A sample text widget
Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis
euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.
Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.
Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,
suscipit in posuere in, interdum non magna.
|
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en educación. Pero los compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán otros 15.000 millones hasta 2015, reduciendo el gasto público educativo al 3,9% del PIB, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.
Los drásticos recortes aplicados están ahondado el deterioro progresivo de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
Estos recortes se quieren afianzar mediante una reforma educativa plasmada en la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El Anteproyecto de dicha Ley, que ya va por su tercera versión.
Por ello, hoy jueves, 9 de mayo, el conjunto de la comunidad educativa volverá a decir NO a la LOMCE. Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid llama a secundar el paro estatal que comprenderá a todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por la educación primaria y secundaria y a las enseñanzas de régimen especial.
Cabe resaltar la importancia de esta convocatoria que dice NO a una ley que no responde a necesidades educativas, es preconstitucional, privatizadora, antidemocrática, genera desigualdad, precariza a los docentes y reduce la educación a un objeto de consumo y no a un derecho universal.
La manifestación tendrá lugar a las 18.30 entre Neptuno y Sol.
CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD PÚBLICA
COLMENAREJO
CENTRO DE SALUD VIERNES 10 DE MAYO DE 9:00h. A 21:00h.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 suponen la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos y la fusión de sus servicios sanitarios. También imponen la privatización de la gestión de 27 centros de atención primaria y la implantación del euro por receta.
Estas medidas son un paso más en un proceso de privatización previamente planificado que se inicia en 1991 con el Informe Martorell: reducción de las prestaciones sanitarias, repago por acudir a consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, cobro del 40% de las recetas a los pensionistas, y potenciar la participación de la empresa privada en el sistema sanitario público. Hubo una intensa movilización social que culminó en una Huelga General que hizo que fuera descartado de forma oficial, pero se convirtió en la hoja de ruta del proceso de privatización.
En 1997 se aprueba, la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, que permite que los centros sanitarios sean gestionados por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da entrada al ánimo de lucro en la sanidad pública.
El primer hospital de financiación pública y gestión privada se inauguró en 1999 en Alcira. En 2003 el hospital de Alcira presenta pérdidas superiores a los 5 millones de euros. El gobierno de la comunidad valenciana fue al rescate de la empresa gestora pagando 43,9 millones de euros en concepto de bienes y 26 millones en concepto de indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban. El contrato de gestión se rescindió, pero la nueva adjudicación, un contrato en el que se sumaban a este hospital 13 Centros de Salud y una mejora de las condiciones económicas, recayó sobre la misma empresa.
Este modelo no solo incrementa los gastos públicos sino que en caso de pérdidas estas son cubiertas por las administraciones públicas. En 2011 siete hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid reclamaron 80 millones de euros por gastos no esperados y un aumento en la asignación anual de 9,8 millones.
Los estudios realizados en Gran Bretaña, donde este modelo lleva más tiempo implantado, demuestran que los costes se multiplican por 6 respecto a los de un hospital de gestión pública. Pero lo más grave es que la gestión privada no solo es más cara, sino que revierte en servicios de peor calidad, como denuncia la propia Organización Mundial de la Salud. Los hospitales de gestión privada presentan mayores porcentajes de mortalidad y de complicaciones post-operatorias aún a pesar de que en ellos se realiza un menor número de intervenciones de riesgo. La gestión privada de los hospitales termina en manos de empresas constructoras, aseguradoras o financieras, en muchos casos vinculadas a tramas de corrupción o ligadas a fondos de capital riesgo.
La justificación para la privatización de la sanidad se basa en la mentira de que la sanidad pública española es insostenible debido a su elevado gasto y que la gestión privada nos permite obtener mejores resultados reduciendo costes. Sin embargo en el Estado español el gasto sanitario (al igual que el gasto en educación y prestaciones sociales) es inferior a la media de la Unión Europea y está por debajo del promedio de la OCDE en gasto per cápita. El problema del déficit público no es el elevado gasto, como nos hacen creer, sino los ingresos insuficientes. España es uno de los países de la Unión Europea donde los ingresos son más bajos, porque las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos y el fraude fiscal anual se eleva a unos 90 mil millones de euros, de los cuales 3/4 partes proviene de estas mismas grandes empresas y grandes fortunas, en manos de las cuales se pretenden dejar los servicios públicos.
Tras casi seis años de crisis, todos los intentos de sacarnos de la misma han fracasado, aquí y en cuantos países aceptaron con mayor o menor entusiasmo aplicar las recetas de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, más conocidos como la troika.
La insistencia del Gobierno de la nación en las políticas ya fracasadas no nos llevan a otro sitio que el que ya conocemos: más paro, más desregulación laboral, más privatizaciones, y más crisis social y política.
