistemas fiscales nacionales, en el ámbito de la UE primero y en el de la comunidad internacional posteriormente, a fin de evitar una competencia fiscal entre Estados tan nociva para la ciudadanía.
• que, junto al resto de Estados que integran la UE, establezca impuestos globales tipo Tasa Tobin sobre los flujos de capital especulativo, cuya recaudación sirva para combatir las consecuencias más perversas de la globalización, así como para incrementar la ayuda a los países
  empobrecidos y resguardar los bienes públicos mundiales.
• que persiga y penalice la delincuencia financiera en todas sus formas, dotando de los medios necesarios a la inspección fiscal nacional, y promueva asimismo la creación de un cuerpo jurídico y una autoridad fiscal europeos. Puesta en marcha de un plan europeo de lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero, las mafias y la corrupción.
• que dé pasos sustantivos en la abolición de los “paraísos fiscales”, comenzando por el no reconocimiento jurídico en España de las sucursales financieras y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales.
• que, junto al resto de los Estados que integran la UE, comience a aplicar impuestos globales ecológicos, tales como los impuestos sobre las emisiones de CO2 y sobre el transporte internacional, para contribuir así a frenar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y la defensa de la biodiversidad.

Propuestas en materia de Vivienda

La crisis económica ha hecho que el nº de desahucios alcance las 140.000 viviendas. La ONU afirma que los embargos en España pueden ser superiores en un 197% a los de 2007 y que unas 180.000 familias inmigrantes pueden verse afectadas en 2009 y en especial, aquellas familias en las uno o varios de sus miembros se están en paro o han agotado la prestación por desempleo.

Con ello se socava el derecho a la vivienda establecido en el art. 47 de la Constitución, que no sólo no se aplica, sino que niega expresamente, al poner por delante los derechos al beneficio del Banco o del propietario que el propio derecho constitucional.

Hoy existen en nuestro país 4 millones de viviendas vacías, de ellas 1 millón de viviendas nuevas. La especulación inmobiliaria ha sido una de las causas que hace más grave la crisis económica en España que en el resto del mundo.

La política del PSOE (buscando un “aterrizaje suave” de la burbuja inmobiliaria) interviene el mercado en el peor de los sentidos: alargando la fase de ajuste y retrasando la salida de la crisis. No hay hoy mercado inmobiliario porque no hay precios de mercado que puedan servir de referencia. Los alquileres son muy altos y que la poca vivienda protegida es incapaz de abastecer la demanda. Mientras tanto, miles de ciudadanos carecen de una vivienda digna. Para ellos, proponemos las siguientes medidas:

1. Medidas para evitar embargos y desahucios de los trabajadores en paro
   • Las Comunidades Autónomas se subrogarán en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios de los trabajadores en paro, cuyos ingresos familiares o superen la cantidad de 3,5 veces el IPREM y acordarán ayudas a fondo perdido para el pago del principal de la hipoteca de hasta el 50% del mismo, destinados a trabajadores en paro cuyos ingresos no lleguen a 2, 5 veces el IPREM.
   • Las Comunidades Autónomas acordarán ayudas al pago del alquiler mensual de los trabajadores en paro sometidos a desahucio, siempre que sus ingresos no superen 2,5 veces el IPREM. Esta ayuda llegará hasta el 50% del alquiler mensual con un límite de 350€ por vivienda y mes.
2. Medidas para facilitar el acceso a la vivienda
   • El Estado adquirirá anualmente un paquete de vivien-das construidas y que no hayan sido objeto de primera ocupación, en cantidad proporcional a la demanda de viviendas protegidas en cada municipio.
   • El precio de compra se determinará mediante:
     • Subastas a la baja, estableciendo como límite máximo el precio medio de coste en la comarca donde están las viviendas.
     • Derecho de tanto y retracto sobre las adquisicio nes de vivienda hechas por los bancos y de las viviendas que salgan a subasta publica.
   • Este paquete de viviendas se destinará prioritariamente al alquiler protegido como viviendas de alquiler tasado
   • El precio máximo del alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
   • Durante el ejercicio de 2009 se propone la adquisición de 100.000 viviendas por este procedimiento.
3. Medidas para fomentar la autoconstrucción de viviendas.

