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Desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid queremos reseñar en un día como hoy, por un lado, que en nuestra Comunidad viven 1.000.108 extranjeros, esto es, el 15,26% de los madrileños son extranjeros.
La distribución por razón de género es – prácticamente- al 50% entre hombres y mujeres, siendo las nacionalidades predominantes rumanos, marroquíes y ecuatorianos.
En Madrid capital los extranjeros suponen el 14´50% de la población y en ciudades como Móstoles el 14%, Alcalá de Henares el 21´35%, Parla el 26%, Coslada el 23% o Collado Villalba el 22´50%.
De ellos el 83 % se hallan en edad laboral, esto es, entre 16 y 65 años, recordando que las cifras de desempleo entre la población extranjera en su conjunto en España son del 36´53%, esto es, 1 de cada 5 parados en España es extranjero1. Son – por tanto- 1.221.800 personas extranjeras las que se encuentran en situación de desempleo.
Ha de señalarse -para no hacer análisis erróneos- que la mayor vulnerabilidad al paro por parte de la población extranjera deriva no de su factor de extranjería o nacionalidad sino de sus actividades laborales desarrolladas en sectores productivos que se han derrumbado y desmantelado: en el contexto de crisis laboral, económica y financiera que esta sufriendo especialmente la clase trabajadora, sus consecuencias económicas se agudizan sobre la población extranjera no por el hecho de su origen nacional sino por haber sido la mano de obra principalmente utilizada en esos sectores mas afectados.
Además, la pérdida de empleo entre la población extranjera puede generar la pérdida del estatuto jurídico de legalidad, generando “irregularidad sobrevenida”, conllevando inseguridad jurídica y exclusión social.
A ello se une el hecho de la ausencia de redes sociales y familiares lo suficientemente estructuradas como para sustentar familias en graves crisis que se hallan sufriendo – al igual que muchas familias españolas- el drama específico de los desahucios con especial virulencia.
No podemos olvidar tampoco el racismo y la discriminación cotidianos que también se produce contra españoles de otras etnias o de diferentes colores de piel o de otras religiones, valores o creencias que son estigmatizados social e institucionalmente.
Exigimos responsabilidad especialmente de los poderes públicos e instituciones, a fin de evitar discursos o actitudes racistas o xenófobas que pongan en riesgo la convivencia en la sociedad madrileña concretamente en un contexto de crisis donde se puede caer en la tentación de buscar falsos “chivos expiatorios” donde cargar discursos populistas y demagogos que puedan alimentar posiciones políticas articuladas de carácter racista.
1 Datos de la Encuesta de Población Activa del Cuarto Trimestre 2012
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que con el diseño y alcance de esta iniciativa –que cuenta con materiales gráficos y para las redes sociales propios- se busca “ampliar puntos de encuentro, aunar voluntades con asociaciones, colectivos y organizaciones del mundo de la educación e impulsar amplias movilizaciones para conseguir la retirada del proyecto de ley”
Izquierda Unida inicia hoy una “campaña intensiva” bajo el lema ‘LOMCE NO’ contra el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy. La campaña, coordinada por el Área Federal de Educación de IU, tiene como objetivo “explicar a la sociedad el carácter regresivo de esta ley antipedagógica, segregadora, antidemocrática, adoctrinadora y mercantilista”, según explica Enrique Díez, coordinador del Área.
Izquierda Unida persigue con el diseño y alcance de esta iniciativa “ampliar puntos de encuentro, aunar voluntades con asociaciones, colectivos y organizaciones del mundo de la educación e impulsar amplias movilizaciones para conseguir la retirada del proyecto de ley”, indica Díez.
“Buscamos –añade- que el Gobierno del PP acceda a tener un debate público, con participación de todos los sectores del ámbito escolar, sobre las necesidades reales de nuestro sistema educativo y las medidas concretas que pueden mejorar su calidad y su equidad”.
IU considera que con la LOMCE “estamos ante otra vertiente más de la ofensiva antisocial del PP, encabezada en este caso por el ministro José Ignacio Wert, uno de los más rechazados de todo el Gobierno”. Frente a ella, Enrique Díez detalla que “pretendemos desarrollar un amplio repertorio de actividades en todo el Estado, en el marco y con el apoyo viral de esta campaña, para explicar el rotundo rechazo de IU a esta ‘Ley Wert’ y exigir su retirada”. Un nuevo elemento que se une a las demandas que desde hace tiempo vienen haciendo sectores mayoritarios de la comunidad educativa, que ha sido la gran ausente en la gestación de esta ‘contrarreforma’ que se pretende imponer.
Mañana sábado 16 de Marzo se presenta el Área de Jóvenes de IU en la Sierra del Guadarrama y lo hacen con un festival que contará con las actuaciones de The Bandits Roots, Juantxo, Pablo Disperso y The Dark Paradise.
