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En defensa de la sanidad pública

Así, los 700 trabajadores del Instituto de Salud Pública se enteraron por el Boletín Oficial de la CM del pasado 9 de abril de la desaparición del organismo que durante 30 años se ha encargado, entre otras funciones, de medir los niveles de contaminación ambiental o la potabilidad del agua, que lidió con la crisis de las ‘vacas locas’, la legionela o los brotes de meningitis. En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la Asistencia Primaria y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios : las multinacionales y las ONG religiosas.

Una de estas grandes beneficiarias es Capio, una transnacional de origen sueco (comprada en 2007 por Apax Partners, el mayor fondo de capital riesgo europeo, por 1.800 millones de euros) con intereses en varios países y contrastada experiencia en el sistema de salud británico, gran inspirador de la política de Esperanza Aguirre. Sistema de salud británico que como es bien sabido pasó en pocos años de ser una referencia de calidad en Europa a ser uno de los sistemas de sanidad más denostados del continente.

Capio Sanidad, la filial española de la empresa, facturó en 2006, 249,5 millones de euros, de los que al menos 140 procedieron de las arcas de la Comunidad de Madrid. Entre sus activos (valorados en 659 millones) se incluyen la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Sur de Valdemoro y otros 18 hospitales privados. En sus memorias de actividad, Capio presume del bajo absentismo de su plantilla, menor al 8%, pero omite cualquier mención a las ventas y los beneficios generados en España. En 2007 recibió del Gobierno regional 187,3 millones de euros, 47,3 más que el año anterior. Para IU, esa subida y la improvisación con que actúa el Servicio Madrileño de Salud explica el oscurantismo con que realiza sus movimientos más temerarios y confirma una peligrosísima deriva degradante en relación con la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid.

Además, también otra parte de la tarta sanitaria cae en manos de organizaciones religiosas, bien a través de la derivación de enfermos a sus hospitales o con la introducción de sus asociaciones en los servicios de salud.

Es el caso de la ONG Desarrollo y Asistencia, vinculada al Opus Dei y presidida desde hace 13 años por el general jubilado José María Sáez de Tejada. Esta entidad mantiene seis convenios con organismos públicos madrileños, principalmente con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Para ella gestiona el apoyo a los pacientes en dos hospitales públicos, el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001).

A estas alturas, nadie conoce el coste económico real del proceso de privatización ni que oscuros objetivos persigue. Lo que sí puede medirse es lo que deja por hacer. En 2005, la Comunidad de Madrid prometió la creación de tres nuevas unidades de cuidados paliativos en los hospitales Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso de la aplicación de esta medida, que se materializará a partir del próximo mes de junio, ha hecho que los enfermos terminales hayan sido derivados a seis clínicas privadas, cinco de ellas pertenecientes a entidades religiosas.

La privatización del ambulatorio de Quintana, que afecta de forma especial a los vecinos de Colmenarejo, es el último paso en el plan que sigue la presidenta regional desde que llegó al cargo hace cinco años. Se encontró un sistema sanitario enteramente público, pero hoy más de 1,5 millones de madrileños tienen como hospital de referencia a un centro gestionado enteramente o cogestionado por el capital privado con un resultado pésimo de interminables listas de espera y un sinfín de problemas adicionales.

Ante la gravísima situación creada y el creciente deterioro del Sistema Madrileño de Salud, que afecta especialmente a Colmenarejo, el Grupo Municipal de IU propone al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo la aprobación de la siguiente moción:

{El Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo ante el creciente deterioro del Sistema Madrileño de Salud y ante la privatización del Centro de Especialidades de Quintana, la infradotación de personal administrativo del Centro de Salud de Colmenarejo y el mantenimiento de nuestra localidad en la Zona Básica de Salud de Galapagar pese a las peticiones en contra de los vecinos y vecinas encabezados por el Ayuntamiento de Colmenarejo que reclaman un Centro de Cabecera para nuestra localidad, expresa su preocupación por este proceso de degradación del sistema sanitario público y aboga por el mantenimiento y mejora de un sistema sanitario público de calidad con gestión pública que abarque todos los niveles del mismo y garantice una atención eficiente y eficaz a todos los ciudadanos y ciudadanas en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Española en el que se reconoce el derecho a la protección de la salud y se dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud publica.}