   El Estado incorporará en su Plan de Vivienda 2009-2012 un apartado específicamente dedicado a apoyar la autoconstrucción de viviendas con una línea de subvención a fondo perdido de 2.000 millones de € dedicado a apoyar, en colaboración con las corporaciones locales, la autoconstrucción
   de unas 20.000 viviendas. Los Ayuntamientos participarían en el proyecto cediendo suelo y financiando el proyecto de obras y la dirección técnica.

   Los beneficiarios de esta ayuda serían trabajadores en situación de desempleo y jóvenes menores de 30 años en demanda de empleo.

   Las hipotecas basura en el caso español
   

   La crisis económica y el paro afecta de manera directa a los inmigrantes, situación agravada para los que pidieron un crédito hipotecario y que hoy se ven atrapados por la estafa de las hipotecas basura concedidas por los bancos. Los bancos sobrevaloraron los pisos en las tasaciones, acomodando el valor del piso a las necesidades del banco para colocar mayores cantidades de crédito.

   Se dieron grandes facilidades para conceder créditos: se concedieron a familias con inestabilidad de ingresos (empleados en la construcción con contrato de fin de obra) y se dio créditos por encima de sus capacidades de pago, que comprometían más allá del 40% de los ingresos familiares.
   Se concedió los préstamos con tasas de interés del Euribor + 2 y 3%, pero el interés mínimo garantizado para el banco es 4,5%, así baje el Euribor a 0% el banco cobrará un 4,5%.

   Lo peor es que los bancos no explicaron a la gente el funcionamiento del mercado hipotecario, por el contrario se les dijo que no subiría tanto el interés y se promocionó la idea de que es un mecanismo de ahorro. En el caso de los inmigrantes se les decía que cuando vuelvan al país de origen podían vender el piso y llevarse sus ahorros y otra serie de ofrecimientos y engaños.

   Establecieron mecanismos tramposos para eludir el control de riesgos: se aceptan avales cruzados entre deudores de distintas instituciones financieras, con lo que el riesgo aumenta. En muchos casos las mismas inmobiliarias consiguen los avalistas, (otros inmigrantes) que se ven obligados a dar su aval a cambio de que otros también les otorguen el aval. Para disfrazar la suficiencia de ingresos se incluye a los avalistas como copropietarios del piso. Frente a esto, a muchos trabajadores les queda la dura decisión de entregar los pisos o declarase morosos. Además, los precios actuales de los pisos son muy inferiores que lo evaluado al contratar el crédito, lo que significa que además de entregar el piso, deben seguir pagando una deuda.

   Para acabar con esta situación de estafa, proponemos:
   

   • Investigar del funcionamiento del mercado hipotecario
   • Investigar las responsabilidades de las autoridades encargadas del control del crédito hipotecario en la concesión de hipotecas basura y cómo eludieron los mecanismos de control.
   • Auditar las últimas titulaciones de créditos hipotecarios por parte de las entidades financieras, para determinar que no se haya colado hipotecas basura.
   • Parar la ejecución de las hipotecas, impedir el desahucio y garantizar el derecho a la vivienda de las familias trabajadoras.
   • Protección del patrimonio familiar, defendiendo del sobre-endeudamiento y limitación de la garantía hipotecaria al bien hipotecado.
   • Proponer medidas europeas para que las situaciones insolvencia familiar no generar situaciones de exclusión social.
   • Exigir disposiciones que reflejen la verdadera situación financiera de los de los bancos, que no disfracen sus cuentas y asuman las perdidas de sus malos negocios para que no se culpabilice a las víctimas de este fraude hipotecario
   • Investigar el fraude fiscal y establecer responsabilidades de las entidades financieras en el mismo.