Por un nuevo modelo de desarrollo

Reforzar y Promover los Servicios Públicos

Para IU la educación, el cuidado de la infancia y la adolescencia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de desagüe, el suministro energético, el transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.

No queremos más privatizaciones de servicios públicos y de bienes comunes sino una recuperación, “remunicipalización”, y reconversión en propiedad pública. Defendemos la existencia de fuertes empresas públicas y más inversión en educación, salud, transporte público, deporte y cultura.
Defendemos unos servicios gestionados desde lo público, transparentes, de calidad y participados por los ciudadanos

El futuro de los servicios públicos en el ámbito de la Unión Europea está indisolublemente unido a la orientación que se dé al proyecto de integración europea en los próximos años.

1. El papel central de los servicios publicos en el modelo europeo de estado social

   Es difícil cuestionar el papel esencial de los servicios públicos como factor de corrección de desigualdades y garantía de derechos sociales, económicos y culturales establecidos en las Constituciones de los Estados europeos. La propia Comisión así lo ha reconocido: “el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de interés general, es uno de los valores comunes que comparten todas las sociedades europeas” (Informe sobre los Servicios Públicos 17- 10-2001).

   Pero el proceso actual de integración europea da prioridad a la unión económica y monetaria sobre la unión política y la cohesión social, lo que ha provocado una grave crisis en el propio concepto de servicio público, al plantear a los de carácter económico (transportes, energía, comunicaciones,
   agua…) la plena aplicación de la competencia.

   La mercantilización de los servicios públicos, además de los problemas relativos a la calidad, igualdad de acceso, universalidad, transparencia, etc., entra en contradicción con la propia idea de servicio público, que remite a la voluntad de los ciudadanos de controlar la gestión de los intereses colectivos y de satisfacer las necesidades fundamentales ya que el mercado y el corto plazo no son suficientes para la prestación de un tipo de actividades cuya rentabilidad económica y social únicamente está asegurada a largo plazo.

   La posibilidad de que los Servicios de Interés General continúen jugando su importante misión, exige su regulación fuera de la competencia, y la adopción por parte de la UE de políticas públicas que garanticen los fines de los servicios que desarrollen, lo cual obliga a reformar el propio Tratado de la Unión.

2. Situación actual de los servicios públicos en unión europea

   La Comisión Europea ha adoptado iniciativas desreguladoras en ámbitos como las telecomunicaciones, correos, transportes y energía. No hay restricciones en cuanto al tipo de propiedad (puede ser privada o pública) pero sí en la limitación de ayudas y en la apertura a la competencia. Esta limitación supone dificultades objetivas para llevar a cabo políticas de equidad social o territorial, al no poder asegurar los principios de igualdad de acceso, universalidad y calidad propios de los servicios de interés general.

   La propuesta de una Carta Europea de Servicios Públicos no ha funcionado. La incompatibilidad manifiesta entre el principio de libre competencia y la noción de servicio público, no ha dado otro fruto que la aparición de versiones limitadas que hablan de “acceso universal a los servicios
   esenciales de interés para los ciudadanos”, de “servicio universal”, o de “servicio básico”. La idea clave es la de establecer una especie de “salario mínimo” de los servicios públicos, con una connotación de beneficencia, en vez de definir un concepto identificado con el interés general.

   Un análisis de los procesos de desregulación y de las experiencias privatizadoras desarrolladas en los países de la Unión Europea, ponen de manifiesto:

   • La dificultad de armonizar el interés general con la competencia.
   • La desregulación genera un efecto redistributivo negativo. Se vulneran los principios básicos de los servicios públicos: igualdad de acceso, universalidad, continuidad, transparencia, calidad, eficacia económica y social, participación y control público.
   • Falta transparencia en las licitaciones, que derivan en ocasiones en corrupción.
   • No hay grandes estímulos competitivos en los sectores con un importante grado de monopolio. Al contrario, producen prácticas restrictivas de la competencia mediante la constitución de asociaciones o cárteles.
   • Las liberalizaciones han supuesto desplazar la capacidad de decisión hacia grandes grupos transnacionales, de cuyos comportamientos monopolísticos están tenido buena prueba los sectores sociales afectados: subida de precios, deterioro de la calidad de los servicios, dedicación preferente a las áreas rentables en detrimento de sectores desprotegidos, inefectividad en la reclamación, pérdidas de empleo, etc.
   • No se ha demostrado más eficiencia y calidad en los servicios privatizados.
   • Se hace más difícil imponer control sobre la entidad prestadora del servicio por parte del regulador.

