En el pleno celebrado en mayo el PP de Colmenarejo pretendió, por la vía de urgencia, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Colmenarejo a la Mancomunidad de Municipios del Sur para el establecimiento y administración conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. Finalmente la adhesión ha sido aprobada por en la sesión del Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de Octubre con los votos de PP y VICO contra los de IU Colmenarejo, PSOE y AxC.
Desde IU Colmenarejo, nos causa sorpresa y estupor que, en un municipio en el que en pasadas legislaturas diversas asociaciones se mostraron tremendamente beligerantes con los temas medioambientales que nos competían y que no nos competían, a pesar de que, desde la gestión de IU al frente de la Concejalía de Medio Ambiente se aplicasen las mismas políticas que ahora defendemos en solitario, no nos consta que nadie haya alzado la voz para denunciar el mayor atentado medioambiental perpetrado por gobierno municipal alguno desde Colmenarejo.
El Plan Regional de Residuos Urbanos 2006-2016 pretendía “trasladar” la competencia de tratamiento de residuos urbanos de la Comunidad a los municipios. Para ello se sugería la constitución de las Mancomunidades del Norte (552.000 habitantes), Este (611.000 habitantes), y Sur (1.616.000 habitantes); coincidentes con las unidades de gestión existentes en ese momento. Cuando el Plan se aprobó, las competencias municipales en materia de residuos eran “la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación (vertedero) de los residuos urbanos” (Ley 10/1998, de Residuos, estatal, y Ley 5/2003, de Residuos, de la Comunidad de Madrid): es decir, la normativa específica no obligaba a los municipios al tratamiento de residuos.
La zona sur, a la que nos quiere adherir el Partido Popular, incluye 70 municipios de diversas características de los que solamente se han mancomunado 27. ¿Qué tienen que ver nuestros residuos con los de municipios como Móstoles, Fuenlabrada o Valdemoro?
Este plan se fundamenta en el desarrollo de acciones de gestión de residuos no prioritarias (eliminación en vertedero y valorización) sin prestar atención a las acciones prioritarias (prevención, reciclado y compostaje) recomendadas por la Unión Europea en relación a la gestión de los residuos municipales.
Una nueva Ley, la 22/2011, de Residuos, estatal, ha modificado las competencias de los municipios pasando a ser desde ese momento -pero no antes- “la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios”. No se incluyen, a priori, los residuos generados en las industrias (Art. 12), que en la actualidad utilizan los vertederos públicos -sus residuos suponen un 20 % del total depositado, según el Plan-.
En cuanto a los objetivos ambientales, tal como alegaron en su momento Izquierda Unida y muchos municipios, el Plan fue de mínimos: no establecieron objetivos de reducción y en cuanto a los objetivos de residuos de envases ligeros, papel-cartón, vidrio, metales y biodegradables aportados a vertedero, simplemente transcribió lo ya obligatorio por la ley y directivas; Este Plan partió del fracaso del anterior, y, transcurridos siete de sus diez años de vigencia, la situación puede calificarse de deplorable.
En cuanto a las infraestructuras propuestas, si bien el Plan no formula expresamente la elegida, se orienta hacia una serie de ellas (incineración, arco de plasma..) con altas inversiones y costes de explotación, que harían que los costes se multiplicaran por 8 o 10, superando los 100 E / Tonelada.
La incineración por arco de plasma tiene problemas operativos crónicos, consume la mayor parte de la energía que produce el proceso, el tratamiento por tonelada de residuos es muy costoso y no resulta rentable y produce emisiones de partículas y sustancias peligrosas que la Mancomunidad del Este ignora u oculta, pero que están reconocidas en la bibliografía científica.
La Mancomunidad del Este, primera constituida, denomina inadecuadamente “valorización” a la incineración por arco de plasma de residuos urbanos, y probablemente industriales y de hospitales que contienen sustancias peligrosas, a sabiendas de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo lo ha considerado eliminación, es decir la peor solución de las posibles (Conclusiones de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE del Asunto C/458/00).
Las instalaciones de residuos son bienes de dominio público de los que es titular la Comunidad. Es decir, son de todos los madrileños. Han sido, además, sufragados con fondos públicos, incluidos fondos europeos.
