El 27 de diciembre de 2008 el Gobierno de Israel inició la ofensiva militar más importante desde la Guerra de los seis días en 1967 contra los palestinos en el territorio de Gaza. Se rompía así un débil alto el fuego alcanzado el 19 de junio de ese mismo año entre Israel y Hamas.
Desde junio de 2007 la totalidad de la población palestina – 1,5 millones-permanece atrapada en Gaza con un bloqueo que hace depender la supervivencia de su población civil al goteo de ayuda internacional.
Con anterioridad a la entrada en vigor del alto el fuego de junio, en la primera mitad de 2008 murieron 420 palestinos a manos de las fuerzas israelíes, entre los que había alrededor de 80 niños y niñas. En ese mismo periodo grupos armados palestinos mataron a 24 israelíes entre los que había 4 niños.
El pasado 4 de noviembre fuerzas israelíes realizaron una incursión terrestre y varios ataques aéreos en Gaza provocando la muerte de 6 activistas palestinos. Esta ruptura unilateral de la tregua por parte de Israel desencadenó una descarga de decenas de cohetes palestinos sobre localidades y pueblos cercanos al sur de Israel sin causar víctimas ni daños.
La operación Plomo Sólido, denominada así por el ejército israelí, se concretaba en una incursión aérea con bombardeos de efectos devastadores para la infraestructura y la población civil palestina. Días más tarde comenzaba la incursión militar terrestre llegando en su decimoctavo día de guerra a causar 910 víctimas mortales y 4.000 heridos graves.
Previa a esta tragedia humanitaria el gobierno de Israel incumplió los Acuerdos de Annapolis -firmados con la Autoridad Nacional Palestina en la perspectiva de la creación de un Estado Palestino-, al permitir nuevos asentamientos, no derribar el muro declarado ilegal por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y crear nuevos controles que hacen en la práctica inviable la creación del Estado Palestino.
Como ya lo hiciera en 2006 con el ataque al Líbano, el gobierno israelí se sitúa al margen del Derecho Internacional al acogerse al inexistente derecho a la represalia, con acciones calificadas en el art. 8.2 del Estatuto de Roma, que dio lugar a la creación de TPI, como crímenes de guerra “al lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas que causará pérdidas de vidas, y lesiones a civiles o daño a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea”. El gobierno de Israel de forma sistemática ataca y vulnera los derechos humanos del pueblo palestino mediante:
– El uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte del ejército
Israelí provocando la muerte de palestinos de manera ilegal y consciente.
– El uso de civiles como escudo humanos.
– Daños y destrucción a infraestructuras civiles (hospitales, universidades, puentes, carreteras, suministro eléctrico, alcantarillados…).
– Demoliciones de casas.
– El cerco y aislamiento a la población de Gaza estrangulando a su población.
– La restricción de movimientos a las agencias humanitarias responsables de llevar a alimentos a Gaza y Cisjordania.
– La confiscación de tierras palestinas por parte de colonias judías y cortes de carreteras extraoficiales.
– Detenciones arbitrarias acompañadas de malos tratos y torturas.
– Ejecuciones extrajudiciales.
Todas estas acciones crean una tragedia humanitaria que merece la condena unánime de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1860, que en su punto 6 exhorta a intensificar los esfuerzos con el “fin de establecer un alto al fuego” y en su punto 8 pide a las partes “esfuerzos para lograr una paz amplia basada en la visión de una región en que dos estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro con fronteras seguras y reconocidas”.
La Cruz Roja Internacional emitió también una declaración pidiendo el fin de las hostilidades y que se garantice el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario para atender a los heridos en el conflicto.
Finalmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra condenó la agresión militar de Israel a Gaza y decidió enviar “una misión para investigar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por la potencia ocupante de Israel contra el pueblo palestino”.
Por todo ello, la Asamblea Local de IU en Colmenarejo:
– Condena la agresión a Gaza y exhorta al cumplimiento del Derecho Internacional que permita retomar los acuerdos de Annapolis en la consecución de una paz duradera y conseguir la creación de un Estado Palestino en paz con el Estado de Israel.
– Demanda a las instituciones de la Unión Europea – Parlamento, Consejo y Comisión- que se congele el actual acuerdo de asociación UE-Israel al vulnerarse su artículo 2 relativo al condicionamiento del mismo al respeto de los derechos humanos.
– Exige a los 27 Estados miembros de la Unión Europea la cancelación de toda la exportación de armamento al Estado de Israel.
– Reitera su firme convicción en el diálogo como la única vía para una solución pacífica y duradera al conflicto en Oriente Próximo.
