Transcribimos a continuación la resolución del Consejo Político Federal de Izquierda Unida sobre la interrupción voluntaria del embarazo del 25 de mayo de 2013
El derecho de las mujeres a decidir, es lucha histórica del Movimiento Feminista.
En 1985, en nuestro país se produjo una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones.
El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.
Las mujeres como sujetos indiscutibles de plenos de derechos, no pueden estar al arbitrio de de las olas involucionistas de los gobiernos de turno; no podemos permitir que el actual Gobierno del PP, pretenda situar nuevamente a las mujeres en el roll de madres, esposas y cuidadoras; que pretenda socavar su independencia y autonomía.
Defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones.
DEFENDEMOS Y EXIGIMOS:
Que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y NO se modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozca, como siguen reivindicando el Movimiento Feminista y gran parte de las Organizaciones de Mujeres, al menos materias tan imprescindibles como:
- La despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización en el Código Penal.
- Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas.
- La práctica de la IVE en las 24 primeras semanas debe tener plena cobertura por la sanidad pública.
- Asimismo esta cobertura debe estar garantizada en cualquier momento del embarazo si supone un peligro para la salud de la mujer.
- Asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular, total prestación sanitaria también para acceder a la IVE.
- Un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios.
