Por un nuevo modelo de desarrollo

Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio

Para IU las cuestiones sociales y las medioambientales están ligadas. El cambio climático es uno de los mayores fracasos del sistema productivo actual. Es necesario reorientar nuestras formas de vida, de producción, distribución y consumo. Proponemos un nuevo tratado mundial sobre la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero consecuente con el cuarto informe del Panel nternacional sobre el Cambio Climático. Exigimos acuerdos máximos en las normas ambientales de la UE así como la garantía de contribuir a salvar la biodiversidad para las generaciones venideras. Proponemos la reforma ecológica de la contabilidad bajo el principio de que “quien contamina aga” y de tomar en consideración tanto el coste de extracción como el coste de reposición de los recursos naturales utilizados, además de incluir la medida de la “huella ecológica”, o huella de deterioro ecológico, para facilitar el control de la evolución positiva o negativa de la sostenibilidad. Demandamos y trabajaremos por una nueva agenda de política ambiental con los objetivos siguientes:

1. Política industrial

   La Estrategia de Lisboa, pactada en la capital portuguesa, pretende convertirse en el modelo determinante para el desarrollo económico de la UE y en el fundamento de su política industrial hasta 2010.

   Aunque su objetivo oficial proclamado sea hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con un desarrollo económico sostenido y durable, un empleo mejorado tanto cualitativa como cuantitativamente y una mayor cohesión social, la realidad dista mucho – a poco más de un año del cumplimiento de su objetivo temporal- de ese objetivo idílico. Una realidad que ha mostrado que sobre fundamentos neoliberales es imposible construir desarrollo sostenible, empleo de calidad y cohesión social.

   Además, la Estrategia de Lisboa, basada en la llamada “competitividad”, es la fuente de inspiración de todas las políticas antisociales que han desarrollado los Gobiernos de la UE en estos años.

   Frente a la Estrategia de Lisboa, IU propone una auténtica estrategia industrial para la UE, generadora de empleos dignos y de calidad, respetuosa con el medio ambiente, basada en la mejora de la formación y en el desarrollo de la investigación, capaz de propiciar el equipamiento productivo equilibrado de todos los territorios de la UE.

   Una parte significativa de esta estrategia industrial afecta al sector del automóvil. En Europa se fabrican el 34% de los automóviles del mundo. En España, la industria del automóvil y de los componentes de automoción representa el primer renglón del comercio exterior (tanto de las exportaciones como de las importaciones).

   La patronal del automóvil está utilizando las deslocalizaciones efectivas y las amenazas de deslocalización como un chantaje para hacer bajar los salarios y conseguir el retroceso en los derechos de los trabajadores. El caso de Volkswagen en Barcelona es un buen ejemplo de ello.

   Junto al descenso del poder adquisitivo de los salarios, una de las causas fundamentales de la crisis de la industria automovilística es la estrategia de las empresas que está priorizando los intereses de sus accionistas, a través de la conquista de los mercados emergentes, frente a las exigencias ecológicas y de mayor seguridad, al cambio en los modos de vida y en la estructura familiar.

   Por tanto, la solución sólo puede venir de fuertes inversiones para producir los medios de transporte público colectivo y familiar de mañana, atendiendo a las nuevas necesidades que ya están planteadas en nuestras sociedades. Inversiones tanto en la industria básica como en la de componentes.

   Pero estas inversiones, como las restantes inversiones en la industria que son necesarias, están hoy fuertemente limitadas por las estrategias especulativas de los grandes capitales. La inversión especulativa sigue siendo el azote de cualquier modelo de desarrollo basado en la I+D y en el logro de empleos de calidad.

   De ahí la necesidad de una banca pública para sustentar la política industrial que proponemos y de que las ayudas millonarias que los Estados están haciendo llegar a la industria automovilística y de componentes esté condicionada de forma efectiva al mantenimiento y desarrollo del empleo existente, a la investigación y a la formación.

2. Ordenación del territorio:

   Desde IU partimos de una premisa: “el uso que le demos a cada parcela del territorio marcará las líneas políticas que influyen decisivamente en todas las demás facetas”. Por ello la ordenación del territorio es una política que vertebra, y al igual que vertebra el territorio transversaliza
   nuestra propuesta política.