La CAM ya ha absorbido la totalidad de los fondos de cohesión europeos destinados a pagar los equipamientos necesarios para el tratamiento de residuos, 72 millones de euros que pertenecen a todos. La CAM se hizo cargo de ellos con la justificación de que se encargaría de la gestión de los residuos de todos los madrileños. Entonces, ¿qué pasa si un municipio no quiere mancomunarse? Porque con esta política, los municipios están prácticamente obligados a hacerlo, lo que atenta contra su autonomía
La inmensa mayoría de estos fondos se han dedicado al tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en detrimento de los Residuos Urbanos, lo que ha llevado a una descompensación por exceso de instalaciones de tratamiento RCD en detrimento de las instalaciones de tratamiento RSU. Es decir, los ciudadanos, una vez más, tienen que asumir costes achacables al modelo de desarrollo especulativo del ladrillo que gobiernos del PP y del PSOE impulsó.
Antes de “nuevo modelo competencial” y de Mancomunidad del Este, costes de 12 €/TN, después, una vez ejecutadas las instalaciones previstas en el contrato: en torno a 100 €/TN.
Seguimos sin saber cuánto nos va a costar asumir el servicio aunque, según algunos cálculos, el coste se multiplicaría por diez (de los 13 € actuales por tonelada a más de 100 €) las tremendas incertidumbres sobre los costes que se asumen (elevaciones previsibles de más del 500%) han hecho que diversos municipios gobernados por PP no secunden las directrices de su partido.
Los costes previstos en el Plan para el “nuevo modelo de gestión” son de 27,42 €/TN en 2009; con las futuras instalaciones: 52,10 €/TN en 2011; 57,70 en 2016, de los que serán aportados por la Comunidad 6,51 y 7,21 €, respectivamente; el resto sufragado por los municipios.
Es decir, según establece el Plan y, sobre todo, como se ha visto por el contrato de la Mancomunidad del Este, de llevarse a cabo lo previsto e impulsado por la Comunidad de Madrid y el PP los gastos de residuos para los ayuntamientos se verán incrementados entre un 100% y un 500%
El año pasado ya se subieron las tasas de basura en los municipios que se habían mancomunado para que los usuarios asumiesen el coste del servicio
La comunidad de Madrid quiere sanear sus cuentas a cambio de descompensar aún más las de los Ayuntamientos, demostrando su falta de respeto a la administración local.
El único objetivo que la Comunidad de Madrid persigue con este Plan de RRUU, es quitarse de encima gastos en un momento en que ya no se va a disponer, como en el pasado, de fondos europeos; dejando, además, una situación muy alejada de una correcta gestión de residuos, por otra parte, desigual entre las zonas Este, Sur y Norte. Es decir, dejación absoluta por parte del gobierno de la Comunidad, de PP, de sus responsabilidades en el pasado y en el futuro.
Bien entendido que el Plan se permite recomendar, no obstante, –someramente argumentado-, agrupaciones de tecnologías, de altos costes de inversión y explotación, lo que llevara a altos gastos que exigirán, a su vez, largos periodos de amortización, altos costes financieros, en definitiva grandes sumas de dinero público (de los ayuntamientos) que pasará a manos privadas durante muchos años.
Gobernar impulsando y desarrollando macroproyectos que implican el deterioro del medio ambiente, e incluso afecciones a la salud de las personas, es algo a lo que nos tienen especialmente acostumbrados los Ayuntamientos gobernados por el PP junto a la Comunidad de Madrid
Absolutamente vergonzosa nos parece la forma en que el equipo de gobierno del Partido Popular de Colmenarejo ha tratado de aprobar la adhesión a la Mancomunidad Sur llevando el asunto al pleno de urgencia y alegando que es “para ahorrar”, en palabras de la alcaldesa Nieves Roses: “Pero vamos a ver, ¿tú quieres ahorrar o no quieres ahorrar?”, esté fue el falaz argumento con más peso que el PP de Colmenarejo pudo aportar, ya que su portavoz, Concha Morales, no tenía ni idea ni de qué era lo que su partido estaba llevando al pleno, lo único que sabía era que tenía instrucciones del PP de la Comunidad de Madrid de que tienen que vencer las reticencias de los ayuntamientos, muchos gobernados por el Partido Popular, para sacar adelante las mancomunidades para dar de comer a los “monstruos del ladrillo” de nuestra comunidad de una nueva burbuja, la burbuja de la especulación con los residuos sin medir los costes medioambientales de una política de residuos nefasta.