Comenzará a las 20 horas en el Sala El Capricho de Collado Villalba
La siguiente propuesta de IU-LV fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con lo votos en contra de los concejales del Partido Popular
Los ataques a la educación pública por parte de los encargados de administrar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid se están produciendo de diversas formas dentro de una estrategia planificada de lluvia fina en la que se recortan servicios, derechos y calidad.
Esta estrategia planificada se muestra recortando al fin y al cabo derechos de trabajadores y alumnos. Los trabajadores que forman parte de estos servicios no son solamente los profesores, sino son también aquellos servicios que a lo largo del tiempo se han vito privatizados al son de la falsa trompeta de la mejor gestión privada que nos es más que un discurso político tendencioso que no muestra en ningún dato real la verdad de tal afirmación.
Lo que si se muestra como real es que la privatización y el timo de la crisis están valiendo como acicate para empeorar los servicios público con el claro objetivo de acabar con ellos, algo que es de todos y para todos no es admisible para el testarudo discurso neoliberal. Para muestra nos encontramos ante la vuelta de rosca de los servicios de limpieza de los institutos de Madrid, incluidos los de esta comarca de la Sierra del Guadarrama y como no, el de Colmenarejo.
Se ha concedido el servicio de limpieza a la empresa Eulen a costa de contratar menos horas y menos personal de limpieza, o como ellos dicen “una reestructuración de personal de acuerdo a las nuevas necesidades del contrato”, algo que como no puede ser de otra manera generará más explotación a las trabajadoras que harán más trabajo por menos sueldo en menos horas y que tendrán que suplir el trabajo de sus compañeras despedidas. Es decir, menos horas y menos sueldo y más despidos. Elementos básicos de las políticas del PP en esta legislatura.
No obstante la nueva adjudicación de este servicio privatizado está demostrando a donde lleva la política de privatizaciones de la Comunidad de Madrid, por ello, desde IU creemos que la única solución definitiva sería que la Comunidad de Madrid cree una empresa pública de limpieza que agrupe a las trabajadoras de los centros, colegios e institutos afectados, manteniéndose los puestos de trabajo y las mismas condiciones laborales que tenían hasta ahora.
Por ello, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de Colmenarejo, propone al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo la adopción de la siguiente proposición:
Rechazar las medidas que pueden causar un perjuicio a la salubridad de nuestros centros educativos, solicitando el inmediato reingreso de los trabajadores despedidos por el acuerdo en los nuevos servicios de limpieza de los IES de la Comunidad de Madrid.
Mantener el número de horas de los trabajadores encargados de la limpieza de los IES de la Comunidad de Madrid.
Rechazar las políticas que basan el ahorra en el recorte del servicio educativo.
Comunicar dicho acuerdo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Desde los inicios del movimiento feminista, las mujeres estamos luchando por una sociedad mejor que iguale en derechos y oportunidades a todas las personas. Las mujeres hemos sido y seguimos siendo las impulsoras y promotoras de grandes cambios que han contribuido decididamente al enriquecimiento de la democracia, de tal manera que hemos demostrado positivamente que sin nosotras, ésta no existe.
Democracia significa que hombres y mujeres disponemos de las mismas oportunidades y derechos. Por ello nosotras reivindicamos nuestra incorporación activa y plena a todos aquellos ámbitos a los que aspiremos, y que nunca, por el hecho de ser mujeres, nos estén vetados, porque consideramos que la paridad es consustancial con la democracia.
Democracia significa que mujeres y hombres compartimos sin trabas ni vetos todo el tiempo y todos los espacios. Por eso no dejamos de insistir en que ambos deben distribuirse equitativamente, de tal manera que las responsabilidades sean compartidas.
Democracia significa pleno empleo, de calidad, bien retribuido, sin discriminaciones de ningún tipo. Por eso las mujeres feministas rechazamos la Reforma Laboral que comenzó el PSOE y que el PP ha concretado con unas condiciones casi de esclavitud y que perjudican gravemente a las mujeres. Democracia significa que cada persona es dueña de su cuerpo, de sus decisiones y de sus posiciones ante la vida. Por ello nosotras luchamos para que no nos obliguen a reproducir actitudes o comportamientos prefijados, sino que podamos ser autónomas y libres para disponer de nuestra existencia.
Por eso defenderemos decididamente que no se modifique de manera restrictiva el aborto, ni ningún derecho sexual y que no estamos dispuestas a que la iglesia católica siga interfiriendo en la vida de las mujeres.
Democracia significa que las diferencias, diversidades y opciones no marcan ningún tipo de exclusión o discriminación. De ahí que las mujeres no cejemos en nuestro empeño en que se acaben de una vez por todas, todos los comportamientos sexistas y patriarcales. Por eso desde IU defendemos una sociedad que no consienta, ni permita, ni avale que las mujeres sigan siendo discriminadas ni explotadas en ninguna de sus formas.
