Construir la Europa Social

La educación es un derecho humano fundamental y un pilar básico de las sociedades, además de un instrumento privilegiado para el desarrollo, la cooperación y la integración de los pueblos y de su ciudadanía a la hora de avanzar en un proyecto común. Por esta razón entendemos que la educación debe ser uno de los principales criterios de convergencia en la construcción de una Europa de los pueblos más igualitaria, más democrática, más solidaria y más integradora de la diversidad.

Defendemos una educación pública europea de calidad: gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, plural y democrática, por ser la única que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas; promueve la participación democrática de los distintos sectores implicados en el proceso educativo; respeta la libertad de conciencia y de creencias; atiende a la diversidad del alumnado y se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.

La escuela debe ser, en todos los Estados, un lugar de encuentro entre las culturas que coexisten en una sociedad cada vez más multicultural, como una premisa necesaria del auténtico desarrollo de una educación para la paz, en igualdad de géneros y respetuosa con la diversidad afectivo sexual.

Para ello, desde IU hacemos las siguientes propuestas:

• Carta de Derechos Europeos sobre Educación, que asegure el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad en todos los países de la UE, y que incluya una declaración expresa contra todo tipo de adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar, así como la prohibición de los símbolos religiosos en los espacios públicos educativos.
• Establecimiento de una cuantía mínima de gasto público en educación (en torno al 6% del PIB) en todos los sistemas educativos europeos, y constitución de un fondo de cohesión educativo que corrija los desequilibrios y desigualdades territoriales.
• Consejo Escolar Europeo, como órgano de participación democrática de la comunidad educativa de la UE, que analice, proponga medidas y coordine el sistema educativo europeo.
• Establecimiento para toda la UE del período obligatorio de escolarización, con una duración de al menos doce años para la enseñanza básica común, y una permanencia en el sistema educativo hasta los 18 años.
• Homologación de la educación infantil que garantice su carácter educativo (no meramente asistencial) y la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años, para atender la demanda existente en los distintos Estados de la UE.
• Asegurar el estudio de dos lenguas europeas en la educación obligatoria, además de la materna.
• Gratuidad del material didáctico, incluidos libros del alumno, para garantizar la gratuidad real de la educación obligatoria.
• Plan de choque europeo contra el fracaso y el abandono escolar prematuro, dirigido prioritariamente a compensar desigualdades de origen social o cultural en los distintos Estados de la Unión.
• Desarrollo de la dimensión europea de la educación mediante la incorporación a los currículos de las enseñanzas básicas de contenidos comunes sobre geografía, historia y cultura de los distintos países de la UE.
• Avanzar hacia un currículo básico europeo en los ámbitos humanístico y científico-técnico que contribuya a desarrollar las capacidades necesarias para la formación integral de la ciudadanía.
• Fomento de los programas de intercambio en Educación Secundaria (tipo Erasmus), tanto en la modalidad de Formación Profesional como de Bachillerato.
• Homologación de la formación inicial para la función docente, de modo que facilite el intercambio y la movilidad, y requiera una titulación equivalente de al menos 4 años de formación universitaria para cualquiera de las etapas educativas.
• Integración y homologación europea de la Formación Profesional, Ocupacional y Permanente cuya articulación esté coordinada por el Consejo Europeo de la FP. Extensión y más recursos para la formación permanente de las y los trabajadores.
• Destino del 0,7% de los presupuestos de educación a proyectos educativos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos.

UNIVERSIDAD

La construcción social europea tiene que basarse en una convergencia real que garantice de forma efectiva los derechos sociales de toda la población. Esta convergencia debe realizarse también en la educación superior, pero no puede limitarse a una mera homologación formal de los niveles de titulación superior y a una unidad de medida de los estudios superiores, sino que requiere una efectiva dotación de recursos que la haga posible.