   Cada vez más capas de la sociedad europea ven con preocupación los efectos de la desregulación y sus consecuencias. Hay que subrayar las importantes movilizaciones en distintos países de las personas trabajadoras del gas, la electricidad, de correos y de los ferrocarriles, en defensa de los servicios públicos o la propuesta de Carta de Servicios de Interés General aprobada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

   En los últimos años la UE ha incrementado su agresividad en la defensa de los intereses empresariales y avanzando en sus políticas de desregulación y privatización. Estas posiciones se han plasmado en el Tratado Constitucional Europeo y la Directiva para el Comercio de Servicios en el Mercado Interior, así como en las negociaciones de la UE en el Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS).

   El Tratado Constitucional

   El concepto que rige el tratamiento de los servicios públicos en el Tratado es que las empresas que los ofrecen quedan supeditadas a las disposiciones sobre las “reglas de la competencia” que se aplican a cualquier otro tipo de empresas (artículo III-166), por lo que el proveedor público
   se encuentra al mismo nivel que cualquier proveedor privado. La universalidad de acceso, el nivel de prestaciones, las normas de calidad e incluso la función de redistribución social y la vertebración territorial de los servicios públicos, dependerían así de las orientaciones económicas
   generales de la UE.

   La Directiva Bolkestein

   En 2004 la Comisión lanza la propuesta de Directiva sobre los “Servicios en el Mercado Interior”, denominada “Bolkestein”. Su objetivo era eliminar todos los obstáculos jurídicos que impedían el libre comercio de servicios en la UE, incluyendo no sólo las actividades que se desarrollaban
   en el libre mercado (servicios bancarios y financieros, turismo, comunicaciones), sino también los servicios públicos necesarios para el bienestar (sanidad, servicios sociales y asistenciales, educación, correo, energía, medio ambiente,…) que mayoritariamente están garantizados en
   los países de la Unión por las autoridades públicas.

   El problema es que esta Directiva consideraba “obstáculos para la libre circulación de los servicios” no sólo las trabas burocráticas, sino también las legislaciones ambientales, de protección de las personas como trabajadoras y de su protección como consumidoras, los poderes de regulación
   de las autoridades públicas y sus políticas de discriminación positiva hacia categorías sociales o territoriales más débiles, así como los convenios colectivos.

   La Directiva Bolkestein fue aprobada en el Parlamento Europeo el 15 de noviembre de 2006, tras un acuerdo del Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, con el voto en contra de los diputados de la Izquierda Unitaria Europea. Se eliminaron algunas de sus aristas más escandalosas, como el “principio del país de origen”, sustituido por el de “libertad de circulación y provisión de servicios sin necesidad de establecimiento”. También se suprimió cualquier referencia al derecho laboral, a la seguridad social y a los servicios de salud. Además se ha restringido el ámbito aplicación a en muchos otros servicios públicos.

   Valoramos estos resultados fruto de las movilizaciones, pero la Directiva Bolkestein continúa siendo un peligro para la privatización de los servicios públicos. En concreto:

   • No recoge la armonización al alza de los derechos y de las prestaciones sociales de los estados, lo que significa que los países que tengan aceptables sistemas de protección lo verán mermado en aras de la liberalización y privatización de los servicios, y los estados con bajas tasas de protección nunca alcanzarán al resto.
   • Afecta a todos los servicios que constituyan “actividades económicas” quedando excluidos: la sanidad, los Servicios de Interés General definidos por cada Estado, los audiovisuales, los relativos al “bienestar social”, las ambulancias, los transportes locales, así como la legislación laboral y de seguridad laboral, donde prevalecerá la legislación de acogida, excepto en el caso de las personas trabajadoras autónomas.
   • Al poder aplicarse la legislación de origen a las personas trabajadoras independientes o autónomas, se abre la puerta para que se contraten falsas personas autónomas con bajos salarios y bajas protecciones.
   • Obliga a la UE a abrir al libre mercado la concesión de autorizaciones para servicios públicos cuando haya escasez de recursos o retraso tecnológico, lo que puede obligar a la privatización de servicios en regiones menos desarrolladas.
   • Merma el poder regulador de las autoridades públicas en el sector de los servicios. Se da a la Comisión Europea un derecho desmesurado de fiscalizar las legislaciones estatales en materia de servicios.
   • Se otorga al Tribunal de Justicia Europeo un papel relevante a la hora de interpretar esta ambigua Directiva.