Antes, el gobierno del PSOE, y ahora el del PP, aceptaron y aceptan los dictados de los mercados así como instrucciones que llegan de Bruselas o Berlín, desatendiendo las necesidades sociales básicas del conjunto de la población, a la vez que presentan como propias y útiles las exigencias de unos dirigentes europeos que ya no se reconocen en las señas que dieron identidad a la propia Europa.
En la Comunidad de Madrid, y en su gobierno del PP, estas políticas alcanzan ya grados de paranoia y se proclaman ellos mismos como los más fervientes defensores de las políticas de recorte del gasto, las privatizaciones de los servicios públicos y las reformas laborales; abrazan el sálvese quien pueda y la confrontación territorial y evidencian su odio a los sindicatos, al pago de impuestos justos y a las políticas públicas, manifestaciones todas ellas propias de la extrema derecha.
El desempleo, que en nuestra Comunidad alcanza ya a 682.000 personas (el 20,35% según los últimos datos de la EPA) y que en todo el país llega a los seis millones de parados no encuentra freno. Mientras tanto, se reduce la cobertura por desempleo, aumenta el paro de larga duración y el número de los hogares con todos sus miembros en paro.
La contestación social a este estado de cosas, ha sido contundente: dos Huelgas Generales, la Marea Verde en defensa de la Enseñanza Pública, la Marea Blanca en defensa de nuestro Sistema Nacional de Salud, la Marea Violeta en defensa de los derechos de las mujeres, la movilización contra la privatización del Canal de Isabel II, la lucha ejemplar de los trabajadores de Telemadrid, la lucha comprometida de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas contra los desahucios y las muestras evidentes de la corrupción en el seno del PP han marcado la pérdida de la iniciativa de un Gobierno, el de Madrid,agotado y desbordado.
La reforma laboral socava los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras y está provocando, además de un aumento brutal de los despidos la rebaja generalizada de los salarios, también como consecuencia directa de la reforma laboral el próximo 7 de julio miles de trabajadores de nuestra comunidad y del conjunto del estado, pueden perder sus Convenios Colectivos que dejarán de ser efectivos si no se alcanzan acuerdos de renovación, situación esta que está siendo aprovechada por la patronal para dejar caer los convenios y que los mismos queden sin efecto.
Los recientes recortes en las pensiones así como los anunciados vinculados al supuesto “factor de sostenibilidad” dibujan, también en esta materia, un panorama preocupante y tiran por tierra los compromisos de diálogo vinculados al Pacto de Toledo.
La contestación a las protestas solo ha tenido una respuesta: la criminalización de quienes protestaban, la limitación y el obstáculo al ejercicio de derechos fundamentales y la reconversión de las protestas en problemas de orden público, por parte de un gobierno que ya no tiene crédito ni entre los que le votaron.
Es por ello, que en este 1º de Mayo se presenta como una necesidad de primer orden, la unión de cuantos consideran urgente derrotar al Partido Popular, derogar la reforma laboral, revertir los recortes y las privatizaciones, acabar con la corrupción y defender la democracia frente a quienes la supeditan a los dictados de los mercados.
Para defender un programa que se asiente en el reconocimiento del valor del trabajo y del empleo con derechos, la defensa de los servicios públicos y la construcción de un estado social avanzado, la reforma fiscal progresiva, la banca pública y la defensa de la democracia.
Desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, ponemos de manifiesto nuestra disposición a luchar por la convergencia unitaria de las gentes de izquierdas para derrotar política, social y electoralmente a la derecha y construir instituciones democráticas y de gobierno que den respuesta a las demandas de la ciudadanía.
Reconocemos el papel fundamental que corresponde jugar a las trabajadoras y trabajadores españoles en general y a los madrileños en particular, a la hora de organizar la alternativa a las políticas fracasadas del PP y les animamos en este 1º de Mayo a intensificar las luchas por recuperar los derechos injustamente arrebatados. Pueden tener la certeza de que estamos a su lado.
Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras, con sus luchas, con sus anhelos y con sus demandas que son las nuestras.
Viva el 1º de Mayo.
Viva la unidad de la clase trabajadora.
Propuesta rechazada por el pleno del ayuntamiento con los votos del Partido Popular y el voto de calidad de la alcaldesa al encontrarse ausente un concejal de VICO
El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno.
La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.
En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional.
Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.
La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.
La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-.
Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permanente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:
- Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.
- Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
- Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones.
- Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
- Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
- Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
- Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
- Supresión del principio de auto organización municipal y autonomía local.
- Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
- Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
Por todo lo cual, el grupo municipal de IU-LV llevó al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo la toma en consideración de los siguientes
ACUERDOS
- Mostrar su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.
- Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo.
- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
- Comunica igualmente al gobierno central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.
- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.
Qué es el Foro Sindical de Izquierda Unida
Es un espacio estable, permanente, horizontal y abierto donde los y las sindicalistas de Madrid, amigos y amigas, simpatizan tes y afiliadas y afiliados a Izquierda Unida intercambiamos opiniones, debatimos y tomamos posición frente a los principales problemas que hoy aquejan al mundo del trabajo en el ámbitode la política.
¿Cuáles son los objetivos del Foro?
Facilitar a Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid una mayor y mejor comprensió́n de los anhelos, dificultades y demandas tanto generales como sectoriales de quienes trabajan en nuestra Comunidad, ante la difícil situación económica y política que estamos atravesando, así como impulsar el debate político con sindicalistas acercando la política de la izquierda alternativa al mundo del trabajo, posibilitando que las alternativas y propuestas de Izquierda Unida puedan ser conocidas por amplios colectivos de trabajadores.
¿Qué nos proponemos con el Foro?
Abrir nuevos cauces de participación tanto para la elaboración de la alternativa como para la propuesta a los órganos de gobierno de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, al objeto de facilitar la convergencia programática.
¿Cómo funciona el Foro Sindical de Izquierda Unida?
Por medio de reuniones plenarias que se celebrarán con regulari- dad y donde serán objeto de debate los asuntos que resulten de más interés para el conjunto.
¿Cómo puedes participar en el Foro?
Sólo tienes que apuntarte remitiéndonos un correo a la siguiente dirección: iucm.servicios@nodo50.org y recibirás todas las convocatorias, así como la información complementaria que resulte útil para el debate.
́
¿Cuándo será la primera reunión del Foro?
El próximo miércoles 24 de abril tendrá lugar la presentación pública del Foro Sindical de IUCM y su primera reunión a las 17:00 horas en el Centro ‘Abogados de Atocha’ (calle Sebastian Herrera,12, Madrid).
El próximo jueves 25 de abril se celebrará el pleno ordinario cuyo orden del día es el siguiente:
Parte Resolutoria
1.- Aprobacion del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de la alcaldía sobre ejecución de sentencia núm. 1097 TSJM.
3.- Propuesta de la alcaldía sobre convenio básico bilateral entre el organismo autónomo jefatura central de tráfico y la entidad local de Colmenarejo, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el organismo autónomo jefatura central de tráfico y la federación española de municipios y provincias en materia de seguridad vial.
4.- Propuesta de la alcaldía sobre modificación puntual núm. 9 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Colmenarejo para modificar determinadas condiciones de diversas ordenanzas municipales.
5.- Propuesta de la concejalía de educación sobre campamento de verano 2013.
6.- Propuesta de la concejalía de servicios sociales para la adhesión al fondo social de viviendas, promovido por los ministerios de economía y competitividad, de fomento, de sanidad, de servicios sociales e igualdad, la federación española de municipios y provincias, la plataforma del tercer sector y diversas entidades bancarias.
7.- Reglamento regulador del servicio público de gestión punto limpio, recogida de residuos sólidos urbanos, de podas y enseres y limpieza viaria del ayuntamiento de Colmenarejo.
8.- Proposición del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes contra la problemática de los desahucios y en cumplimiento de la sentencia del tribunal europeo.
9.- Proposición del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre pensiones.
10.- Proposición del grupo municipal Alternativa por Colmenarejo de acuerdo para la creación de la ordenanza de actos comunicados para la concesión de licencia de obra menor.
11.- Proposición del grupo municipal Alternativa por Colmenarejo de acuerdo para la modificación del procedimiento ordinario de otorgamiento de licencia de obra menor.
12.- Renuncia al cargo de concejal de D. Rodolfo Parrondo martin (VICO) y de D. Javier Pérez Olivencia a asumir el cargo de concejal.
Parte de Control
13.- Requerimiento del grupo municipal alternativa por Colmenarejo, de presencia e información de la Sra. alcaldesa, o en su caso de quien tenga delegadas las competencias, sobre posible vulneración del deber de confidencialidad en el caso de denuncias presentadas por ciudadanos.
14.- Requerimiento del grupo municipal alternativa por Colmenarejo, de presencia e información de la Sra. alcaldesa, para que dé cuenta al pleno de las razones y criterios seguidos para el cambio de puestos de trabajo de trabajadores municipales.
15.- Informe ejecución plan de ajuste 1t 2013.
16.- Decretos.
17.- Asuntos urgentes.
18.- Mociones, ruegos y preguntas.
El 20 de Abril de 2013, se cumplen 50 años del asesinato del dirigente comunista Julián Grimau, condenado bajo falsas acusaciones por un tribunal militar franquista y fusilado en la madrugada del 20 de abril de 1963. Héroe del Cuartel de la Montaña y del combate antifascista en la sierra madrileña, dirigente comunista en la clandestinidad de la larga noche de piedra del franquismo en los años 60.