• Hay que revertir los procesos de privatización y subordinación de la Universidad al mercado amparados en el Proceso de Bolonia y el principio de competitividad propugnado en el mismo, rechazando también la apropiación privativa de la investigación financiada con fondos públicos.
• La educación es un derecho universal, y por tanto exigimos que se garantice la llamada dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de modo que todo estudiante pueda completar todos sus estudios superiores sin obstáculos relacionados con su origen socioeconómico.
• Abogamos, en consecuencia, por la gratuidad de la educación superior en todos sus ciclos, y nos oponemos a la subida de los precios de los estudios universitarios de cualquier nivel. Exigimos un sistema de becas-salario que posibilite la plena dedicación a los estudios sin dependencias familiares.
• La educación superior debe orientarse a potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas, y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Defendemos por tanto la renovación pedagógica necesaria para promover un aprendizaje más activo del estudiantado que permita estimular su capacidad de crítica, investigación e innovación como base para un desarrollo sostenible asentado en la creatividad del trabajo. Para ello, las Universidades europeas han de estar en condiciones de desempeñar su papel esencial en la formación cultural, científica y profesional sin subordinarse a la lógica del mercado y promoviendo una cooperación no competitiva con Universidades de todo el mundo, mediante la financiación pública necesaria.
• Apoyamos los movimientos de estudiantes y trabajadores por dichos objetivos y en defensa de una Universidad pública, democrática y al servicio de las necesidades sociales.
• Los cambios necesarios de las Universidades sólo serán posibles con una amplia participación consciente y activa del estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios; por ello reclamamos un amplio debate sobre su contenido, supeditando al mismo los ritmos de las reformas. Eso implica la paralización de la reforma de los planes de estudio y la suspensión del 2010 como fecha límite para la extinción forzosa de los anteriores planes. Sólo así será posible un debate sereno y en profundidad sobre el futuro de la Universidad.
• Necesitamos pues repensar los auténticos problemas de la Universidad para que otro proceso de convergencia sea posible: una reforma de la educación superior al servicio de las necesidades sociales y no supeditada al mercado.

Por todo ello:

• Defendemos una transformación profunda de la Universidad, entendida como servicio público abierto a toda la ciudadanía, que no busque la “competitividad”, sino la calidad y la cooperación al servicio de un mundo más justo y equitativo.
• Exigimos financiación pública suficiente no sólo para acometer realmente las transformaciones pedagógicas y curriculares necesarias, sino sobre todo para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio que asegure que todo estudiante pueda completar todos los estudios universitarios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Para ello se requiere incrementar los fondos destinados a las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB.
• Rechazamos toda pretensión de mercantilizar la educación superior, ya sea haciendo descansar su financiación en las “aportaciones” de empresas privadas, o mediante la apropiación privada de los recursos públicos, a través de mecanismos como las “spin-off” (transferencia de investigación financiada con fondos públicos a empresas privadas).
• Compartimos la reivindicación de distintos estamentos universitarios que piden la paralización de las reformas de los planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública, con participación de los diversos componentes de la Universidad y agentes sociales, haya esclarecido su sentido general y su contenido preciso.

I+D+i: CONVERGER HACIA UNA EUROPA DE IGUALES

Consideramos que la Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación en el trabajo (la llamada I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y ecológicamente sostenibles. Y las políticas comunitarias de I+D+i deben ser, en todo caso, herramientas para fomentar el desarrollo equilibrado del conjunto de los países europeos y para su cohesión social, entendida como pilar básico de la UE.

El Consejo Europeo de Lisboa (año 2000) estableció, entre sus objetivos prioritarios, aumentar la inversión en conocimiento para hacer de la Unión precisamente una “economía basada en el conocimiento”. El balance es contradictorio: en investigación e innovación se ha dado un impulso al amparo del Programa Marco de Investigación. No se ha avanzado, sin embargo, en el fortalecimiento de la base de conocimiento en que se apoya la Unión: el nivel de gasto en educación sigue siendo demasiado bajo; el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje permanente es imitado; y sigue siendo alto (especialmente en España) el número de jóvenes que abandonan sus estudios sin cualificación alguna, o sólo con cualificaciones elementales.

En consecuencia, las prioridades en este ámbito pasan por aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente.

Para ello IU plantea las siguientes propuestas:

• Apoyo a la creación de redes y centros europeos de gran calidad en investigación y educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente con el reconocimiento de cualificaciones y aptitudes; creando títulos, certificados y diplomas europeos; y estableciendo normas mínimas de calidad en la educación y la formación.
• Prioridad a las tecnologías que mejoren el empleo: relación innovación/volumen- calidad del empleo generado. Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones a los procesos de innovación
• Recuperar los criterios de desarrollo y cooperación frente al de competitividad en la política tecnológica e industrial comunitaria.
• Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas de difusión activa diseñadas para casos específicos (PYMEs, regiones menos favorecidas, sectores tradicionales).
• Democratización de la gestión de los programas de I+D. Crear las condiciones para que aumente la inversión del conjunto de la sociedad en investigación, pero manteniendo siempre niveles elevados de financiación pública de la investigación en campos prioritarios. Limitación del papel de los grandes grupos industriales en la orientación de la política tecnológica, que se basará ante todo en criterios de rentabilidad social.
• Recuperación y fomento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en estudios de fenómenos de marginación y exclusión social, emigración, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral. Evaluación del impacto social de las políticas de reducción del gasto público y de desregulación de las condiciones de trabajo. Evaluación del impacto de las tecnologías generadas sobre el empleo, la calidad de vida y el medio ambiente. Estudios sobre acumulación desmedida de riqueza, u otros análogos que permitan evidenciar la génesis y permanencia de las desigualdades.
• Aplicación del principio de precaución en la evaluación de todos los programas europeos, y especialmente en los de Biotecnología, Medio Ambiente y Energía.
• Inclusión de la cohesión como criterio relevante para la selección de prioridades y evaluación de propuestas de investigación, dando especial importancia a las que pueden resolver problemas de la sociedad en las regiones menos desarrolladas.
• Políticas integradas de participación en proyectos europeos y nacionales. Redistribución del esfuerzo investigador que integre las demandas en I+D de todos los países miembros.
• Fomento de conferencias de consenso y de la participación ciudadana en las decisiones tecnológicas: financiación, uso y aplicación de las tecnologías generadas. Extensión de los programas de evaluación tecnológica y de difusión de prácticas consideradas modélicas por sus beneficios sociales.
• Cooperación científica y tecnológica con los países del Tercer Mundo. Recuperación del criterio de cooperación al desarrollo e inclusión de los países del Sur, especialmente los del Mediterráneo, África y América Latina, dentro de los objetivos y políticas de cooperación científico-tecnológica.
• Garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, o que afecten a necesidades básicas (como medicamentos, etc.)

Para concretar esta apuesta, IU propone elaborar un programa-marco europeo en políticas educativas y de I+D+i, basado en los principios básicos de la izquierda alternativa: una educación pública, democrática y laica de calidad; un sistema científico-técnico que sustente un desarrollo social y ecológicamente sostenible; un modelo que contribuya a la extensión de la cultura científica indispensable para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir.

La aceleración de las reformas liberales en la Unión Europea lanza a la crisis los sistemas sanitarios. La elección es clara en las elecciones europeas: instalar de forma duradera la doctrina liberal, responsable de las actuales quiebras y la exacerbación de la crisis sistémica, o romper con esta lógica construyendo la alternativa.

La Comisión Europea considera que el programa de Lisboa aporta respuestas apropiadas a la crisis económica y financiera actual, al modernizar los mercados de trabajo y sistemas de protección social, al reforzar la política de competencia, y desea que se ponga en práctica de forma total y sin demoras la directiva sobre servicios.

Pero esta directiva intenta someter los servicios de salud a las leyes de mercado capitalista con empresas de salud.

La reforma de los sistemas de salud en la Unión Europea va dirigida a la mercantilización, a fomentar la competencia y a la privatización de los servicios. Las altas cifras de gasto sanitario son una tentación para el capitalismo. Las reformas del sistema sanitario tienden a transferir las actividades rentables al sector privado.

El tratado de Lisboa subordina los servicios sanitarios a la lógica de la economía liberal. Un mercado interior de libre competencia. La UE reduce la oferta pública, reduce el número de personas que trabajan el sector y ofrece los sectores rentables a los capitales privados. Es la Europa del capital, la de restringir el derecho a la protección social. Pretende reconocer y respetar el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y servicios sociales sin precisar si se accede a los mismos por un sistema solidario público o por un prestatario asegurador privado.

La Europa liberal abandona la idea de servicio público por la de servicio de interés general que pueden asumir los operadores privados, legalizando la primacía de la rentabilidad financiera sobre la utilidad social.

Una política de salud alternativa en Europa exige en el sector sanitario sustituir la lógica mercantil por la lógica de la persona.