Democracia significa que el respeto y la libertad son valores irrenunciables. Por ello para nosotras la autonomía personal y económica, la capacidad de movimiento, de elección y el empleo, son derechos que conforman el concepto de igualdad de género.
Democracia significa que el Estado atiende a través de los servicios públicos, todas las necesidades de la ciudadanía. Por eso nos oponemos a las leyes como la de la dependencia que nos relega a los cuidados, por eso nos revelamos ante todo tipo de involuciones sociales que conlleven que a las mujeres se nos arrebaten los derechos conquistados.
Democracia significa erradicar de las estructuras sociales todos los condicionantes, costumbres o formas culturales que discriminen o excluyan. Por eso las mujeres feministas luchamos por una sociedad en la que hombres y mujeres sean iguales y donde la justicia y la equidad sean los cimientos fundamentales en los que se base la política.
La siguiente propuesta del grupo municipal de IU-LV fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con los votos en contra de los seis concejales del Partido Popular
Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Partido Popular, una ley que plantea nuevas tasas judiciales y que ha tenido el rechazo unánime de la oposición y de todos los sectores profesionales: abogados, fiscales, procuradores y jueces, así como de diversas asociaciones, entre otras la de consumidores y usuarios.
La constitución Española en su art. 24 garantiza la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, con la nueva ley de tasas se imponen tasas para acceder a la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social, salvo algunas excepciones, lo que supone un ataque a la ciudadanía, ya que una parte de la misma no podrá entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes.
Las nuevas tasas lejos de ser disuasorias, para evitar litigar por litigar, vienen a limitar por la vía económica el acceso a la Justicia, lo que significa que lo que hasta ahora era un derecho público al alcance de todos pase a ser ahora inaccesible para muchas personas.
Si litigar no resultaba fácil, puesto que existen gastos previos de procuradores, abogados, peritos u otros profesionales que han de intervenir en los procesos judiciales aunque en ocasiones se recupere por la condena en costas de forma que paga quien pierde el litigio, las tasas judiciales suponen un impedimento a la propia tutela judicial. De esta forma, sólo a las personas con rentas altas les va a estar permitido el acceso a lo que es un derecho público como el acceso a la Justicia.
En base a ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes de Colmenarejo realiza al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo la siguiente propuesta de acuerdo:
PROPUESTA:
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Colmenarejo acuerda:
Instar al Gobierno de la Nación y en particular al Ministro de Justicia a que adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales y garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de las mismas.
Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a las Asociaciones más representativas de Jueces y Fiscales, a los colegios oficiales de abogados y procuradores, y a las organizaciones de Consumidores y Usuarios.
La siguiente propuesta del grupo municipal de IU-LV no prosperó por los votos en contra de los seis concejales del Partido Popular de Colmenarejo y la abstención de los dos de VICO
Tanto los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 como los de la Comunidad de Madrid, profundizan aún más en la tendencia negativa iniciada en el año 2010 al contemplarse en ambos un recorte del gasto educativo sin precedentes. En el caso de nuestra Comunidad este recorte presupuestario supone un recorte inicial del 9,2% respecto al gasto educativo efectuado en 2012.
Los datos del Ministerio de Educación demuestran que el gasto educativo de la Comunidad de Madrid es el más bajo de todo el Estado. Nuestra región destina el 1,73% de los presupuestos (en 2009 fue un 2,69%) ese 1,73% queda a mucha diferencia de la media española que está situada en el 3,57%.
Desde la llegada del Gobierno del PP al gobierno de la nación, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Eso tan solo en poco más de un año de gobierno del PP.
En la Comunidad de Madrid, los presupuestos aprobados por el PP supondrán, entre otras las siguientes medidas, 745 profesores menos que se suman a los 4.300 que ya han despedido en los dos últimos años. En la Educación Secundaria habrá 555 profesores menos, mientras hay 1.800 alumnos más que el curso pasado, 190 profesores menos en Primaria y 40 profesores menos dedicados a los planes de educación compensatoria y educación de adultos. Desaparecen las 310.000 becasde libros de texto y las 110.000 de comedor escolar que ya fueron eliminadas en la Ley de Modificación de Presupuestos de 2012. Sólo habrá ayudas de comedor para 50.000 niños/as, lo que significa que cuando más aumentan las necesidades sociales de las familias por la situación económica precaria que atraviesan por el desempleo que sufre la Región, un 25% menos de niños que en 2012 podrán utilizar gratuitamente los servicios de comedor escolar.
