¿Qué supone la reforma de la Constitución?
La reforma que proponen PP y PSOE consiste en limitar desde la constitución el déficit y considerar con prioridad absoluta el pago de la deuda pública. El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas.
Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad.
La propuesta de reforma de la Constitución forma parte del núcleo duro de la política neoliberal de la UE que ya intentaron imponer con el proyecto de Constitución Europea que –por desgracia, sólo temporalmente– tanto el pueblo francés como el irlandés mandaron a la basura de la historia con la victoria del NO en sus respectivos referéndums (la posición que defendió IU en España).
Esa propuesta es el ejemplo más acabado del llamado Consenso de Bruselas que puso de acuerdo a conservadores y socialdemócratas para implantar en toda la UE las políticas neoliberales. Es una garantía para el cumplimiento del “semestre europeo” que garantiza la imposición de los criterios de la Comisión Europea sobre los acuerdos de los parlamentos nacionales y confirma bajo su auténtica forma de golpe antidemocrático la revolución siensiosa que anunció Durao Barroso, Presidente de la Comisión.
¿Ayuda la reforma a salir de la crisis?
Para salir de la crisis es necesario adoptar el camino contrario al que representa la reforma del PSOE y PP. Es decir, estimular la actividad económica y facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos. Y eso supone que el Estado impulse un programa de inversión pública para hacerlo posible. El sector privado no invertirá en medio de esta crisis. Un ejemplo de ello es el comportamiento del sector financiero que tras ser rescatado sigue sin abrir el grifo del crédito para facilitar la creación de empleo.
Por tanto, la reforma de la Constitución impulsada por PSOE y PP es una medida que impedirá salir de la crisis y hará imposible que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno.
Esta medida es un golpe de mercado contra nuestro sistema democrático. Es un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia. Los intereses de los Consejos de Administración de los grandes grupos financieros se imponen a la voluntad democrática. El interés general queda relegado y las decisiones se toman en función del interés particular de pequeños grupos.
Este acuerdo constata que existen escasas diferencias en materia de política económica entre el PSOE y el PP. Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló en el Congreso, por sorpresa y en diez minutos: los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy en aceptarla.
La reforma rompe el consenso que permitió una Constitución que no impedía la aplicación de políticas progresistas y de ello son responsables las fuerzas que la apoyan, principalmente PP y PSOE.
Lamentablemente, la Constitución no se ha desarrollado para garantizar la exigencia y efectividad de los derechos en ella reconocidos, ni para garantizar más justicia social o eliminar los paraísos fiscales.
¿Por qué quieren reformarla?
Quieren salir de la crisis sacrificando (o enterrando) el Estado del Bienestar. El problema de fondo es que lo que persiguen el capital financiero, la derecha económica y política es aprovechar esta crisis para reducir los “excesos”. Y los excesos son los sistemas públicos de protección (educación, sanidad, servicios sociales) y las conquistas sociales adquiridas en el último siglo (prestaciones por desempleo, derechos laborales, sistemas públicos de jubilación…) Todos estos sistemas representan nuevas oportunidades de negocio para los “mercados” que no son otros que los grupos de inversión y especulación financiera.
El retraso de la edad de jubilación supone una mayor incertidumbre para miles de trabajadores. Y esta incertidumbre se traduce en mayores posibilidades de venta de planes de pensiones privados. Un importante negocio para los bancos y grupos de inversión que apenas está desarrollado en nuestro país precisamente gracias a la fortaleza del sistema público de pensiones.
Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales supondrán nuevas oportunidades para el sector privado así como para los bancos que financiarán este proceso de privatización de los servicios públicos.
Y con estos objetivos se explica su propuesta reformar la Constitución para limitar el gasto público exigiendo una eliminación del déficit público.
Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.
Algunos antecedentes que conviene recordar
En Octubre del 2010 el Consejo Europeo, (formado por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países que forman la UE) aprobó una reforma del Tratado de Lisboa, que aunque algo descafeinada, recogía los principios generales de una importante reforma fiscal y económica. El Consejo defraudó las expectativas de la Comisión y el BCE que querían un mecanismo de sanciones automáticas para los países que incumplieran el Pacto de Estabilidad. Lo que la Comisión y el BCE pretendían era
establecer un mecanismo de sanciones Estado por Estado, endureciendo los procedimientos y propuestas para los desequilibrios que se consideran “excesivos”. El año pasado se habló incluso de que los 27 debían establecer sanciones para los países que mostrasen una deriva presupuestaria “poco saludable” aunque no hubieran superado los límites de déficit y deuda (establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente). Lo que entonces no dijeron todavía es que figurara en las respectivas Constituciones de cada país las normas draconianas que entronizan una arbitraria relación de la DEUDA con el PIB, o la utilización del déficit presupuestario (que no es más que un instrumento más de política económica) a totem intocable del comportamiento económico, en lugar de atender a la población, y satisfacer sus nececidades y sus derechos (como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, etc.) como objetivos fundamentales de las políticas económicas.