La crisis económica ataca la salud de la población europea

La salud de la población europea empeora al disminuir drásticamente sus recursos y sus ingresos debido al enorme paro, golpeando fuertemente a la juventud, a las mujeres y a la población inmigrante. La exclusión social, el llamado “cuarto mundo”, es ya una triste realidad, teniendo en la salud de la población una de sus facetas más alarmantes. De ahí el que se dé:

• desprotección de colectivos crecientes de la población, con especial incidencia en las personas inmigrantes

empeoramiento en el funcionamiento del sistema sanitario por la reducción de presupuestos y externalización de servicios, con listas de espera, y otras manifestaciones asociadas

eliminación del objetivo de salud y de la planificación sanitaria tanto en la prevención de las enfermedades como en la promoción de la salud

dualización de las prestaciones, entre las mínimas, de beneficencia, para los más pobres, y las facilitadas por mecanismos de seguro privado, para los pudientes.

La Comunidad Europea puede y debe contribuir a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos con medidas en el ámbito de la salud pública. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad debe garantizarse un alto nivel de protección de la salud humana. De acuerdo con el artículo 152 del Tratado, la Comunidad debe desempeñar un papel activo en este ámbito, adoptando medidas que no puedan adoptar los Estados miembros por sí solos, conforme al principio de subsidiariedad.

Desde IU, junto a los Partidos de la Izquierda Europea, en materia sanitaria, a proponemos:

• Garantizar el derecho a la protección de la salud de todos residentes en la comunidad europea a través de sistemas sanitarios públicos basados prioritariamente en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. Sistemas sanitarios públicos suficientes y eficientes. Con gestión, planificación, financiación y provisión pública y los atributos de suficiencia financiera, equidad, sostenibilidad, participación ciudadana y control público institucional.
• Dotación de fondos comunitarios para garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios de todos los residentes comunitarios e implementación de recursos para los sectores sociales más vulnerables.
• Incremento de fondos destinados a la investigación, con diseño, evaluación y gestión pública, evitando que se conviertan en yacimiento de negocio para las empresas farmacéuticas y tecnológicas, logrando el mayor beneficio social posible.
• Garantía de cobertura sanitaria universal, global, gratuita, a cargo de los recursos públicos y como prestación de sistemas públicos sanitarios, y con la participación democrática de la ciudadanía en el funcionamiento de esos servicios sanitarios.
• Coordinar las políticas sanitarias de los países de la UE para que se ofrezca una atención sanitaria de calidad en toda Europa, en las tres dimensiones señaladas, la promotora de la salud, le preventiva de las enfermedades y la curativa.
• Fomentar la participación democrática de la población en el funcionamiento y determinación de los objetivos de los sistemas sanitarios con especial énfasis en el nivel de atención primaria de salud, que es donde se dan las mayores necesidades y donde se pueden poner los remedios
• Garantizar en toda la UE la salud reproductiva de la mujer con cobertura sanitaria pública para la anticoncepción, la prevención de embarazos no deseados y el aborto
• Garantizar la reasignación de sexo
• Dentro del objetivo de la soberanía alimentaría favorecer la agricultura integral, ecológica desterrando los cultivos transgénicos. Exigir en toda la unión europea un completo etiquetado e informe de trazabilidad de los productos alimentarios
• Como parte de la recuperación de un medio ambiente saludable, planificar la progresiva eliminación de todo tipo de contaminantes
• Como componente de la consecución de un modelo económico alternativo, apostar por una sociedad de movilidad alternativa en el que los desplazamientos no contribuyan a la contaminación y en las ciudades se fomente el uso de las bicicletas.
• Favorecer la Educación para la Salud en la Escuela como contribución europea a una ciudadanía informada, responsable y consciente en el terreno de la salud.
• Derecho a la “Muerte Digna” de forma generalizada en el ámbito de la UE, con financiación y cobertura públicas, en un contexto aconfesional y laico. Teniendo la izquierda europea como objetivo el reconocimiento como derecho ciudadano la “Buena Muerte”
• Frenar y revertir la progresiva privatización de los Cuidados Paliativos mediante su externalización teledirigida hacia la confesionalidad de las empresas adjudicatarias, con objetivos económicos y morales en una Unión Europea aconfesional y laica.

BIENESTAR SOCIAL

La construcción de la Europa social requiere impulsar un proceso de equiparación creciente de las condiciones mínimas de calidad de vida de los ciudadanos europeos, ún hoy muy distantes.

El hecho de que un país como el nuestro se encuentre 7 untos por debajo en gasto social, dentro del área de los 15, implica que tal homogeneización va a precisar un ciclo temporal prolongado, que sin embargo debe acortarse al máximo, fijando el periodo de 5 años como tope en este objetivo.