   • Proponemos la democratización de la ordenación del territorio que tenga como eje fundamental la ciudadanía, su desarrollo político (participación) y personal (educación, vivienda, sanidad, cultura, deporte, ocio) siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad social y ambiental.
   • Promovemos la elaboración de una Directiva Marco del Territorio, relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo, que por un lado genere una red de ciudades medias y por otro evite la concentración en grandes aglomeraciones urbanas insostenibles, además de reducir las necesidades de transporte.
   • Proponemos una planificación política del territorio, con la necesaria y efectiva participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios e implemente las políticas necesarias para garantizar un desarrollo social justo y ambientalmente sostenible. E impulsaremos una Directiva Marco sobre la Protección del Litoral y de la Plataforma Continental.
   • Recordamos nuestra premisa fundamental en relación con el urbanismo social y progresista que define la ciudad como espacio de relación, de encuentro entre las personas, con barrios multifuncionales y sostenibles en lo social y en lo ambiental. Debe garantizarse el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía, y permitirle desarrollar sus proyectos vitales en un entorno equilibrado, sin derrochar más recursos naturales, territoriales y paisajísticos que los estrictamente necesarios y oponiéndonos al crecimiento desordenado de espacios urbanizados con criterios economicistas. Además de especulativo, es un crecimiento insostenible y derrochador de recursos.

3. Transporte e Infraestructuras

   Los servicios de transporte y las infraestructuras para el transporte han de basarse en el criterio de que la función del transporte es crear accesibilidad. Accesibilidad que facilite alcanzar los bienes, servicios y contactos con las demás personas. El transporte ha de alcanzar la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. Por ello, el sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, garantizando el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, género o edad. IU promueve el transporte sostenible con los modos a pie, en bicicleta y en tren como columna vertebral del sistema multimodal e integral de transporte.

   Con la consideración de sistema multimodal queremos significar que todos los modos y medios de transporte tienen algún cometido en el conjunto del sistema. A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios fundamentales, y el automóvil, moto, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad, como modos y medios complementarios.

   Con la consideración de integral señalamos que el sistema de transporte ha de coordinar todos los modos y medios de forma que los complementarios sirvan para reforzar la actividad de los fundamentales, y que las tarifas y los horarios generen coherencia, disponibilidad, fiabilidad y calidad de transporte.

   La vertebración del territorio y la relación entre Estados, regiones y comunidades se fundamentará en una red de transporte público y colectivo y en el desarrollo y dignificación del ferrocarril normal haciéndolo compatible con el transporte de personas y mercancías. Proponemos el fomento de sistemas de transporte más limpios y seguros, invirtiendo en los transportes públicos de calidad.

   Ferrocarril

   • La geografía europea, sus tradiciones sociales y la especial posición de España, hacen que IU, desde el fomento del transporte público colectivo, apueste por el ferrocarril como el sistema de transporte terrestre fundamental en las grandes y medias distancias. Para ello proponemos:
   • La gestión pública de las redes existentes y de sus futuros desarrollos, devolviendo al sistema su unidad de gestión y derogando, por tanto, la Directiva 440/1991 que sentó las bases de los procesos de privatización que se están llevando a cabo en España (con la Ley del Sector Ferroviario)
     y en el resto de los países de la UE.
   • El cumplimiento del vigente Libro Blanco del Transporte de 2001 y la obligación de que en el horizonte de 2020 al menos el 30% de todas las mercancías que se transportan por tierra en la UE lo hagan por tren, reduciendo la influencia negativa del transporte en el cambio climático y disminuyendo los enormes problemas de congestión, contaminación y siniestralidad que causa la preferencia abusiva por la carretera, los grandes camiones y los combustibles fósiles.
   • Un plan integral de mantenimiento y mejora de la actual red española de ancho ibérico para que pueda utilizarse adecuadamente tanto en el transporte de mercancías como en el de personas.
   • Un ferrocarril basado en la proximidad, la vertebración de los territorios servidos y la igualdad entre las personas sea cual sea su lugar de residencia, entendido como un servicio público públicamente gestionado. Para ello los servicios de trenes han de tener precios asequibles a las mayorías sociales y basar sus servicios en la fiabilidad, comodidad y seguridad más que en la velocidad.

   Puertos y marina mercante

   • Proponemos restablecer el carácter público de la gestión de los puertos y la armonización de leyes sobre transporte marítimo con las normas más exigentes entre las vigentes en Europa, destacando la seguridad y protección ambiental del medio marino, las costas y playas y las ciudades y zonas costeras. Así como la correcta y armónica integración de los puertos en los tejidos urbanos adyacentes.
   • Dadas las experiencias vividas, IU defiende las más exigentes normas técnicas de protección contra siniestros marítimos.
   • Promoveremos, junto con los sindicatos, normativas relativas a los derechos que afecten a seguridad, formación y reclutamiento de personal.

   Aviación civil, aeropuertos

   • El marco continental es ideal para el transporte aéreo de larga distancia por lo que cobra aún más sentido la idea de un consorcio público europeo.
   • Defendemos la dimensión de servicio público del transporte aéreo y la naturaleza pública de AENA y de todos los aeropuertos españoles abiertos al transporte regular de personas.
   • Promovemos normas y directrices sobre seguridad aeronáutica, inspección y mantenimiento de aeronaves, así como de protección ambiental contra la contaminación acústica y atmosférica.

