El pasado 16 de junio IU Colmenarejo acudió a la presentación del blog Argumentos.org, creado y mantenido por personas de IU. Durante la presentación disfrutamos de las intervenciones de Carlos Gutiérrez, miembro de la Ejecutiva Federal de IU; Joan Josep Nuet, diputado de La Izquierda Plural por EUiA y Paloma López, secretaria confederal de CCOO. El acto fue presentado y moderado por Lali Vaquero, diputada regional de IUCM.
En uno de de los últimos artículos aparecidos en el blog se habla de la situación económica de las corporaciones locales y extractamos las partes que más tienen que ver con Colmenarejo, dado que en el artículo de referencia se habla de la financiación de los ayuntamientos debida a boom de la construcción. Caso que no es exactamente el de Colmenarejo, dónde este fenómeno no se produjo de forma tan brutal como en otros ayuntamientos debido a la mesura en políticas urbanísticas de los sucesivos gobiernos de APIC. Desde luego Colmenarejo también ha sido afectado por la disminución de ingresos provenientes de licencias urbanísticas y tasa relacionadas, pero al no haber dependido tanto como otros ayuntamientos del factor construcción el impacto de la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sido menor.
La financiación local es, en estos momentos de crisis, es un tema de trascendencia fundamental debido, sobre todo, a sus consecuencias sobre el empleo y los servicios que reciben los ciudadanos. A pesar de ello, ha sido históricamente aplazada su consideración como elemento estratégico de la financiación del conjunto de las administraciones públicas.
La Constitución española consagra (titulo VIII capítulo II) la autonomía de las corporaciones locales y garantiza su suficiencia financiera para el desempeño de sus funciones. Pero en 34 años, la Administración local ha sido la gran olvidada dentro de las administraciones del Estado español. Según la distribución del gasto público del año 2010, el Estado y la Seguridad Social asumían el 51%, las comunidades autónomas el 36% y los municipios solo el 13%, muy lejos de la media de la zona euro, que alcanza el 24,8%. Llama la atención que en un Estado tan centralista como el francés, se alcanza un gasto del 22%. Otros, como Suecia o Finlandia, superan el 42%.
A la insuficiencia financiera histórica de los municipios debemos de sumar unos gastos que han crecido a un ritmo importante para dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas, en algunos casos asumiendo competencias o funciones no obligatorias o impropias. Esta asunción de funciones fue impulsada en los años noventa por la presión ciudadana en una coyuntura económica favorable derivada de los ingresos extraordinarios dependientes del sector inmobiliario.
La deuda de las corporaciones locales madrileñas se dividen en deuda bancaria y deuda comercial o con proveedores, la primera les permitió en los últimos años recurrir al crédito de las entidades financieras para poder seguir financiándose y compensar la pérdida de ingresos corrientes y de esta manera garantizar el pago y la gestión de los servicios municipales; y la segunda es la contraída con las empresas proveedoras de servicios, como son la limpieza viaria, recogida de basuras, la jardinería, la limpieza de edificios públicos o la ayuda a domicilio. Esta deuda tiene un volumen menor, pero sus consecuencias son más graves, dado que las empresas prestatarias en muchos casos son pequeñas o medianas, que carecen de los suficientes recursos financieros para soportar durante mucho tiempo la morosidad de las corporaciones locales. Como consecuencia de esta morosidad, miles de empresas han cerrado o han tenido que despedir trabajadores.
Plan de Pago a Proveedores
El Gobierno del Estado, en el mes de febrero, promulgo dos Reales Decreto Ley donde establecía un plan de pago a proveedores, que simplificando mucho lo que hacía era convertir deuda comercial de las corporaciones locales en deuda bancaria, para de esta forma poder atender las obligaciones por deudas vencidas con proveedores y contratistas. Para ello, obligaba ha suscribir préstamos con entidades bancarias, a un tipo de interés cercano al 6%.
Cada municipio que se sumara a la operación de préstamo debería de presentar un Plan de Ajuste, que garantice en un periodo de 10 años su devolución con 2 años de carencia. Posteriormente este Plan de Ajuste debe ser aprobado de manera favorable por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Plan de Ajuste debe de recoger medidas tanto por la parte de los gastos como por la parte de los ingresos, y como consecuencia de la modificación del artículo 135.3 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas las Administraciones Públicas tendrán como prioridad de gasto el pago de la deuda y control de déficit.
Esto lleva a las corporaciones locales a priorizar el pago de la deuda y los intereses sobre cualquier otro gasto, ya sean nóminas de sus trabajadores o servicios prestados a la ciudadanía, por tanto podemos afirmar que nos encontramos ante una intervención de las corporaciones locales por parte del Estado.
En la mayoría de los casos el gran “bocado” se producirá en el gasto de personal a través de rebaja de salarios, eliminar la acción social, gratificaciones, horas extraordinarias, no reposición de efectivos, etc. Además de la eliminación o mayor externalización de servicios públicos, que hasta ahora han venido prestando las corporaciones locales, pese que legalmente no tenían competencias ni financiación para su realización.
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