Las inversiones en las universidades públicas se reducen en un 53% (ya suma un 85% en los cinco últimos años), apenas 6,6 millones de € a lo que deben sumarse los 170 millones derivados de la modificación presupuestaria del mes de junio y la subida de tasas decretada por la Consejería que supone un aumento de entre 300 y 360 € más de media por alumno y curso, mientras que las políticas de Investigación se reducen un 35%, destinando tan solo 40,7 millones, el presupuesto más bajo de la historia del programa.
Esta injusticia en la educación pública se relaciona con otra característica del Gobierno regional que no es otra que el fuerte incremento del dinero destinado para la enseñanza privada concertada que no ha cesado de aumentar su peso en el presupuesto desde que Esperanza Aguirre llegó a la Presidencia de la Comunidad y que ahora continúa Ignacio González. No sólo mantienen todas las becas de escolarización y el presupuesto para conciertos, si no que se mantienen las desgravaciones fiscales para gastos escolares a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a la enseñanza privada con ingresos de hasta 30.000 € por cada miembro de la unidad familiar.
Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España había descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la falta de compromiso de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.
Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica supone una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y, supone un retroceso al sistema de enseñanza de la época de Franco.
Un Anteproyecto de Ley que a falta de un diagnóstico previo y riguroso, solo se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que la respalde y sin contar con la comunidad educativa, y se plantea en plena crisis económica, sin financiación y tras los brutales recortes señalados, que no obstante, se proclama cínicamente en su propio texto como primer objetivo “la mejora de la calidad educativa”.
Es una reforma que retrotrae a la educación española a épocas anteriores a la Ley educativa de 1970 convirtiéndola en una carrera de obstáculos con continuas reválidas, una enseñanza basada en la presión del examen en vez de un modelo educativo centrado en las necesidades del alumnado para contribuir al éxito escolar de todas y todos.
Es una reforma segregadora que desde los trece años abre hasta tres vías selectivas, que acaba con la formación común, establecida en la Constitución Española, en la etapa obligatoria y que atenta contra la igualdad de oportunidades a través de programas diferenciados y currículos diferentes que clasificarán a los alumnos en itinerarios educativos de muy diferentes categorías, atentando contra la equidad social. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por “elegir” prematuramente, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.
Es una reforma antidemocrática que diluye las competencias del consejo escolar, relegándolo a funciones meramente consultivas y desmantelando así la participación democrática y concentrando las decisiones en un modelo de dirección gerencial y controlado desde la propia administración educativa.
Es una reforma controladora, que desconfía de los profesionales de la educación, que vuelve a la recentralización del currículo y a su control a través de las evaluaciones externas al final de cada etapa que serán las que determinen los nivel de exigencia y, por tanto también, las programaciones del profesorado.
Es una reforma que instituye la gestión empresarial de los centros públicos, que atenta contra los derechos laborales del profesorado al que, cual peones intercambiables, se podrá desplazar –forzosamente- de centro, de etapa, e incluso de asignatura.
Es una reforma centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como ya se está haciendo en la propia Comunidad de Madrid, todo ello con el fin de que los “clientes” comparen y, supuestamente, elijan el centro educativo que más les convenga en ese mercado del negocio que el PP trata de convertir la educación.
Es una reforma privatizadora, que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” a la hora de desarrollar funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo. Una reforma que plantea medidas para favorecer, de forma descarada, a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, quedando incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal los centros concertados que discriminan al alumnado por razón de sexo, haciendo caso omiso a la reciente sentencia, en este sentido, del Tribunal Supremo.
Es una reforma en la que, nuevamente, la Conferencia Episcopal impone la asignatura de religión dentro del currículo escolar de un estado aconfesional, obligando al alumnado que no quiera cursarla a elegir una asignatura alternativa.
Todos estos cambios con los que el Gobierno del PP pretende dar la vuelta al sistema educativo español, viejas recetas de un pensamiento clasista y segregador ya probadas en épocas pasadas con resultados conocidos, son los que la comunidad científica internacional vienen rechazando de plano, porque lejos de servir para construir la escuela del futuro y de contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, su único objetivo es la restauración de la mala educación de una época, la franquista, que creíamos felizmente superada.
Por ello, el Grupo Municipal de IU-LV de Colmenarejo en el Ayuntamiento de Colmenarejo eleva al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo la siguiente propuesta de acuerdo:
Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” similar a educación como el que está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.
De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.
Izquierda Unida, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA-Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional como acusación popular contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de contra los que fueron responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo por las supuestas comisiones irregulares recibidas por el partido y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo. La querella va dirigida también contra los directivos de ocho empresas que habrían realizado presuntamente estos pagos, además de al ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un «nombre codificado» o un alias.
La querella se presenta por la probable y posible comisión de los delitos de asociación ilícita, alternación de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento y falsedad y apropiación indebida de fondos electorales, ente otros.
