Resolución de apoyo a las movilizaciones del 15 de Septiembre: Salir de la crisis con la mayoría social
Se cumplen ya más de cinco años de crisis sistémica, más allá de la denominación interesada inicial de crisis financiera, bautizada así por parte de sus causantes.
El reparto de los costes de la misma ha sido muy desigual entre la ciudadanía, y hasta ahora se ha hecho recaer casi en exclusiva sobre las rentas del trabajo (clase trabajadora) y las personas más vulnerables. Los Gobiernos tanto a nivel nacional como regional no han tomado decisiones que garantizaran que la factura económica y social de la crisis la pagaran quienes la habían causado. Al contrario, las principales medidas para afrontar la crisis han consistido en subir impuestos indiscriminadamente como el IVA, recortar salarios, decretar reformas laborales regresivas en derechos de los trabajadores, eliminar ayudas, reducir pensiones, privatizar organismos públicos rentables (MINTRA, Canal de Isabel II,…) y reducir los gastos presupuestarios incluso en aquellas partidas más necesarias como son la sanidad, la educación y los servicios sociales que garantizan la cohesión social y un estado democrático y de derecho.
Todo ello ha puesto en peligro muchos derechos sociales y está suponiendo un empeoramiento objetivo de las condiciones económicas y sociales de la clase trabajadora, de la mayoría social de nuestro país. Sin embargo, las personas con más recursos no han visto amenazada su posición de privilegio, que incluso se está viendo reforzada tras el estallido de la crisis. Las únicas medidas adoptadas por el ejecutivo que han afectado a las rentas más altas han quedado en lo meramente estético, como el incremento residual de los tramos más altos del IRPF.
Las políticas de ajuste y recorte han fracasado de forma clara: en todos los países en dónde se han aplicado estas recetas, el aumento del paro y la recesión económica han sido la consecuencia inmediata. Los rescates impuestos a las economías de los países europeos y la amenaza del mismo a nuestro país, está siendo una tapadera para facilitar la ayuda financiera a las grandes entidades bancarias europeas, fundamentalmente alemanas. Su traducción está significando estrictas condiciones fiscales, sociales, económicas y políticas inaceptables para los pueblos y sus derechos ya que están suponiendo un empeoramiento de las clases populares, y en última instancia un retroceso de la democracia: los gobiernos están actuando al dictado de los especuladores, la soberanía popular está en entredicho y la democracia en cuestión.
La situación económica y social en nuestro país empeora por momentos. Las autoridades políticas y financieras de la Unión Europea, con Merkel y Draghi al frente, han colocado una soga al cuello de España; y el Gobierno de Rajoy y de Aguirre lo llevan al límite, hasta hundirnos aún más en la recesión y acabar con el Estado social y el derecho laboral que habíamos construido en los últimos años.
A más abundamiento están haciendo uso de una de las herramientas más poderosas para el control político y el ocultamiento de la realidad: el lenguaje, utilizado históricamente por las clases dominantes para que la sociedad asuma como propios, naturales e irreversibles los valores y creencias impuestos desde el poder político y económico. La derecha sabe muy bien que quién controla el lenguaje, sus significados tramposos y los cauces para que llegue a la ciudadanía se encuentra en una situación de preeminencia. El Sr. Rajoy y la Sra. Aguirre están utilizando el lenguaje como un medio para camuflar e incluso distorsionar la realidad, construyendo un mundo artificial, irreal, falaz, alejado de las reglas de la lógica y orientado exclusivamente a garantizar y potenciar los intereses de las clases dominantes. En los momentos actuales ese lenguaje engañoso utilizado, está dando por supuesto lo que no es, está considerando como inevitable lo que son decisiones políticas interesadas revestidas de opiniones técnicas y científicas.
Los instrumentos lingüísticos y discursivos que se están utilizando por parte de todos los representantes del Partido Popular para convencer a la sociedad de mentiras tales como “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “sólo saldremos de la crisis si todos nos apretamos el cinturón”, “las administraciones públicas han derrochado y las instituciones políticas son prescindibles”, tienen como único objetivo empobrecer a la mayoría de la población y atacar a la línea de flotación de nuestra conquistada democracia. Amén de olvidar interesadamente que son ellos los que han vivido por encima de sus posibilidades, son ellos los que han abusado de su situación política enriqueciéndose y enchufando a sus familiares y amigos en las empresas y organismos públicos que privatizan, que son ellos los que han malversado fondos públicos para intereses personales, partidistas. Pero con su lenguaje quieren convencernos de que todos somos iguales y que todos hemos actuado de la misma manera.
En este escenario la retórica de los gobiernos del Partido Popular sobre su voluntad de priorizar la cohesión social y el Estado de Bienestar, no se ha visto acompañada de las decisiones políticas y económicas que lo permitan, sino más bien todo lo contrario. La sumisión y el seguidismo a las imposiciones de las instituciones financieras no democráticas, está suponiendo una carrera continua de medidas políticas y económicas que perjudican a la mayoría de la población, con la única obsesión de reducir el déficit sin preocuparse los más mínimo por los devastadores efectos sociales de estas decisiones.
En esta situación el pasado 25 de julio se constituyó la Cumbre Social, a partir de la iniciativa de los secretarios generales de CCOO y UGT de impulsar la más amplia convergencia sindical, social, cultural y profesional – a la que ya se han sumado más de 150 organizaciones- contra los recortes del Gobierno de la Nación que están llevando al país a la ruina, y que tiene prevista una marcha a Madrid el próximo 15 de septiembre para reclamar al Gobierno la convocatoria de un referéndum sobre los recortes, teniendo en cuenta que se presentó a las elecciones con un programa y está gobernando con otro.
Por todo ello, la Asamblea de Madrid muestra su apoyo a las movilizaciones sociales y ciudadanas que confluirán en Madrid el próximo día 15 de septiembre para reclamar a sus gobiernos que pongan en marcha las medidas necesarias para:
Abandonar las políticas de recorte, ajuste y austeridad para promover y coordinar políticas económicas que generen crecimiento económico y empleo y bienestar social.
Alcanzar un pacto social en nuestro país y que el Gobierno de la Nación convoque un referéndum sobre sus políticas o se convoquen nuevas elecciones generales.
