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El desmantelamiento de la Sanidad Pública

CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD PÚBLICA

COLMENAREJO

CENTRO DE SALUD VIERNES 10 DE MAYO DE 9:00h. A 21:00h.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 suponen la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos y la fusión de sus servicios sanitarios. También imponen la privatización de la gestión de 27 centros de atención primaria y la implantación del euro por receta.

Estas medidas son un paso más en un proceso de privatización previamente planificado que se inicia en 1991 con el Informe Martorell: reducción de las prestaciones sanitarias, repago por acudir a consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, cobro del 40% de las recetas a los pensionistas, y potenciar la participación de la empresa privada en el sistema sanitario público. Hubo una intensa movilización social que culminó en una Huelga General que hizo que fuera descartado de forma oficial, pero se convirtió en la hoja de ruta del proceso de privatización.

En 1997 se aprueba, la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, que permite que los centros sanitarios sean gestionados por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da entrada al ánimo de lucro en la sanidad pública.

El primer hospital de financiación pública y gestión privada se inauguró en 1999 en Alcira. En 2003 el hospital de Alcira presenta pérdidas superiores a los 5 millones de euros. El gobierno de la comunidad valenciana fue al rescate de la empresa gestora pagando 43,9 millones de euros en concepto de bienes y 26 millones en concepto de indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban. El contrato de gestión se rescindió, pero la nueva adjudicación, un contrato en el que se sumaban a este hospital 13 Centros de Salud y una mejora de las condiciones económicas, recayó sobre la misma empresa.

Este modelo no solo incrementa los gastos públicos sino que en caso de pérdidas estas son cubiertas por las administraciones públicas. En 2011 siete hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid reclamaron 80 millones de euros por gastos no esperados y un aumento en la asignación anual de 9,8 millones.

Los estudios realizados en Gran Bretaña, donde este modelo lleva más tiempo implantado, demuestran que los costes se multiplican por 6 respecto a los de un hospital de gestión pública. Pero lo más grave es que la gestión privada no solo es más cara, sino que revierte en servicios de peor calidad, como denuncia la propia Organización Mundial de la Salud. Los hospitales de gestión privada presentan mayores porcentajes de mortalidad y de complicaciones post-operatorias aún a pesar de que en ellos se realiza un menor número de intervenciones de riesgo. La gestión privada de los hospitales termina en manos de empresas constructoras, aseguradoras o financieras, en muchos casos vinculadas a tramas de corrupción o ligadas a fondos de capital riesgo.

La justificación para la privatización de la sanidad se basa en la mentira de que la sanidad pública española es insostenible debido a su elevado gasto y que la gestión privada nos permite obtener mejores resultados reduciendo costes. Sin embargo en el Estado español el gasto sanitario (al igual que el gasto en educación y prestaciones sociales) es inferior a la media de la Unión Europea y está por debajo del promedio de la OCDE en gasto per cápita. El problema del déficit público no es el elevado gasto, como nos hacen creer, sino los ingresos insuficientes. España es uno de los países de la Unión Europea donde los ingresos son más bajos, porque las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos y el fraude fiscal anual se eleva a unos 90 mil millones de euros, de los cuales 3/4 partes proviene de estas mismas grandes empresas y grandes fortunas, en manos de las cuales se pretenden dejar los servicios públicos.