La universidad, en su función de transmisora del conocimiento, herramienta formadora y suscitadora de consensos (Fernández Buey, 2009) debe ser preservada por las instituciones y los gobiernos como herramienta de avance y mejora del bienestar de todos los miembros que componen una sociedad.
Invertir en ciencia e investigación pública mejora las tasas de empleo, aumenta el progreso social y económico, aumenta la democratización de nuestro escenario político y es necesaria para cuidar de nuestro entorno. Invertir en ciencia es además el motor de crecimiento e innovación posible para un cambio de modelo productivo capaz, no ya de sacarnos de esta crisis, sino de evitar la recurrente caída en crisis sucesivas. Es el motor de la igualdad y del futuro.
En junio de 2013 el salón de actos del CSIC reunió a miles de investigadores e investigadoras que habían recogido decenas de miles de firmas por segundo año consecutivo reivindicando dignidad para la Ciencia en España y sus investigadores. Emilio Martínez, ex presidente del CSIC, recordó que los países donde hay menos investigación son los que tienen mayores tasas de desempleo.
El gobierno de Mariano Rajoy, y la gestión de Figar en Madrid nos han demostrado cuál es su plan para la universidad y la ciencia, y cómo hacer uso de ellas para su particular visión de la salida de la crisis. Sirva como dato que el presupuesto en el sector universitario público en Madrid ha bajado 12 puntos mientras el de las universidades lo ha hecho en 20. En esa diferencia de 8 puntos radica, entre otras cosas cómo lo hace el PP y cómo lo haría Izquierda Unida.
La Declaración de Bolonia partía, entre otras aspiraciones, de ser un instrumento que fomentara la calidad de la institución universitaria y su metodología, e implementar una reforma que, necesaria en cuanto a inversión y mejora de objetivos sociales, no llevó en ningún caso estas metas en su hoja de ruta. Mientras, las voces críticas presagiaban en la creación del dueto grado/master una universidad más elitista, con titulaciones de primera y de segunda clase. Y la verdadera movilidad tan promulgada se ha materializado en el éxodo de nuestros investigadores e investigadoras. El debate económico -como el uso efectivo de recursos públicos y privados que afectan a equidad en el acceso a la universidad (García Laso, 2009)- no se ha abordado sino por las empresas y gobiernos vinculados a una participación en la privatización del servicio público mediante un aumento de la aportación de las familias en el coste de la formación universitaria.