No es defendible que la unidad económica no comporte esa equidad social, si pretendemos, construir la Europa de los ciudadanos, frente a la Europa de los mercaderes.

Esta premisa exigirá en el caso de los llamados países del este un ritmo de aproximación más intenso que la UE no podrá eludir en razón de sus propios principios básicos.

Es indispensable garantizar que los sistemas públicos de servicios sociales sean la referencia fundamental para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferida por una privatización de servicios autodestructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales.

Ello obligará a revisar aquellas directivas que por mor de implantar la libre competencia en todos los sectores de la economía, desvirtúan la responsabilidad pública de la atención social, imprescindible para asegurar la igualdad en el disfrute de los derechos sociales básicos.

En este sentido, cobra singular transcendencia la atención social a las personas dependientes que, al margen de los diversos sistemas de atención vigentes en cada estado miembro, demandan un conjunto común de servicios y prestaciones que la UE deberá consagrar en una Directiva concreta y específica para su general implantación como mínimo común denominador en todas las áreas geográficas.

Se trata de una necesidad acuciante en un continente donde, con pocas excepciones, su evolución demográfica, esperanza de vida y baja mortalidad infantil conllevan un núcleo de afectados muy significativo cuantitativa y cualitativamente.

La potencia operativa de los sistemas de atención a la dependencia constituye un yacimiento de empleo considerable y un grado de fortaleza para los servicios públicos que contribuiría a cambiar el rostro de las administraciones mediante un giro social que las identificará profundamente con su ciudadanía.

En otro aspecto, las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.

Los principios de “no discriminación” y de “accesibilidad universal” han de pasar de las bellas palabras a hechos tangibles en toda la Unión.

En este contexto, las políticas de empleo son el primer hito para abrir las perspectivas sociales de integración y normalización a este colectivo. Más aún, si en tiempo de crisis toda la población laboral sufre circunstancias de riesgo, el impacto en la discapacidad resulta descomunal e insostenible. Por eso, su tratamiento singular y proteccionista es un reto urgente para todos los países.

Además, es fundamental que no se retraiga la acción a favor de la accesibilidad, aunque el gasto público pueda reducirse en actuaciones inversoras, toda obra nueva o plan de reforma abordado debe comportar la aplicación de los criterios de accesibilidad establecidos, amén de las intervenciones ineludibles en los casos de supresión de barreras inaplazables en base a la legislación vigente o a la detección de necesidades graves.

EL SALARIO SOCIAL

Se ha de reconocer que la UE históricamente ha promovido planes de gran alcance en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La inclusión en la Carta de Derechos Fundamentales de la indicación de regular “ayudas Sociales” para subvenir situaciones graves de carencia de recursos económicos que afectaran a la subsistencia de las capas más desfavorecidas de la población, indujo a los distintos gobiernos estatales o regionales a adoptar normas de establecimiento de un derecho subjetivo, en el mejor de los casos, o de ayudas, según previsión presupuestaria, en los más. Si bien, este mapa no era completo, sí palió en los últimos tiempos las necesidades más extremas.

Ahora bien, la virulencia de la actual crisis económica que está poniendo a prueba, al menos en España, la resistencia incluso de los dispositivos de protección al desempleo, vuelve a poner sobre el tapete la imperiosa urgencia de contar con sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura en su tipología y de relevante dotación presupuestaria.

Esto debe conducir a una nueva regulación de un Salario social Básico de características equivalentes para todos los países de la Unión, cifrado en un 60 por ciento de la media salarial existente en cada ámbito y, que también contribuiría a generalizar en un Estado como el español este tipo de coberturas, en nuestro caso por todas las CCAA, para afrontar los signos más punzantes de la crisis, cara a las familias y personas en grave situación de penuria.

Desde IU entendemos que el “Salario Social Básico” es una medida compensatoria de distribución de la renta para posibilitar la subsistencia de las personas paradas en edad de trabajar que por no haber cotizado a la Seguridad Social o haber agotado la prestación de desocupación no reciba ésta y no haya conseguido ninguna ocupación en el mercado de trabajo. El Salario Social Básico es una medida de transición hasta llegar a una sociedad de pleno empleo y el pleno desarrollo de los servicios públicos universales.

La adopción de una directiva sobre el Salario Social Básico supondría un paso para la garantía del derecho subjetivo de subsistencia en toda la UE.