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Proceso constituyente y nuevo proyecto de país

Este fin de semana Izquierda Unida realizará unas jornadas para debatir y perfilar un proceso constituyente y un nuevo proyecto de país. Las jornadas se celebrarán en la sede federal de la calle Olimpo de Madrid y el programa se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.izquierda-unida.es/node/10690

 

El manifiesto base de estas jornadas lo reproducimos en nuestra web en tres partes que aparecerán entre hoy y el domingo.

 

“Salir de crisis de la crisis, constituyendo un nuevo país”

 

En los años transcurridos desde el inicio de esta profunda crisis económica, los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vértigo, sin  que a fecha de hoy nadie pueda decir que la crisis remite. Al contrario: todas las medidas de recorte y contrarreforma fiscal y laboral adoptadas por los partidos hegemónicos en el Régimen de la Constitución del 78 –Partido Popular y  PSOE fundamentalmente- para calmar a “los mercados”, han provocado que la ofensiva del capital financiero internacional para acabar con el débil Estado Social  y de Derecho español se intensifique, multiplicándose los ataques contra la mayoría social y contra la débil economía productiva española por parte de los distintos brazos ejecutores del neoliberalismo desregulador: mercados, agencias de calificación, transnacionales de la energía y la alimentación, grupos financieros, etc.

 

El Régimen de la Constitución de 1978 se ha convertido en la coartada de un sistema criminal concebido y ejecutado por élites nacionales y extranjeras, dirigido contra todos los españoles que no pertenecen al reducido grupo de las oligarquías financieras, las plutocracias establecidas o sus servidores. Un plan criminal – perfectamente legal, según la Constitución de 1978- que continúa ejecutándose en la absoluta impunidad, si bien con un claro  incremento de la protesta social y de la rebeldía frente a esta situación por parte de quienes más padecen la crisis y rechazan los traumáticos recortes sociales impuestos. Este rebrote de la contestación social, a su vez está provocando que el gobierno pretenda criminalizar la protesta y la disidencia, tipificando como delito la legítima movilización social, dándole tratamiento de “terrorismo callejero.