   El Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS)

   El objetivo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es la promoción y expansión del libre comercio. Su interés en los servicios se basa en la necesidad de generar más beneficios y no en la provisión de esos servicios. Por ello ve en los monopolios públicos europeos barreras a la
   expansión del comercio de servicios.

   El AGCS lleva implícito la privatización de los servicios públicos en su Artículo XV sobre la limitación a las subvenciones, ya que considera que las subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio. Todo estado que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro estado podrá pedir consultas y en su caso ejercer sanciones económicas contra ese otro país. El sector público no podrá situarse en competencia con un servicio ofrecido por una empresa. Si lo estuviera, el sector público estaría obligado a ofrecer la misma subvención a la empresa, para dar «un trato no menos favorable» a la competencia.

   El AGCS va más lejos que otros acuerdos comerciales, impidiendo a los gobiernos seguir sus propias estrategias de desarrollo. Con este acuerdo los gobiernos, no sólo están privatizando y renunciando a su propio derecho a regular los servicios públicos, sino que también están
   renunciando al derecho de futuras generaciones a implementar otras políticas.

3. Propuestas para reforzar y promover los servicios públicos

   • Frente a la crisis, es preciso recuperar la idea de servicio público en la construcción europea, desde la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales, y la primacía del interés general y de la cohesión social.
     
     
     Debemos reformar los Tratados para primar el interés general y la cohesión, reconsiderando los poderes de la Comisión y redefiniendo el concepto de competencia en relación con los servicios públicos. El concepto de ciudadanía europea debe también desarrollarse para generar un auténtico derecho subjetivo a los servicios esenciales.
   • El funcionamiento de los servicios públicos y de los bienes comunes exige formas de propiedad pública socializada. Proponemos una nueva forma gestión pública que permita a los ciudadanos participar en los modelos, la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Apostamos por democratizar los servicios públicos para ejercer un control democrático en su gestión.
   • Desde IU entendemos que para los sectores estratégicos en el desarrollo de las economías europeas, tales como la industria naval, aeroespacial, los transportes, el agua y los servicios postales deberían crearse consorcios públicos europeos.
     
     Frente al criterio de competencia en estos sectores, la Izquierda Europea apuesta por el criterio de cooperación entre Estados, desde la gestión pública, para garantizar nos sólo la calidad y las inversiones necesarias, sino para garantizar precios justos y generar sinergias económicas entre los pueblos, especialmente en el sector energético.
   • Respecto a los servicios públicos, la normativa comunitaria deberían incidir en los siguientes principios básicos:
     • Exclusión del ámbito de la competencia a los Servicios de Interés General.
     • Los ciudadanos son los que tienen que definir los Servicios de Interés General, pero nuestra propuesta es que al menos, la educación, el cuidado de la infancia, la salud, las pensiones, la protección contra el desempleo, los servicios sociales, el suministro energético, los transportes públicos, el abastecimiento de agua y el saneamiento, los servicios medio ambientales, el servicio de correos, el deporte y la cultura no deben catalogarse como mercancías sino como Servicios de Interés General que deben prestarse por entidades públicas socializadas.
     • Sujetar las actividades de las empresas prestadoras de servicios a las políticas de interés general.
     • Reconocer los principios del servicio público: universalidad, continuidad, transparencia, calidad, eficacia económica y social, participación y control público.
     • Reconocer las peculiaridades de cada estado en la prestación de los servicios.
     • Cuando la provisión de los servicios públicos no se haga de forma directa por parte de las administraciones públicas se deberá tener una regulación más estricta de la contratación pública, introduciendo cláusulas sociales y ambientales que garanticen las condiciones laborales mínimas en las empresas concesionarias.
     • Limitar la colaboración público-privada en la creación de servicios públicos basada en financiación alternativa a los ingresos vía impuestos o vía deuda pública.
   • Proponemos una coordinación a escala europea de políticas comunes de interés general. Esto implicaría definir un margen para la intervención pública de la UE frente a las multinacionales.
   • Derogación de la Directiva Bolkestein y apoyo a la petición de una Directiva Marco sobre los Servicios de Interés General que permita limitar el impacto de las leyes de la competencia y garantizar la capacidad delos poderes públicos para gestionar y financiar estos servicios.
   • En tanto no se derogue, exigimos a los Gobiernos que en el proceso de transposición determinen con precisión y con la mayor amplitud los Servicios de Interés General a los que no afectará la Directiva.
   • Proponemos la democratización de la gestión pública, con sistemas de participación y control de los servicios públicos por parte de los agentes sociales. Apoyamos las nuevas fórmulas de gestión social de los servicios públicos, a través de cooperativas u otras entidades ciudadanas sin ánimo de lucro.
   • Rechazamos la política comercial de la UE en las negociaciones en la OMC y en el AGCS. Apoyamos la iniciativa “Corporaciones locales fuera del AGCS”, integrada por centenares de corporaciones locales en Europa.

