El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que “todos son iguales”, abonando el terreno al populismo.
Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado.
Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.
Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.
Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.
La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.
La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales.
El llamado “Pacto contra el Transfuguismo” suscrito entre las fuerzas políticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio.
Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.
Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por todo ello y ante la inminencia de las Elecciones Municipales y Autonómicas del próximo 22 de mayo, LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE IZQUIERDA UNIDA ASUMEN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:
1. Exigir al Gobierno la regulación por ley de la cuantía de los salarios de los cargos públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible.
2. Proponer la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.
3. Impulsar acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.
4. Establecer un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y Responsables de contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios, la construcción y el urbanismo.
5. Crear el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de contratación y facilitándoles toda la documentación e información administrativa.
6. Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales existentes (páginas web, información municipal…
7. Denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia aportando cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos.
8. Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística,
9. Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos.
10. No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas.
FIRMADO: CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE IZQUIERDA UNIDA