4. Energía

   En España se han llevado, posiblemente, más lejos que en ningún otro sitio las directivas europeas sobre liberalización del sector energético. Todo el sector está privatizado, excepto la infraestructura de distribución en alta tensión.

   El balance que se puede hacer de esta privatización es extremadamente favorable para las empresas y sus accionistas y muy pobre para las personas usuarias y la calidad del servicio. El mantenimiento de las redes de distribución deja mucho que desear y los precios de la energía han aumentado fuertemente y no siempre en dependencia de los precios de origen. Las grandes empresas españolas del sector han utilizado la acumulación inicial derivada de un mercado en régimen de monopolio para financiar una expansión en mercados exteriores claramente explotadora.

   La Comisión Europea y los gobiernos de los Estados Miembros, y en ello el Gobierno Español ha sido alumno especialmente aventajado, han colocado un sector básico, estratégico para el desarrollo humano y para la conservación del medio ambiente, bajo las exclusivas leyes del mercado y del beneficio privado. Esta política ha sido extremadamente perjudicial para las personas usuarias, para los puestos de trabajo del sector, para las pymes, para el medio ambiente y para la seguridad. El mercado y el sector privado no pueden hacer frente en este campo a la satisfacción de las necesidades energéticas de los pueblos de Europa y menos aún a los desafíos planteados por el cambio climático y la sustitución de las energías fósiles.

   Defendemos la recuperación en España de un sector público energético adecuado para garantizar estos fines.

   Consideramos que la Unión Europea debe poner en pie una política energética basada en la consideración de la energía como un bien público mundial y no como una mercancía.

   Para ello es necesaria una política energética común, bajo control público sustentado en una Agencia Europea de la Energía que asegure el aprovisionamiento energético, las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público, las medidas de ahorro energético y la producción sin emisiones contaminantes. Su acción podría ser complementada por la creación de un Grupo de Interés Económico público-privado que integraría todas las empresas del sector bajo el principio de cooperación.

   El sector energético es un pilar esencial del nuevo modelo productivo que necesita la economía española.

   Apostamos por un nuevo modelo productivo, energético y de consumo, eficiente, con empleo de calidad y ecológicamente sostenible a largo plazo, con ahorro de recursos y transporte público, en el que la conciencia ecológica vaya en paralelo al proyecto socio-económico, generando un modelo no consumista. Apostamos por la intervención pública del mercado de la energía, dado que es estratégico, con fijación de precios máximos y servicios mínimos.

   • Fomentaremos la producción de energías limpias, destacando la fotovoltaica y la solar térmica, y la aplicación de tarifas progresivas.
   • Promoveremos la generación pública de electricidad por los municipios a partir de las fuentes renovables de energía.
   • Aumentaremos la inversión en I+D en el campo de las energías renovables.
   • Nos oponemos a la energía nuclear, tanto por sus riesgos y residuos como por su coste. La UE debe establecer una moratoria nuclear y el cierre de las centrales nucleares.
   • Fomentaremos el ahorro y la eficiencia energética.

   Impulsaremos que la normativa europea obligue al desarrollo de ordenanzas municipales que implanten criterios de eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de viviendas.

   Cambio Climático:
   

   La actual crisis financiera y económica no puede separar las amenazas del cambio climático de una reorientación de nuestras formas de producción y consumo. Estamos a favor de un desarrollo inmediato y consistente de un nuevo Tratado internacional siguiendo el 4º Informe del Panel
   Internacional sobre el Cambio Climático y a cumplirse en él el plan de acción de la UE para el periodo 2007-2009. Exigimos el total cumplimiento de todos los compromisos firmados y aceptados por la UE en todos los ámbitos del cambio climático y de las políticas energéticas. Los compromisos
   siguientes son lo mínimo para el desarrollo de los acuerdos sobre el clima ya firmados:

   • Reducir las emisiones globales un 30% para el 2020 y al menos un 80% para el 2050.
   • Aumentar el uso de energías renovables al menos un 25% para el 2020.
   • Reducir el consumo de energía primaria un 25% para el 2020 y aumentar la eficiencia energética en un 2% por año, incluyendo una limitación de consumo per cápita.
   • La industria y los productores intensivos de energía deben tener obligaciones de eficiencia.
   • El marco europeo de subsidios debe limitarse, por tanto, al sector de la energía eficiente y de las energías renovables.