Por un medio rural vivo y sostenible

Estamos por una profunda revisión de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE. Entendemos que ésta debe estar dirigida hacia el derecho de todos los pueblos del mundo a decidir sobre su política agrícola por sí mismos, en el entendimiento de un completo respeto al medio
ambiente.

Nos oponemos a todo cambio en la PAC que amenace políticas públicas agrícolas. La agricultura ha de estar fuera de las negociaciones de la OMC porque nos oponemos a que la agricultura se convierta cada vez más en un campo de juego para los actores neoliberales y a las medidas liberalizadoras a escala mundial.

La política agraria desarrollada hasta el momento ha considerado la eliminación de empleo en el sector agrario como algo positivo que favorecía la competitividad de la agricultura, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas que este declive tenía en muchas zonas rurales. Esta evolución ha comprometido el desarrollo de los territorios rurales, cortando el vínculo entre agricultura e industria agroalimentaria y provocando la deslocalización de esta última.

El impacto de la PAC en España no ha sido positivo y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas para el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos.

Resultado de estas políticas es la clamorosa injusticia que supone el diferencial de precios entre lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor, que hoy se sitúa entre el 400 y el 500%.

La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC en el que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma.

El modelo de agricultura de Izquierda Unida no es el que se configura con la actual PAC, el modelo de IU supone un territorio rural ocupado de manera armónica por miles de personas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Un sector productivo conformado por hombres y mujeres que de forma directa y personal viven de su trabajo en el campo, con unas condiciones justas
para mantener un medio rural vivo. Los apoyos públicos siempre que sean necesarios, y los derechos de producción en su caso, deben dirigirse a favor de este modelo social de agricultura.

La alimentación debe ser considerada un elemento estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación.

Los pagos desacoplados no pueden legitimarse ni económica, ni socialmente. Son un instrumento pensado exclusivamente para favorecer la reconversión y abandono del sector agrario.

La UE debe cambiar su política neoliberalizadora radical y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas.

La PAC está impulsando un modelo de agricultura industrial especulativo, concentrando la producción en aquellos territorios que permiten obtener grandes volúmenes de producción a bajo coste. Normalmente estas producciones se hacen en régimen de monocultivo, lo que es ambientalmente insostenible.

El sistema de producción industrial especulativo y deslocalizado está adaptado a la liberalización del comercio agrario a nivel mundial, acelerando así la degradación de los ecosistemas dónde se asienta y limitando las posibilidades de abastecimiento de alimentos en los países empobrecidos.

El sector agrícola y ganadero se considera un sector difuso en cuanto a la emisión de gases con efecto invernadero. Determinadas prácticas como la agricultura con uso intensivo de energía, agua, fertilizantes y agroquímicos han provocado el incremento de los niveles de emisiones de estos
gases. También las emisiones de gas metano procedente de la actividad ganadera industrial contribuyen al cambio climático, no sólo de forma directa sino también a través de los cambios en los usos del suelo debidos a la creciente demanda de materias primas alimentarias por parte del sector ganadero como consecuencia del creciente consumo de carne en todo el mundo. Por el contrario un manejo sostenible de las tierras y otros ecosistemas agrícolas puede ofrecer un gran potencial para reducir el efecto invernadero.

Se puede adaptar la agricultura para que sea no solamente un emisor de gases con efecto invernadero mucho menor, sino también para que se convierta en un sumidero de carbono que nos ayude a revertir la contribución al cambio climático.
Al mismo tiempo, esto también reduciría el resto de desastres ambientales debidos a los fertilizantes, como la eutrofización de las aguas o la explosión de poblaciones de determinadas algas en lagos y mares de todo el planeta.