Conducido por la policía del régimen a la Dirección General de Seguridad, las torturas y vejaciones a que fue sometido no consiguieron arrancarle más que su nombre y el orgulloso reconocimiento de su condición de comunista.
La clase obrera internacional se lanzó a la calle en numerosos países exigiendo su libertad. En los puertos del mundo, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid exigiendo la paralización del juicio farsa. El juicio contra Grimau fue el escarmiento ejemplarizante de la dictadura fascista de los monopolios, contra una clase obrera y una juventud que comenzaban a levantarse en las fábricas y en los centros de estudios bajo la roja bandera del trabajo, de la lucha contra la dictadura y la explotación capitalista, bajo la bandera comunista.
– Hoy que la dictadura del capital se ejerce cada vez con mayor brutalidad contra una clase obrera y un pueblo salvajemente golpeados por el capitalismo en crisis estructural , bajo las imposiciones y dictados del bloque imperialista europeo , arrojando cada día a la calle y a la miseria a miles de trabajadores y trabajadoras,
-Hoy que día a día se va desembarazando la oligarquía dominante parasitaria de los maquillajes democrático-formales que otrora se dio como consecuencia de la lucha obrera y popular y para hacer posible la integración de España en el bloque imperialista europeo,
-Hoy que sigue vigente la ley de punto final y que en muchos casos la memoria histórica se reduce a un ejercicio de exhumación de huesos en las fosas comunes para trasladarlos a un Camposanto, para la mal llamada dignificación de las víctimas del franquismo como si en algún momento los combatientes antifascistas hubiesen perdido su dignidad,
La figura del comunista Julián Grimau nos recuerda que el mejor homenaje a los caídos en combate contra el fascismo es continuar su lucha, levantar su bandera.
Julian Grimau no es memoria ni pasado: es futuro, es resistencia y contraataque de la Clase obrera, es unidad popular bajo la dirección de la clase obrera para derrocar a la bestia capitalista e instaurar el Poder Obrero, la República Socialista.
¡POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA!
¡FRENTE OBRERO Y POPULAR POR EL SOCIALISMO!
¡TODO PARA LA CLASE OBRERA!
En estos últimos tiempos estamos viviendo nuevos escándalos de corrupción que están afectando de manera bastante acusada en la Comunidad Valenciana. Con el caso Gürtel, con Brugal en Alicante, el caso Emarsa, el caso Noos, la trama de Blasco con dinero destinado a cooperación, etc.
Y ahora estalla otro escándalo que vuelve a salpicar al Partido Popular con el caso Bárcenas, el ex tesorero del PP, con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes del PP. Un caso que además está señalando al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Todo esto en la peor situación económica por la que está pasando nuestro país, con ya 6 millones de parados, con políticas impuestas por la troika, de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la ciudadanía.
Este tipo de prácticas desde la administración pública están distanciando cada vez más a los dirigentes políticos de la ciudadanía y están deteriorando la democracia.
Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados se ha reclamado al Gobierno la convocatoria de un pleno urgente para debatir y aprobar un plan de medidas urgentes para perseguir la corrupción política y empresarial. En este plan contra la corrupción debería regular las actividades de los partidos políticos, cargos directivos, electos, de libre designación y apoderados de todos ellos, así como establecer la responsabilidad subsidiaria de las formaciones políticas o los órganos colegiados de las mismas.
Estas propuestas de IU Colmenarejo fueron aprobadas con los votos a favor de todos lo miembros del Pleno del Ayuntamiento con la excepción del los concejales del Partido Popular que votaron en contra.
- Instar al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra la corrupción (siguiendo las recomendaciones específicas para España del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa).
- Cambios en el Código Penal para definir responsabilidades penales a los corruptos, cambios en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades, cambios en la LeyElectoral para limitar el coste de las campañas electorales, cambios en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para limitar las donaciones anónimas y mejorar el control de las subvenciones públicas a los partidos.
- Hacer más transparente la gestión municipal. (Las decisiones del Ayuntamiento deberán publicitarse siempre por medio de las redes sociales, haciendo que el ciudadano gane confianza en la gestión de sus representantes).
- Fomentar la apertura de datos públicos.(Los datos en manos de los ayuntamientos deben ser considerados PÚBLICOS, con la excepción de aquellos amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, dado que todas las gestiones son realizadas partiendo de dinero público, es decir, lo que aporta el ciudadano y por tanto esos datos deben estar a disposición de forma permanente y sin trabas, agilizando todos y cada uno de los procesos implicados en este objetivo. Deben ser datos estructurados, legibles y utilizables)
|
|
