El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 13 de mayo de 2014; “flexibilizó” las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento contraídas por los Ayuntamientos a partir de los diversos Planes de Pago a Proveedores.
Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 14 de junio para solicitar su adhesión a la propuesta del Ministerio.
El Ministerio ofrece varias opciones, de las cuales el Ayuntamiento de Colmenarejo ha optado por la tercera opción que ofrecía el Ministerio.
Opción 3: Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses.
Que en el caso de Colmenarejo consiste en:
Una reducción de 140 puntos el tipo de interés. El contrato de préstamo vigente con la entidad Caja de España, señala un tipo de interés de Euribor trimestral incrementado en 525 puntos básico y que para el primer trimestre suponía el 5.939 %.
Con la nueva media pasaría 4.539 %, con diferencias que supondría un ahorro en la vida del préstamo de 78.625,24 euros aproximadamente. 9.445.48 euros para la anualidad 2014. Tomando como referencia el tipo de interés del contrato.
Evolución de la Deuda Viva del Ayuntamiento de Colmenarejo. Datos del Ministerio de Hacienda
Las opciones 1 y 2 desechadas por el Ayuntamiento de Colmenarejo eran:
Opción 1: Ampliación del período de amortización a 20 años y del de carencia en 2 más y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.
Opción 2: Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.
A cambio de esta medida el Ayuntamiento debe:
- Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013.
- Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.
- Y de manera adicional, se requerirá a su vez, la remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado o confirmación del existente, que contenga la condicionalidad exigida por el Acuerdo CDGAE, que dependerá en cada caso.
La última condición según el interventor de Colmenarejo no es necesaria porque el actual Plan de Ajuste se está cumpliendo con normalidad y sólo sería necesaria su confirmación.
Por último, todas las entidades locales que se acojan verán controlado el ahorro que se genere y su destino deberá limitarse en 2014 y 2015 a la reducción de la deuda comercial y del período medio de pago a proveedores, garantizando que no se incurra en déficit.
Es decir los 9.445 euros del año 2014, se deberán destinar obligatoriamente a la amortización de deuda comercial.
Evolución de la deuda viva del ayuntamiento de Colmenarejo por habitante. Datos del Ministerio de Hacienda.
Conclusión:
Es una medida de cara a las elecciones municipales del próximo año, para dar “aire” a las finanzas locales, después de tres años de ahogamiento sometido por el propio Ministerio de Hacienda y AAPP.
En el caso de Colmenarejo la medida supone poco 9.445 euros en 2014 y un total de 78.625 euros en el total de la vida del préstamo a 10 años.
Y además el dinero ahorrado durante los años 2014 y 2015 se destinará a amortizar deuda, por tanto sin repercusión a efectos de inversiones o mejoras en servicios prestados a los vecinos.
Por lo cual no resuelve el problema de financiación y liquidez histórica de los Ayuntamientos Españoles, y mientras que siga vigente la nueva Ley de Administración Local aprobada en solitario por el Partido Popular y el PNV, la situación no variará.