La agricultura sostenible a escala local, en el marco del modelo social de agricultura, con un uso eficiente de los recursos de producción, contribuye eficazmente a la lucha contra el cambio climático. Es necesario reformar esta PAC de forma coherente con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se ha marcado la propia Europa. El modelo de consumo alimentario deslocalizado está transportando los alimentos de una punta a otra del globo terráqueo, a costa de un gran coste energético, mientras se abandonan los mercados locales y se condena a la pobreza a innumerables personas agricultoras y campesinas.

En este camino hay que huir de soluciones engañosas como la utilización de cultivos modificados genéticamente ya que no resolverán ninguna crisis medioambiental sino que, por si mismos, suponen un riesgo para el medio ambiente, para la seguridad y la salud, además de incrementar la dependencia de las agroindustrias.

Hasta ahora, la producción de agrocombustibles se ha limitado principalmente a la explotación de un recurso de materia prima barata, para procurar un valor añadido extraordinario a las grandes empresas que controlan el mercado internacional de materias primas alimentarias y a las distribuidoras del petróleo que acaban haciéndose con el control de la transformación y distribución, como ya lo tienen de las fuentes de energía fósiles, reproduciendo el mismo sistema de oligopolio especulativo a costa de productores y consumidores.

Izquierda Unida se opone a la actual política de la Unión Europea en relación a la producción de agrocombustibles consistente en un modelo industrial intensivo, con abastecimiento desde terceros países, dónde provoca graves situaciones de destrucción ambiental y desequilibrios en la producción de alimentos, siendo uno de los detonantes de la crisis alimentaria actual. La superficie agrícola europea debe destinarse prioritariamente a la producción de alimentos. Los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles sólo podrán establecerse en las superficies destinadas a la retirada de tierras.

Dentro de la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático hay que situar el fomento de la agricultura ecológica que al mismo tiempo es un sector generador importante de empleo y de ocupación armónica del territorio agrario. Se hace necesario un Plan Estratégico Europeo de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas. Con ayudas específicas para este sector, tanto en lo referente a la producción, como a la comercialización, investigación y concienciación.

Para que ello sea posible, Izquierda Unida apuesta por un cambio en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible.

Por todo ello:

• Apoyamos la exigencia de soberanía alimentaria.
• El acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos se debe regular para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en Europa y en otros continentes.
• Demandamos una política de desarrollo rural integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural,
  especialmente para jóvenes y mujeres.
• Defendemos que los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Tenemos que empezar por reorientar la distribución del presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores y las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.
• Rechazamos la homogeneización del pago único por explotación, ligada al desacoplamiento de las ayudas directas y en cualquier caso, debería ser de aplicación voluntaria para los Estados Miembros.
• Todas las ayudas deben estar vinculadas, específicamente a la actividad desarrollada en las explotaciones agrarias lo que supone una ayuda por activo agrario. Eliminando las ayudas directas de la PAC a los titulares que abandonen el sector.
• El recorte modulado de las ayudas, no puede afectar a los titulares que viven de la actividad agraria y, en todo caso, debe plantearse un recorte drástico a partir de 100.000 €.
• Rechazamos los aumentos indiscriminados de las cuotas lácteas que benefician a los países del Centro de Europa, así como la supresión de la regulación de la producción tanto en el sector lácteo como en el sector vitivinícola, sectores ganaderos, etc.
• Proponemos desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de la agricultura, sobre el modelo de la explotación familiar agraria sostenible. Debemos mejorar la calidad de vida en el medio rural creando empleo, con estrategias de diversificación e innovación, atención a las situaciones de dependencia, formación e implantación de nuevas tecnologías y desarrollo sostenible. La agroganadería ecológica debe ser objetivo estratégico de las políticas agrarias como alternativa a la actual PAC y como defensa de la soberanía alimentaria. Este impulso a la agricultura y a la ganadería ecológicas que debe ir acompañado del fomento de nuevos hábitos, de consumo alimentario, más saludables y ecológicamente sostenibles.
• La Agricultura del siglo XXI tiene que cubrir un aspecto multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los granjeros a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

Soberanía Alimentaria

El actual modelo agrícola capitalista ha fracasado estrepitosamente por ser un modelo que está concentrando la propiedad de la tierra, el agua y la semilla en manos de terratenientes y multinacionales, por expulsar de la tierra a miles de campesinos, por mandar a la emigración, al
paro y al hambre a las poblaciones que habitan en el mundo rural.

