El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre su maternidad ha de ser de las mujeres, sea cual sea la causa que motive su decisión, y no puede estar penado ni directa ni indirectamente ni tampoco ser sometido a tutela. Una sociedad que avanza o debería de avanzar hacia la igualdad y hacia el respeto a la mujer debería empezar por garantizar la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en la red pública.
Los países de nuestro entorno europeo, a excepción de Irlanda, disponen ya de una ley de plazos plenamente respetuosa con la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su propia maternidad, sin necesidad de apelar a alguna indicación, ni tutela. La IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995, ya recomendó revisar cualquier legislación punitiva del aborto, pero los cambios todavía no se han producido en la legislación española. También el Parlamento Europeo recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, segura y accesible para todas las mujeres.
A la ambigüedad de nuestra legislación hay que sumar que existen una serie de cuestiones que agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados.
Por todo ello, ante los últimos hechos acaecidos de ataques injustificados a las clínicas abortivas y sus trabajadores y trabajadoras en la Comunidad de Madrid por parte de asociaciones ultracatólicas y conservadoras, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Colmenarejo, presenta para su aprobación en el Pleno a celebrar en enero de 2008, la siguiente moción;
{“El Ayuntamiento de Colmenarejo insta al Gobierno de la Nación a que se inicie un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que aborde entre otros aspectos los siguientes:
– El derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias, procediendo para ello a las oportunas reformas del Código Penal que nos permitan evolucionar hacia un sistema de plazos.
– La generalización de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública.
– La regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
– La mejora del sistema de información, financiación y acceso de los anticonceptivos.
– La introducción en el currículo escolar de contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual.”
}