   Nos oponemos a la reducción del Protocolo de Kioto a un sistema de mercado de cuota de emisiones. Para que pueda llevar a buen término el Tratado de Kioto 2, es necesario
   tener una nueva estrategia que permita que la reducción de emisiones favorezca un desarrollo más justo. Es necesario un nuevo paradigma que esté basado en la cooperación en vez de la competencia, empezando por la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, la financiación preferente para las tecnologías limpias y políticas de ajuste al cambio climático.

5. Agua

   El agua es un bien universal y su acceso ha de ser garantizado como un derecho humano.

   • Defendemos y proponemos una política de uso social, racional y sostenible integral del agua, primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral de las aguas.
   • Proponemos el mantenimiento de las capacidades de renovación de los ecosistemas fluviales, humedales, aguas costeras de transición y acuíferos, con aseguramiento de los caudales ecológicos y la aplicación de los planes de cuenca, más el estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en la planificación hidrológica de los Estados Miembros.
   • Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las fases del ciclo integral del agua y defendemos una política de tasas y cánones claramente progresiva.

6. Preservar la biodiversidad

   La UE debe considerar los recursos naturales como bienes de la humanidad, por lo que no pueden estar sujetos a sobreexplotación ni a los derechos de propiedad intelectual y las patentes.

   IU promoverá criterios y objetivos para la conservación del patrimonio natural en la ordenación del territorio y el urbanismo, en la agricultura, ganadería, pesca, turismo y transporte, entre otras políticas.

   Adoptar el principio de precaución asegurándose de que todos los procesos productivos, servicios e investigaciones se sometan a controles previos que eviten su acción nociva sobre los seres humanos y demás seres vivos.

   Apostamos por la definitiva implantación y desarrollo de la red de espacios naturales “Natura 2000” y por su conexión en términos ecológicos como medio de garantizar la protección de la biodiversidad y del paisaje.

7. Pesca

   Es necesario proteger los recursos pesqueros y, al mismo tiempo, lograr que la pesca artesanal tenga porvenir en España y en Europa. Su permanencia asegura una parte importante del desarrollo de las zonas litorales.

   Rechazamos la pretensión de la Comisión Europea de tratar de la misma forma a la gran pesca industrial, principal responsable del agotamiento de los recursos, que a los pescadores artesanales que son los principales interesados en el éxito de las políticas de preservación.

   Por ello, defendemos que la pesca artesanal salga de la consideración de sector sometido a la libre concurrencia y que, en consecuencia, pueda recibir ayudas nacionales y europeas para asegurar su viabilidad.

8. Suelo y agricultura

   • Apostamos por la soberanía alimentaria en el sector agrícola y ganadero, mediante la defensa e impulso de la explotación agrícola familiar, potenciando la recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y reconociendo el aporte medioambiental y de preservación que realiza la agricultura extensiva. Establecer un doble etiquetado con precio en origen y precio de venta al consumo.
   • Proponemos la declaración de zonas libre de transgénicos en Europa, así como la promoción de la agricultura ecológica.
   • Defendemos el desarrollo de una gestión forestal de prioridad ecológica, basada en la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir la degradación de la cubierta vegetal y la desertificación.

9. Residuos

   Es preciso reducir la generación de residuos y optimizar los flujos de materiales en la producción de bienes y servicios.

   • Exigimos el cumplimiento de los Planes de Residuos de todo tipo, priorizando los programas de concienciación social y los modelos de consumo sostenibles. Es necesario impulsar el desarrollo tecnológico para avanzar en la modernización de la gestión bajo los criterios de reducción, recuperación y reutilización.
   • Demandamos control sobre las concesiones a la gestión privada, para propiciar que el servicio llegue a todas las zonas independientemente de su densidad de población. Defendemos la gestión pública de los residuos tratándolos como materiales reutilizables o reciclables.
   • Nos oponemos a la incineración de residuos, ni para su eliminación, ni para su “valorización”.

   Aplicando el principio de precaución en el terreno de la contaminación electromagnética abogamos por que se compartan las infraestructuras de emisión, repetición y recepción armonizando normas en toda la UE para evitar los posibles efectos indeseados en la salud de las personas más sensibles, criaturas de poca edad y personas mayores.

   Hemos de considerar la necesidad de decrecer equitativamente en el gasto global de energía y materiales, así como en la generación de residuos, ya que el crecimiento económico basado en el uso creciente de recursos, materias y energía, ha rebasado los límites de la naturaleza, como es el caso del petróleo y de las emisiones de gases con efecto invernadero, y lo ha hecho a costa de las injustas desigualdades sociales y de las generaciones futuras.

   Proponemos extender la educación ambiental no sólo a las escuelas, sino a todos los ámbitos, como medida preventiva que favorezca la concienciación social sobre el desarrollo sostenible.