Hace falta un nuevo modelo agrícola sostenible, ético, respetuoso con las personas y con el medio ambiente y que no contribuya al cambio climático: La soberanía alimentaría. Consiste en el derecho que tienen los pueblos y las naciones ha decidir su propia política agraria y agroindustrial y a que la tierra sea considerada como un derecho y no como un negocio de un puñado de multinacionales.

Esta nueva concepción de la tierra, el agua y la semilla como derecho y no como una mercancía para especular es un cambio revolucionario que hoy reivindica millones de campesinos, jornaleros e indígenas en todo el planeta a través de la organización internacional Vía Campesina y que incluso a llegado a debatirse en el seno de la FAO.

La aceptación de este concepto significa que la agricultura debe salir de la OMC y que requiere un cambio radical de la actual PAC. La soberanía alimentaría lleva consigo una nueva opción: la reforma agraria en la que la tierra, el agua y la semilla y su comercialización sea de la Comunidad que habita y trabaja esos recursos.

También es necesario la creación de canales cooperativos y solidarios de comercialización de productos agroalimentarios fuera del marco de las grandes transnacionales que puedan dar lugar a un comercio justo y a un contacto directo entre el consumidor y el productor.

Soberanía alimentaría significa también el derecho de los pueblos y naciones de los productos abaratados artificialmente y que producen dumping enviando a la ruina a miles de pequeñas explotaciones familiares de Europa y el planeta.

Soberanía alimentaría significa el derecho de los campesinos a decidir su propia siembra y el de los consumidores a decidir quién y cómo se producen sus propios alimentos.

Es necesaria la creación de bancos de semillas que sean investigados por instituciones públicas sin ánimo de lucro para mejorar las especies pero siempre en función del ser humano, la naturaleza y los bienestares colectivos.

Esta nueva concepción de la agricultura como cubridora de la primera necesidad humana que es la de alimentarse ese opone radicalmente a que haga nadie haga negocio con esta necesidad humana elemental y por tanto, se opone a la patente de semillas y a los transgénicos.

Desde IU tenemos que defender un Estado español libre de transgénicos ya que el control de estas semillas en manos de un par de multinacionales es el colmo de la privatización de l naturaleza y de la vida, además de la contaminación que provoca de hecho en otras semillas y los efectos no controlados sobre la salud.

Soberanía alimentaría significa también la puesta por la agricultura ecológica para vender salud y alimentos en lugar de veneno.

Canarias, Región Ultraperiférica

Canarias es una de las Regiones Ultraperifericas (RUP) reconocidas en el Tratado de Amsterdam, que por su lejanía geográfica y fragmentación del territorio tienen dificultades para realizar economías de escala. Por ello, la UE y el Estado han desarrollados instrumentos económicos específicos para Canarias, entre los que destaca el Régimen Económico de Fiscal de Canarias (REF).

El REF desarrolla dos medidas: la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) que da lugar a una auténtica exención de impuestos y la ZEC (Zona Especial Canarias) que la configura como una zona con un nivel impositivo muy bajo.

Este instrumento fiscal, el RIC, ha generado tensiones serias, ya que ha desviado sus objetivos de inversión hacia el suelo, encareciendo su precio y el de la vivienda. También se intenta usar para invertir fuera, cuando la finalidad debe ser la inversión en Canarias. Por ello desde IU proponemos que:

• Las dotaciones de la RIC se materializarse en actividades económicas productivas generadoras de empleo que permita diversificar la economía canaria (centrada en el sector servicio, el turístico y la construcción) en invertir en I+D+i, energías renovables (eólica y solar), agricultura biológica, reutilización y reciclaje y nuevos productos y procedimientos industriales, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible.
• Fomentar el turismo, con una oferta de calidad compatible con el medio ambiente, con sus valores ecológicos y culturales.
• Crear la Agencia Pública Canaria de Gestión de los fondos RIC para la evaluación y seguimiento de las inversiones, constituyendo el umbral de rentabilidad social en términos de creación de empleo estable y de respeto medioambiental un límite cuantificable, para establecer la viabilidad de los proyectos.
• Elaborar planes especiales que garanticen la producción de plátano y tomate canarios.